La única investigación criminal de más alto perfil de México –sobre el secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre 2014– puede haber sido fundamentalmente defectuosa. Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que supervisan el caso, presentó esta semana un informe que echa por tierra algunos de los hallazgos clave de la oficina del procurador general de México (PGR). Las repercusiones políticas podrían ser de gran alcance. En el menor de los casos, ellas son una fuente de serio bochorno para el gobierno federal liderado por el Presidente Enrique Peña Neto.End of preview - This article contains approximately 1434 words.
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