Por un momento, parecía como si el Presidente de Perú, Ollanta Humala, estaba por unirse a las filas de los gobernantes latinoamericanos decididos a ignorar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Días antes de que la corte dictamine sobre un caso que se convertirá en un hito, y en el cual el Estado Peruano estaba siendo juzgado por supuestas ejecuciones extrajudiciales, él explícitamente manifestó las condiciones bajo las cuales su gobierno aceptaría la decisión. En todo caso, él no necesitaba correr tal riesgo.End of preview - This article contains approximately 591 words.
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