En una decisión sin precedentes, los 13 miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala votó unánimemente a inicios de este mes permitir que el congreso nacional decida si despoja o no al Presidente Otto Pérez Molina de su inmunidad ante procesos para que pueda ser investigado en relación a los dos recientes escándalos masivos que han sacudido a su gobierno del Partido Patriota (PP) –que involucran a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el cual forzó la renuncia de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, y el que involucra al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Con las instituciones locales ya bajo escrutinio como resultado de los escándalos, los cuales fueron descubiertos por la oficina de la fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) apoyada por la ONU, la subsecuente decisión de la Corte Constitucional, de cinco miembros, de admitir una apelación contra la decisión de la CSJ por razones de procedimiento ha hecho reavivar las preocupaciones relacionadas con la falta de independencia de las altas cortes del país.End of preview - This article contains approximately 903 words.
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