“Un estado de sitio”, así es cómo los grupos de derechos humanos y la oposición política describen la presencia policial en la zona que rodea a la mina ‘El Limón’ en el departamento de León después de que funcionarios del gobierno fueron el 16 de octubre para recuperar el control de lo que es una de las tres principales minas de Nicaragua. El despliegue policial siguió a los choques que tuvieron lugar la semana anterior en la mina (que es propiedad de la compañía canadiense, B2Gold Corp.), por una disputa laboral que dejó un oficial de la policía muerto y a 31 personas heridas, lo que ha forzado el cierre temporal de la mina. Además de reavivar las preocupaciones acerca de la represión policial, los choques se produjeron en momentos en que el gobierno liderado por el Presidente Daniel Ortega se vio forzado a cancelar un proyecto minero también de propiedad de B2Gold Corp, por no cumplir con los estándares ambientales, lo que puede considerarse como el último signo de los desafíos que enfrenta el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en desarrollar el sector.End of preview - This article contains approximately 907 words.
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