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La retirada de Conaie, la mayor confederación indí­gena, de las marchas de protesta que debí­an comenzar el 21 de enero, puede marcar un momento decisivo para la administración Gutiérrez. Aunque aún confronta una coalición hostil de centro izquierda en el congreso, esta decisión de Conaie le da un respiro al reducirse la presión en las calles.

Conaie ha dicho que aún está decidido a buscar la renuncia del Presidente Lucio Gutiérrez, pero que desea 'evitar la confrontación -por ahora. Su brazo polí­tico, Pachakutik (PK), adoptó la misma actitud. Esto se debe a que ambos sienten que el campo anti-Gutiérrez es muy débil y dividido para tener éxito ahora.

Por un lado, las diferencias entre Conaie y otras organizaciones indí­genas (en particular la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indí­genas y Negras, y la Federación de Indí­genas Evangélicos) se han profundizado al punto tal que apenas se hablan. Por el otro, Conaie y PK no lograron atraer a un 'aliado estratégico' que podrí­a jugar el rol asumido por los militares bajo Gutiérrez en el levantamiento que desalojó al Presidente Jamil Mahuad.

El Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez pelea por su supervivencia. Se alinean en contra sus viejos aliados de los movimientos indí­genas más la mayorí­a de los partidos de centro-izquierda y las 'organizaciones sociales'. Su único aparente auxilio es el derechista Partido Social Cristiano (PSC), pero sus lí­deres no están deseosos de comprometerse si existe una chance que las investigaciones en marcha revelan actos que ameriten el juicio polí­tico. Incluso los militares, muy favorecidos por Gutiérrez, se volvieron cautos al expresar su apoyo.

Gutiérrez recibe crí­ticas de varios frentes. Primero, se distanció de sus   aliados indí­genas llegando a un acuerdo con el FMI y aplicando polí­ticas   económicas que contradicen sus promesas de campaña. Fue acusado de mal manejo de la industria petrolera del paí­s, principal motor del crecimiento y fuente de divisas, crucial en una economí­a dolarizada. Se lo acusa de haber tolerado, e incluso encubierto, actos de corrupción, que han mancillado la reputación de los militares, de cuyas filas extrajo muchos funcionarios del gobierno.   Su partido, Sociedad Patriótica (SP) ha sido acusado de quebrantar las reglas electorales al aceptar contribuciones para la campaña de un traficante de drogas, y más recientemente, haber aceptado ayuda de un partido polí­tico extranjero (del Partido del Trabajo, PT, de México). El resultado de las   investigaciones sobre estos dos casos podrí­a determinar el destino de Gutiérrez.

Acercándose al PSC
Nunca, desde la partida de Pachakutik, el partido indí­gena de la coalición gobernante, se habló de un posible entendimiento entre Gutiérrez y el PSC. Se debe recordar que el PSC eligió posicionarse como traficante clave de poder, al rehusarse a presentar un candidato presidencial en las últimas   elecciones, las que llevaron a Gutiérrez al poder -sin una mayorí­a propia en el congreso. La necesidad de Gutiérrez de nuevos aliados se incrementó cuando, como pudo haberse pronosticado, emergió una coalición de   oposición de centro-izquierda en la legislatura. Vale señalar que la misma razón que motivó su alejamiento de Pachakutik, hizo que Gutiérrez sea más   aceptable para el PSC.

Con la organización indí­gena, Conaie, en el sendero de la guerra, y las   crecientes exigencias del congreso y los medios para que renuncien los   ministros, que los corruptos sean encarcelados e incluso que renuncie Gutiérrez, las negociaciones con el PSC comenzaron en serio en semanas recientes. Fue principalmente para satisfacer al PSC que Gutiérrez forzó la renuncia de su ministro de energí­a, Carlos Arboleda, y removió al   funcionario que se ha vuelto el sí­mbolo de la corrupción oficialmente   tolerada, Mauricio Galindo, presidente de la compañí­a de teléfonos Pacifictel (ya objeto de dos órdenes de arresto). Hay que señalar que Galindo es un capitán del ejército. Sin embargo, no fue suficiente para atraer al PSC. Su lí­der, el ex Presidente León Febres Cordero, dejó en claro que no habí­a posibilidad de apoyar a Gutiérrez si se lo halla responsable por los delitos electorales de SP. En cualquiera de las dos cuestiones que están siendo   investigadas, los expertos legales concuerdan en que, si se lo encuentra responsable, Gutiérrez debe dejar su cargo y enfrentar el juicio. Ese también puede ser el destino de su Vice-Presidente, Alfredo Palacio.

La cuestión es quién decide  
Aparte de los resultados de las investigaciones, el desenlace de esa situación depende de los procedimientos que sean aplicables a un Presidente en   funciones. El ex Presidente Rodrigo Borja, lí­der de Izquierda Democrática (ID), argumenta que la decisión sobre la culpabilidad de Gutiérrez depende del tribunal supremo electoral, TSE. Otros están a favor de recurrir a la corte suprema. Hay razones polí­ticas para ello: la alternativa serí­a iniciar el proceso del juicio polí­tico en el congreso, cuyo resultado depende en última instancia de cuántos votos desean condenarlo y cuántos están a favor de absolverlo. Ese es un escenario en el cual el PSC puede ser decisivo -toda vez que pueda argumentar que la cuestión legal contra Gutiérrez no es concluyente. Borja, por supuesto, no desea permitir que el PSC juegue el rol de árbitro -pero no pocos polí­ticos de la oposición no confí­an en el TSE ni en la corte suprema. El PSC y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) han declarado su   preferencia por una solución a través del congreso.

Inquietud en las fuerzas armadas  
Durante el par de meses pasado, hubo muchas crí­ticas públicas con relación al número de oficiales militares en actividad que ocupan posiciones en el gobierno. El alto comando militar se ha vuelto cada vez más sensible a eso, debido en particular a que el ejército queda expuesto a sospechas de estar involucrado en actos de corrupción. Esto persuadió a Gutiérrez de poner en marcha un retorno ordenado de los oficiales a sus unidades.

Al comenzar a tener lugar eso, los rumores comenzaron a circular que algunos miembros de las fuerzas armadas conspiraban, si no para realizar un golpe, al menos para forzar la salida de Gutiérrez del poder. El Presidente logró que el ministro de defensa, Nelson Herrera convoque al alto mando militar para un público despliegue de lealtad. El resultado fue un   comunicado, en el cual los militares, 'en respuesta a los tendenciosos y   arbitrarios rumores' manifiestan su absoluta cohesión interna y apoyo a las instituciones del paí­s y las autoridades legalmente constituidas, y llamaba a fortalecer 'la unidad, en la cual el buen sentido, el interés nacional, la   constitución y el imperio de la ley prevalezcan.' También añadieron una   llamado para un 'diálogo nacional'.

Los expertos del gobierno retrataron esto como un resonante apoyo a Gutiérrez. Pero algunos analistas locales señalan que los jefes militares eligieron el lenguaje con mucho cuidado, de tal manera que su declaración también puede ser leí­da como coincidente, por ejemplo, con el PSC,   interpretando que Gutiérrez no puede reclamar sobre su lealtad si él fuera   hallado culpable de haber quebrantado la constitución o la ley.

Gutiérrez aparentemente se dio cuenta que era necesario algún refuerzo, y dijo a los altos mandos que se darí­a un 'pequeño' aumento salarial para todos los rangos a mediados de año. El salario de los militares va de US$220 mensuales para un soldado raso a US$1.546 para un coronel con 28 años de servicio -lo que no es particularmente bajo para Ecuador.

REPUBLICA DOMINICANA | 'Reforma fiscal' en dos pasos. El saliente Presidente Hipólito Mejí­a ha tratado de evitar aparecer como el autor de lo que se espera sea un duro proyecto de 'reforma fiscal', requerido por el FMI para reasumir el desembolso bajo el suspendido acuerdo standby. A fin de junio, sugirió que él solamente someterí­a al congreso un proyecto preparado por el equipo de la administración entrante de Fernández, no un proyecto de consenso (como habí­a prometido antes). Sin embargo, el 1 de julio, dijo que someterí­a un proyecto propio si el equipo del PLD no enviaba sus propuestas a tiempo para cumplir la fecha tope de entrega del 15 de julio. Al mismo tiempo, buscando atemperar el impacto que podrí­a tener, dijo que mantendrí­a su promesa de campaña de 30% de aumento a empleados del sector público, seguido por un 30% adicional en seis años -esta última porción deja un problema a su sucesor.

JAMAICA | Expansión en la industria. Se espera que la actividad industrial muestre una expansión de 2,8% año en año en el primer trimestre, luego de varios años de declinación, de acuerdo con la Asociación de Manufacturas de Jamaica (JMA). La mezcla de desregulación y desempeño macroeconómico adverso ha reducido a menos de la mitad el empleo en manufacturas, de 136.000 a 66.000, entre 1990 y 2003. Aun antes de publicarse las estadí­sticas sectoriales, el informe anual de JMA ya pintaba un cuadro de recuperación.

EL SALVADOR | Siguen elevándose ganancias del turismo. Las ganancias de El Salvador por el turismo en los primeros cinco meses del año alcanzaron US$173m, o 5,5% más que en igual periodo del año pasado. Esto confirma al turismo como el más alto productor de divisas 'tradicional', delante del café, azúcar y camarones (y superado sólo por los giros de expatriados salvadoreños). Las ganancias del turismo en todo el año 2003 totalizaron US$373m, o 9% más que en 2002. El Salvador aparece atrayendo mayores gastadores de dinero, pues en ese mismo periodo de dos años, el número de visitantes se contrajo en 9,8%. El gasto per cápita este año es levemente más alto que en 2003.

El empresario detrás de los controversiales videos de corrupción en ciudad México, Carlos Ahumada, ha negociado su liberación con un alto funcionario del ministerio del interior -eso es lo que dice su hermano Roberto, recientemente deportado a su nativa Argentina por las autoridades mexicanas. Si esa afirmación es cierta, puede tener grandes repercusiones polí­ticas. Aunque lo más probable es que haga poco probable la liberación de Ahumada.

Roberto Ahumada dice que su hermano ha disfrutado desde hace tiempo la protección de las alturas; su primer protector, afirma él, fue Ignacio Morales Lechuga, fiscal general de México desde 1991 a 1993. Roberto también culpa a Carlos por su deportación luego de 20 años de residencia en México, debido a que entregó evidencias de estado.

Carlos Ahumada, propietario de firmas de construcción, un diario y dos equipos de fútbol, está en prisión aguardando juicio acusado de defraudar al gobierno de ciudad México en US$2,6m. En marzo pasado, presentó videos que mostraban a funcionarios de la ciudad recibiendo sobornos. El alcalde Andrés Manuel López Obrado afirmó que fue obra del gobierno para desacreditarlo como candidato presidencial. Ahumada huyó a Cuba, pero las autoridades cubanas lo enviaron de vuelta, sugiriendo que él habí­a confirmado los alegatos de López Obrador.

Según Roberto Ahumada, su hermano ha negociado con un alto funcionario 'en Bucareli' (la calle del ministerio del interior) para su liberación hacia fines de este año, y la restitución de sus compañí­as. El ministerio del interior está encabezado por Santiago Creel, ahora importante aspirante a la nominación presidencial del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) -y uno de los que López Obrador afirma que habí­an complotado en su contra.

El conflicto de poderes se juega, por ahora, en las cortes. Sin embargo, es posible que pronto tome otra senda, en tanto el campo pro-Bolaños se prepara a tomar las calles y el gobierno introduce razones de 'seguridad nacional' para sus acciones. Como telón de fondo, EU aplica presión al Partido Liberal, intentando dividir al pacto opositor

El nuevo grupo de jefes de servicios públicos designados llevó a las cortes el rechazo del ejecutivo de entregar las riendas de varias instituciones. Se han presentado cargos contra los ocupantes actuales, sobre la base que están usurpando la autoridad de los designados. El 8 de junio, la corte de apelaciones de Managua otorgó una orden judicial a Sisep, la nueva superintendencia de servicios públicos, ordenando el retiro de la guardia policial establecida por el ejecutivo para bloquear la entrega de los servicios.

El gobierno anunció de inmediato que no aceptarí­a la orden, invocando como de más alta autoridad el dictamen de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que calificó de 'jurí­dicamente inaplicable' las reformas constitucionales sobre la que se basan las designaciones de la asamblea. Y dio instrucciones a la policí­a y a los jefes de servicios públicos que se atengan al dictamen de la CCJ.

El ejecutivo también invocó otros argumentos. El primero es que la policí­a está obligada por ley a proteger los edificios públicos. El segundo, que entregar el control de las telecomunicaciones a los Sandinistas presentaba un riesgo de 'seguridad nacional' y puede producir un retorno a las prácticas de los '80, cuando el gobierno espiaba las comunicaciones privadas.

Eso pone a la policí­a en un aprieto, pues debe elegir entre el dictamen de la CCJ y otro contrario de la corte suprema nicaragüense. La policí­a puede también enfrentar cargos de desacato al congreso. Aunque, por ahora, los altos mandos de la policí­a están firmemente del lado del ejecutivo. El 8 de junio, el jefe de policí­a de Managua, el comisario Carlos Bendaña, sacó a las calles a 500 oficiales, en una demostración de fuerza. Dijo, no muy convincentemente, que eso tení­a la intención de 'elevar la sensación de seguridad del público' y que no era un ensayo para la imposición del estado de emergencia.

Las tensiones pueden escalar el 16 de junio, cuando una organización civil pro-gobierno llamada Red por Nicaragua intenta montar una marcha en las calles de Managua en oposición a las reformas constitucionales y al pacto polí­tico entre los ex presidentes Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.

Presión diplomática se ejerce sobre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), socio de los Sandinistas en el pacto anti-Bolaños. El 10 de junio, las autoridades de inmigración de EU detuvieron a la esposa de Alemán, Marí­a Fernanda Flores, por seis horas en el aeropuerto de Miami, aparentemente para verificar su nacionalidad y status migratorio. El mes pasado, fueron revocadas las visas a EU de otros tres lí­deres del PLC, sobre la base de supuesta participación en actos de corrupción -una medida que no requiere pruebas. El mensaje, ya transmitido en persona por diplomáticos de EU, es que en tanto dure la entente del PLC con los Sandinistas, ellos serán rechazados por EU.

Si América Latina y el Caribe desean ser capaces de competir con China y otras dinámicas economí­as asiáticas, deberán revertir el considerable déficit en infraestructura, resultado de reducir a casi la mitad la inversión en esa área en la década pasada. El mensaje lo lanza un estudio difundido por el Banco Mundial, que destaca la extensión con la que ese déficit ha impedido el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y la capacidad de la región para competir internacionalmente.

El estudio*, preparado por las economistas del Banco Mundial, Marianne Fay y Mary Morrison, revela que América Latina y el Caribe (LAC) en la actualidad gasta anualmente menos del 2% del PBI en infraestructura, cayendo de 3,7% en 1980-1985. Dice que se necesitará que la inversión llegue a 4%-6% para que la infraestructura alcance a paí­ses que lo hicieron, como Corea del Sur y China.

El estudio presenta una nueva investigación del Banco Mundial que muestra que mejorando la infraestructura de la región al nivel de Corea puede resultar en un crecimiento anual per cápita de 1,4% a 1,8% del PBI, como también en reducir la desigualdad en 10% a 20%. Un desembolso anual de cerca del 3% del PBI serí­a suficiente para responder al esperado crecimiento en la demanda de firmas e individuos, mantener la infraestructura existente y lograr servicio universal de agua, sanidad y electricidad durante 10 años.

Los pobres, dice el estudio, se benefician de la expansión de la infraestructura: obtienen agua segura, electricidad y servicios que mejoran la salud y la calidad de vida, y porque los ayuda a avanzar económicamente. Mejores caminos, por ejemplo, significan mayor acceso al mercado de comunidades rurales.

El déficit relativo
'El progreso en América Latina y el Caribe, 'dice Fay, 'generalmente ha sido más lento que en otros paí­ses de ingresos medios, notablemente China. LAC ahora quedó atrás en electricidad, caminos y lí­neas fijas de teléfonos, con sólo la telefoní­a celular y acceso a agua segura y sanidad desempeñándose comparativamente bien.'

El déficit en infraestructura resultante reduce productividad y competitividad de las firmas latinoamericanas, frenando el crecimiento económico. Los costos logí­sticos (transporte y depósito) son altos en LAC, debido principalmente a la inadecuada infraestructura de transporte. Esos costos son de cerca de 10% del valor del producto en paí­ses industrializados, pero en LAC van de 15% en Chile, a 34% en Perú.

El estudio señala que el déficit en LAC no se refiere a toda la infraestructura. Por un lado, menos de un tercio de la red caminera está en buenas condiciones y la región quedó detrás de los paí­ses de ingresos medios en capacidad de generación de energí­a. Por el otro, en acceso a agua segura, LAC supera al promedio de ingresos medios, como también China, que se han incrementado de 82% de la población en 1990 a 89% en 2002. La región tiene también más alta penetración en telefoní­a celular que otros paí­ses de ingresos medios.

El estudio dice que la región necesita incrementar la inversión pública y privada en infraestructura. Pese a algunas expectativas, señala, la inversión del sector privado no compensa nunca los recortes públicos de los '90. Además, el nivel de la participación privada se redujo recientemente, con el valor de los proyectos de infraestructura de LAC con participación privada cayendo de un pico de US$71bn en 1998, a US$16bn en 2003. Sumado a eso, muchos paí­ses y sectores han visto poca inversión privada. En valores totales de proyectos, 93% de la inversión privada en infraestructura en LAC, en 1990-2003 fue a sólo seis paí­ses: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. La mayor parte en telecomunicaciones y energí­a.

Esa retracción de la participación privada, dice el estudio, ha sido el resultado de medidas y controles de gobiernos inmaduros: volver a atraer al sector privado requerirá más fuertes marcos, legal, regulador e institucional, contratos más transparentes, y estructuras de financiamiento innovadoras, que hagan menos riesgosos los proyectos y mejoren los ingresos de los inversionistas. Arguye que las mejoras en esas áreas también abordará el sentimiento negativo del público sobre la privatización, ahora extendido en la región, ayudando a asegurar que se mantenga la calidad, los niveles de servicios y la accesibilidad, en particular para grupos en desventaja. Apuntando los subsidios públicos más hacia aquellos que en realidad los necesitan, también beneficiarán a los pobres.

Mary Morrison señala que la 'reciente experiencia en América Latina ilustra que los gobiernos son centrales para la provisión de infraestructura; algunas veces es indispensable el financiamiento público, y que el estado tenga un rol esencial en asociarse y controlar a operadores privados y proteger a los consumidores.

*Infraestructura en América Latina y el Caribe: Desarrollos Recientes y Desafí­os Clave. Disponible en: http://www.worldbank.org/lac

La situación actual

- La inversión total en infraestructura (pública y privada) cayó de 3,7% del PBI en 1980-85 a un promedio de 2,2% en 1996-2001. - Las inversiones públicas en el sector cayeron de 3,1% del PBI para 1980-85, a 0,8% del PBI para 1996-2001 en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Bolivia. - El gasto público en infraestructura representa aproximadamente 5% del total del gasto público de la región. - Inversión privada: LAC atrajo casi la mitad de los US$786bn en proyectos de infraestructura con inversión privada en paí­ses en desarrollo entre 1990 y 2003, pero 93% se concentró sólo en seis paí­ses (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México), y principalmente en telecomunicación y energí­a. Cobertura comparada - En acceso a agua segura, LAC supera al promedio de ingresos medios, como también China, con las naciones pobres logrando mayores ganancias en los '90. El acceso se incrementó de 82% de la población en 1990 a 89% en 2002. De igual manera, el acceso a la sanidad subió de 68% en 1990 a 74% en 2002. La cobertura es menor en áreas rurales y las grandes brechas entre áreas urbanas y rurales permanecen: en Brasil, el acceso a sanidad urbana es de 83%, pero sólo 35% en áreas rurales; y en México, los niveles son de 90% y 39%. - Si se suman las lí­neas de telefoní­a fijas y móviles se suman, LAC tiene 416 lí­neas por cada 1.000 habitantes, más que el promedio de paí­ses de ingresos medios (403). También ha mejorado la calidad del servicio de telefoní­a fija. Entre 1992 y 2001, el número de fallas informadas por cada 100 lí­neas cayó de 60 a 4,7 en LAC, contra una caí­da de 58 a 25 en paí­ses de ingresos medios, y 12,5 a 1,2 en Corea. - El uso de Internet se ha extendido con rapidez en LAC, pero el crecimiento se redujo, en relación a paí­ses de ingresos medios desde 2002. En LAC, en 2003, habí­a 106 usuarios por 1.000 personas, comparado con 116 en paí­ses de ingresos medios, 63 en China, y 610 en Corea. - La región quedó detrás de los paí­ses de ingresos medios en capacidad de generación de energí­a desde los '90, mientras que la brecha con el Este Asiático se ha ampliado considerablemente.

Pocos dudan que la coalición pro-Chávez , Bloque para el Cambio, ganará las elecciones legislativas del 4 de diciembre. La pregunta es por cuánto: a Chávez le gustarí­a una mayorí­a de dos tercios, que le permitirí­a aprobar las grandes reformas sin obstrucciones. La oposición, que tardí­amente logró armar una coalición, podrí­a ser capaz de evitarlo.

Luego de laboriosas negociaciones, cinco partidos de oposición acordaron actuar unidos, con una lista común que incluye a representantes de todos los partidos de oposición, algunas 'organizaciones civiles' y algunos 'prisioneros polí­ticos'. Los participantes son Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Proyecto Venezuela (Proven), Movimiento al Socialismo (MAS) y Copei. Sondeos parciales pre-coalición ubican su fuerza combinada en 16% a 23%.

Los partidos que apoyan al Bloque para el Cambio, pro-Chávez , incluyen al MVR, Patria Para Todos (PPT), Por la Democracia Social (Podemos; un desprendimiento del MAS), Unión Popular Venezolana (UPV), Partido Comunista de Venezuela (PCV), y algunos partidos indí­genas. En conjunto, en la actualidad ocupan 86 de las 165 bancas en la asamblea.

El gobierno ha venido aplicando un enfoque de dos ví­as para las elecciones legislativas, en las que están en juego las 165 bancas de la asamblea nacional. Por un lado, ha desplegado sensibilidad sobre los ataques de EU acerca de sus credenciales democráticas, aceptando las exigencias de la oposición sobre temas como una auditorí­a externa de los padrones electorales, y una substancial verificación manual de los votos.

Por el otro, ha estado purgando las filas del gobernante MVR de cualquiera sobre el que haya sospecha acerca de su lealtad. Al revés de las elecciones municipales de agosto, el MVR no selecciona sus candidatos a través de primarias, sino por designaciones directas del CTN, el 'comando nacional táctico'. Fuentes cercanas al partido gobernante dicen que a poco menos de un cuarto del actual bloque pro-gobierno se le ha negado la oportunidad de presentarse a la reelección, porque han sido considerados vacilantes.

COSTA RICA | Remesas crecen al ritmo de la emigración. Entre 2000 y 2004, el número de costarricenses que viven en el exterior se incrementó en 20%; entre 2003 y 2005, las remesas de expatriados se elevaron en 31%, a US$400m el año pasado, de acuerdo con un estudio solicitado por el banco central. En promedio, cada expatriado costarricense enví­a al paí­s unos US$423 por mes, cerca de un tercio más de lo que remiten los emigrantes de otros paí­ses centroamericanos. Ahora, cerca de 100.000 costarricenses viven en el exterior, 80% de ellos en EU.

Costa Rica es, a su vez, meta de la emigración, con 337.000 extranjeros, de los cuales 77% son nicaragüenses. El resto proviene principalmente de otros paí­ses centroamericanos, con pequeños números de Cuba, Perú y Colombia. Las remesas de esos inmigrantes a sus hogares en 2003-05, se incrementaron en 26% a US$196m (un promedio mensual de US$91 por emigrante).

GUATEMALA | Aún crece el flujo de remesas. En enero, el flujo de remesas por expatriados guatemaltecos llegó a US$248,9m, o 18% más que en igual mes del año último. El banco central calcula que las remesas en todo 2006 estará cerca de US$3,4bn, o 14% más que en 2005.

Hay cerca de 1,2m de guatemaltecos que viven en el exterior, 95% de ellos en EU, y entre estos últimos, dos de cada tres son inmigrantes ilegales. Sus remesas llegan a cerca de 9% del PBI de Guatemala.

El gobierno insiste hasta hoy que la masiva concentración frente a la casa de gobierno, el 25 de mayo, no era el punto de partida de la campaña para la reelección del Presidente Néstor Kirchner en 2007. Los cantos de la multitud y las pancartas levantadas mostraban que los asistentes habí­an venido por esa precisa razón.

La bandera colgada del balcón desde el cual Kirchner se dirigió a la multitud decí­a: 'La Patria somos todos nosotros'. Docenas de pancartas lo enfrentaban con el slogan 'Kirchner 2007'. Otras decí­an: 'Con Kirchner por un paí­s más justo', y 'Todos detrás de Kirchner'. Los organizadores dijeron que asistieron 350.000 personas; la policí­a federal, cuyas estimaciones usualmente reducen la cuenta, esta vez decidió no hacer estimaciones. Kirchner enumeró los logros de su administración, y dijo que le gustarí­a lograr lo que llamó una 'concertación al estilo chileno', con organizaciones sociales, sindicales y polí­ticas, para las elecciones de 2007, y lograr 'una reconstrucción plural'. 

La coalición gobernante de Chile, llamada primero Concertación de Partidos por el No, luego Concertación de Partidos por la Democracia, nació en 1988 como alianza de partidos polí­ticos contra la dictadura de Pinochet. En 2003, Kirchner obtuvo sólo 22% en la primera ronda (su presunto rival, Carlos Menem, se retiró antes de la segundas ronda). Un sondeo de opinión de mediados de mayo, de Ricardo Rouvier y Asociados lo muestran con 54,3% de las preferencias, subiendo de 48% en diciembre, otra de Carlos Fara y Asociados lo muestran atrayendo 39,3% a mediados de marzo.

Si todo sale según lo acordado, el plan del gobierno apoyado por la ONU, de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) recibirá su primer gran impulso esta semana: el desarme voluntario de bandas de Cité Soleil, el distrito pobre de Port-au-Prince, frente al mar. El Consejo de Seguridad de la ONU convirtió en alta prioridad el DDR la semana pasada, al extender el mandato de Minustah por seis meses más.

El 18 de agosto el lí­der de una banda de Cité Soleil, William Baptiste (conocido como Ti Blan) anunció que a inicios de esta semana su banda y otras entregarán sus armas al gobierno, e invitó a los medios y al cuerpo diplomático para que sean testigos del evento. Esto ocurre sólo una semana después que el Presidente René Préval amenazó sin rodeos con matar a los que rehúsan entregar sus armas [IL-06-32], pero Baptiste dijo que esa no ha sido su principal consideración.

Agregó que las bandas retuvieron sus armas sólo para defenderse a sí­ mismas y a su comunidad, del gobierno interino y de la policí­a nacional, que habí­an actuado como sus enemigos. Puesto que la administración Préval no es considerada enemiga, dijo: 'Entregaremos nuestras armas porque deseamos la paz.'

No está claro hasta qué punto Baptiste es representativo del resto de las bandas en Cité Soleil, o si bandas de otras partes seguirán su ejemplo. Baptiste no hace referencia directa a eso, pero solicitó al gobierno que desarme a todos los otros grupos, incluso a la que actúa para la pudiente elite anti-Aristide. Es una alusión a bandas como Lamé Ti Manchet (LTM, 'Ejército del Pequeño Machete'), una banda vinculada a elementos de la policí­a nacional, considerada responsable de una ola de muertes en el distrito Grand Ravine en julio pasado [IL-06-28].

Alguna distensión en los distritos pro-Aristide se está logrando con la constante liberación de prominentes miembros del campo pro-Aristide que fueron puestos en prisión por la administración interina. La administración de Préval ha sido criticada por avanzar muy lentamente en ese frente, pero eso es resultado de la decisión del gobierno de permitir que el proceso siga canales judiciales.

La semana pasada, la conocida cantante Annette Auguste ('So Ann') fue dejada en libertad por un juez, luego de haber estado dos años tras las rejas. Como en otros casos de personas acusadas de participar en actos de violencia, el gobierno interino no habí­a presentado ninguna evidencia que sustentara la acusación, por tanto, los cargos contra So Ann y otros tres fueron desechados. Es probable que lo mismo ocurra con la mayorí­a de los otros detenidos.

El 15 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de Minustah por seis meses, manteniendo sin cambios su estructura militar en 7.200 hombres, pero incrementando el contingente policial de 1.752 a 1.951, y autorizando el despliegue de 16 agentes de penitenciarias, para asesorar sobre la reforma del sistema de prisiones de Haití­ -un gran cuello de botella en cualquier serio intento de imponer el orden en todo el paí­s. El Consejo de Seguridad urgió a sus miembros para que provean los fondos para la reforma de la policí­a nacional haitiana, y que cumplan sus promesas de asistencia para la reconstrucción de la economí­a del paí­s.

El Presidente Alan Garcí­a ignoró la derrota del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) en elecciones regionales, provinciales y municipales del 19 de noviembre, como no teniendo peso en la polí­tica nacional. Eso no fue lo que dijo después que el PAP obtuvo 12 presidencias regionales en 2002. En esa ocasión, él saludó el desempeño de su partido como "signo de advertencia" para el Presidente Alejandro Toledo, cuyo partido ganó sólo en una región. Esta vez, el PAP ganó sólo tres presidencias regionales.

El punto extra para Garcí­a es que sus principales rivales tuvieron un desempeño peor que el PAP, por tanto, no afrontará una amenaza coordinada de las regiones. Los grandes ganadores fueron los caudillos regionales, o "independientes" como prefieren ser conocidos. Ellos reemplazaron a los partidos tradicionales a lo largo del paí­s y parece probable que ganen hasta 20 de las presidencias regionales; al menos 112 de las 195 provincias (cada región se compone de cierto número de provincias); y muchas alcaldí­as. Las regiones donde candidatos independientes ganaron más provincias fueron Ancash (11 de 20); Apurí­mac (cinco de siete); y Ayacucho (siete de 11).

El lí­der nacionalista, Ollanta Humala, que ganó en 15 de las 25 regiones del paí­s en las elecciones presidenciales de abril, no logró usar las elecciones regionales para consolidar aquel éxito. Lejos de eso. Perdió virtualmente todo lo que habí­a ganado. Su gran coalición Partido Nacionalista Peruano-Unión por el Perú (PNP-UPP) fue en un frente dividido en las elecciones y no ganó una sola presidencia regional. El PNP ganó sólo 10 provincias; la UPP, 13. Incluso en el bastión de Humala, Cuzco, el PNP obtuvo sólo cuatro de las 13 provincias.

Humala mantuvo un estudiado silencio desde las elecciones, pero el vocero del PNP, Carlos Tapia, dijo que el partido cometió un error fundamental al imponer sus propios candidatos de Lima, sin apoyo regional, en vez de escuchar a sus bases en las regiones. Dijo que el PNP se reunirá el 8 y 9 de diciembre para analizar los resultados. Humala tratará de persuadir a los presidentes regionales de movimientos independientes que se sumen en su nueva coalición polí­tica, Gana-Perú [IL-06-42] pero, juzgando por esos resultados, tendrá poco éxito.

La coalición conservadora, Unidad Nacional, tampoco ganó ni una presidencia regional, aunque Luis Castañeda, de Solidaridad Nacional, un partido dentro de la UN, ganó confortablemente un segundo periodo como alcalde de Lima. Dos presidencias regionales -las regiones andinas centrales de Huancavelica y Ayacucho- fueron para candidatos con lazos con el Fujimorismo.

Los bastiones históricos de apoyo del PAP en el norte, como las regiones de Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Huaraz y Santa, se desmoronaron. El PAP incluso perdió la alcaldí­a de Trujillo, lugar de nacimiento del aprismo, por primera vez en cuatro décadas. Se aferró al segundo y tercero más grandes departamentos de La Libertad y Piura, y deberí­a ganar Lima Provincias. Con más de 80% de los votos contados, el PAP también estaba disputando en las regiones del sudoeste de Moquegua e Ica.

Garcí­a minimizó la derrota. "No pienso que se necesite mayorí­a en los gobiernos regionales, tampoco en el congreso," dijo. "Eso no es normalmente bueno, porque no obliga al presidente a buscar consenso y compartir responsabilidades." Dijo que comenzarí­a a convocar a los presidentes regionales de inmediato para discutir la aceleración de la descentralización. El primer ministro, Jorge del Castillo, también trató de salvar lo positivo de las elecciones. Dijo que el pueblo distingue claramente entre elecciones nacional y regional y que el PAP fue el único partido tradicional que quedó con alguna presencia en las regiones.

Implicancias nacionales para Garcí­a

El secretario general del PAP, Mauricio Mulder, fue más sincero. Dijo que los conflictos internos de los cuatro años pasados han minado al partido. Varios presidentes regionales del PAP tuvieron malos resultados. Sin embargo, mientras los resultados principalmente destacan la desilusión con partidos tradicionales que se siente a nivel local, no están totalmente divorciados de la escena nacional. Muchos partidarios del PAP están desilusionados con la dirección que está tomando la administración Garcí­a.

Garcí­a llenó varias posiciones en su gabinete con tecnócratas independientes y está impulsando un TLC con EU. También se considera ampliamente que se mueve hacia la derecha: la sugerencia más reciente de eso, fue la alianza que el PAP alcanzó con los fujimoristas y la UN en el congreso para que se apruebe una legislación draconiana que restringe a las ONG [IL-06-44]. Notablemente, el único sondeo de opinión desde la victoria de Garcí­a, le da un respetable apoyo de 60%, pero el sondeo se hizo en Lima, donde la UN es la fuerza principal. Si los votantes de la UN están contentos con lo que está haciendo Garcí­a, no sorprende que las bases del PAP en las regiones estén descontentas.

Plan regional contra la pobreza

Garcí­a tení­a un ojo puesto en las elecciones cuando el 16 de noviembre anunció detalles de 11 programas sociales que proveerán unos NS$2,81bn (US$900m) en asistencia en 2007 para unos 13m de peruanos que viven en la pobreza. Los programas abordarán una variedad de aspectos, incluyendo alimentos, sanidad, alfabetización, electricidad rural, educación, infraestructura, rehabilitación y construcción de caminos.

Uno de los 11 programas es Juntos, lanzado por la administración Toledo en setiembre de 2005 y que fue cuestionado por el PAP que estaba en la oposición. Bajo Juntos unas 260.000 familias recibirán NS$100 (US$30) por mes a cambio de mantener a sus hijos en las escuelas, inmunizarlos en centros médicos y logrando objetivos nutricionales. Otro de los 11 programas, el fondo estatal de desarrollo social, Foncodes, recibirá US$316m más. Foncodes informó el 5 de noviembre que más de 5m peruanos (18%) viven en un estado de pobreza extrema o indigencia.

Luego de anunciar los programas sociales, Garcí­a dijo que "el objetivo de este gobierno es transferir todos los recursos posibles para combatir [la pobreza]." Algunas de las regiones más pobres -Huánuco, Cajamarca, Loreto, Apurí­mac, Ayacucho, Amazonas, Pasco- hoy están en manos de independientes. Eso dará a Garcí­a la oportunidad de establecer buenos lazos con las regiones. Mientras Toledo estaba tan desilusionado con el desempeño de su partido y la preeminencia del PAP en 2002, que suspendió el proceso de descentralización. Garcí­a encontrará más aceptable trabajar con los caudillos locales.

Violencia esporádica

El ministro de defensa, Allan Wagner, anunció que las elecciones habí­an sido suspendidas en un pueblo de la región sur de Puno y otra en la región centro-norte de Ancash, debido a la violencia y reclamos que el resultado habí­a sido afectado por los "votos golondrinas" -votantes que depositan sus votos en áreas donde no pertenecen. Unos 300 campesinos hicieron pedazos un local de votación en Puno.

El Presidente Lula da Silva prosigue con su "diplomacia del etanol" durante su visita a India esta semana. El continuará haciéndolo en una serie de foros internacionales en las próximas semanas. El fin de semana Lula participará como invitado en la cumbre del G8 de naciones desarrolladas, más Rusia. Luego liderará la cumbre del G20 de naciones en desarrollo. Y a fin de mes, tendrá importantes conversaciones bajo el marco del G4, el grupo formado por Brasil, India, EU y la Unión Europea, para hacer avanzar la ronda de liberalización del comercio global de la OMC iniciada en Doha en 2001.

El etanol está en el centro de la polí­tica exterior de Brasil. Lula dijo que "hablará sobre etanol todo el tiempo" en su viaje. El gobierno brasileño ve la conversión del etanol en materia prima comerciable en todo el mundo, tan crucial como es el petróleo, para sacar de la pobreza al mundo en desarrollo, mitigando al mismo tiempo los efectos de combustibles del carbón en la atmósfera de la tierra y el cambio climático. Esa lí­nea fue cuidadosamente elaborada por los diplomáticos brasileños a fin de apelar a la retórica usada por las naciones desarrolladas.

Brasil está a la vanguardia de la tecnologí­a en biocombustible. Tiene quizá la más avanzada tecnologí­a para producir etanol, pues es producido con la caña de azúcar, el proceso menos contaminante del medio ambiente.

Esa tecnologí­a ha sido central en el reclamo de liderazgo de Brasil en el mundo en desarrollo. También permite a Brasil presionar a los paí­ses desarrollados para que abran sus mercados a los productos agrí­colas del mundo en desarrollo, la exigencia central del G20 en la Ronda Doha. El etanol, y la retórica ecológica detrás del mismo, conducen la exigencia de Brasil de instituir un mecanismo global para compensar a los paí­ses en desarrollo que reducen la deforestación.

EL SALVADOR | FBI. La Policí­a Nacional Civil (PNC) y el FBI establecerán un centro transnacional anti-bandas (CTA), en un área "secreta" en San Salvador, este mes. Según el jefe de la PNC, Rodrigo Avila, el CTA se estará compuesto de una docena de agentes del FBI, que actuarán en forma permanente, y de 20 miembros de elite de la unidad investigativa de la PNC, especializada en el crimen organizado y análisis de datos. Avila dijo que el CTA "monitorearí­a las actividades" de miembros de bandas y sus contactos con bandas en terceros paí­ses, y reunirí­an datos para ayudar a las fuerzas policiales centroamericanas a realizar operaciones para poner freno a las maras involucradas en las redes transnacionales del crimen organizado.

REGION | Suecia retira ayuda. Suecia ha decidido discontinuar la ayuda anual que provee a los gobiernos de Honduras, Nicaragua y El Salvador. La noticia fue elaborada en términos diplomáticos por las embajadas suecas, que enfatizaron que la medida era parte de una reorientación de la ayuda internacional: ahora el enfoque central será sobre los paí­ses africanos, aunque Guatemala y Colombia continuarán recibiendo ayuda.
El corte de la ayuda provocó mucha especulación en la prensa local y entre la oposición polí­tica. El opositor Partido Nacional (PN), de Honduras, culpó al gobierno del Presidente Manuel Zelaya. El diputado Juan Hernández, del PN, citó la preocupación expresada por la embajada sueca a inicios de año sobre la transparencia que rodea la estrategia del gobierno de reducción de la pobreza (fondo hecho con donaciones) que se alega que está siendo usado para financiar el gasto público. Honduras puede perder un promedio de US$15m por año en ayuda, aunque el gobierno sueco continuará trabajando con ONGs en el paí­s. En Nicaragua, que perderá unos US$21m por año, Wilfredo Navarro, un diputado Liberal, acusó al embajador sueco de interferir en asuntos internos de Nicaragua y actuar como procónsul al "condicionar la ayuda", a la legalización del aborto. Nicaragua aprobó en noviembre pasado una ley que prohí­be todos los abortos.

La Presidenta Michelle Bachelet inauguró el primer parque eólico la semana pasada en Canela, Coquimbo (Región IV), a unos 350kms al norte de Santiago, como parte de la estrategia para reducir la dependencia del gas natural importado de Argentina. "Actuamos en el conocimiento que no podemos ignorar cualquier fuente de energí­a," dijo Bachelet. Argentina viene reduciendo sus exportaciones a Chile durante el curso de los últimos tres años, de un promedio de casi 22m de metros cúbicos por dí­a (mcpd) antes de 2004 a sólo 1,5m mcpd durante el último invierno, suficiente sólo para proveer al área metropolitana de Chile.

El nuevo parque eólico, desarrollado por Endesa, el gigante energético español, consta de 11 unidades generadoras, con una potencia instalada de 18,15MW. Se enlazará al sistema interconectado nacional (SIC). Bachelet también anunció otro proyecto eólico más ambicioso, en Monte Redondo, también en Coquimbo de 30 generadoras, que proveerán 76MW. Dos plantas termoeléctricas, que generarán 43,3MW entre ambas, también se construirán en Coquimbo, que es una de las partes más estrechas de Chile y una de las regiones más montañesas.

La administración Bachelet fijó la meta para que la provisión por fuentes alternativas o renovables llegue a 15% de la energí­a de Chile para 2010. En ese entonces, Chile espera que una planta a gas natural licuado (GNL) entre en funciones. El constante acercamiento con La Paz ha revivido la posibilidad que algo del gas natural para esa planta pueda ser proveí­do por Bolivia, que está cada vez más preocupado por diversificar sus mercados exportadores luego que Brasil descubrió su masivo yacimiento de crudo liviano, Tupí­ [IL-07-45].

Bachelet también comisionó recientemente un estudio sobre energí­a nuclear, aunque ella promete no tomar ninguna decisión sobre eso durante su mandato. El ministro de energí­a, Marcelo Tokman, dijo que un programa nuclear podrí­a estar en marcha para 2020. Dijo que Chile ha aprendido (duramente) de la necesidad de diversificar las fuentes de energí­a. "La energí­a nuclear y eólica no son contradictorias," agregó.

"Si yo tuviera un ministro que contradiga una resolución de la OEA lo destituirí­a."

- El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , refiriéndose al ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos.

 

"Hay que tomar en cuenta que no porque se encuentra un documento se encuentra la verdad."

- El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre los files hallados en la computadora que pertenecí­a al fallecido número dos de las Farc, Raúl Reyes.

 

"Un estado que no ha sido dividido por la guerra y el hambre y que fracasa en desarrollar todo su potencial, es también un estado fallido. Encomiendo a este paí­s que se ponga a la altura de su potencial."

- El Presidente de Trinidad y Tobago, George Maxwell Richards, en su discurso inaugural.

La Presidenta Cristina Fernández triunfó sobre las organizaciones rurales cuando la cámara baja del congreso votó, por un estrecho margen, por la aprobación de la Resolución 125, que contiene las cuestionadas retenciones móviles sobre la exportación de soja y productos del girasol. Sin embargo, el gobierno estará lamiéndose sus heridas. Tuvo que ejercer una enorme presión sobre reticentes diputados y prometer incontables concesiones para asegurar su aprobación. Incluso así­, eso fue apenas suficiente: se aprobó por una diferencia de apenas siete votos. El resultado fue un gran revés para Néstor Kirchner que ha perdido el control de parte del Partido Justicialista (PJ) a sólo semanas después de asumir la presidencia del partido, con el objetivo de apuntalar el apoyo para el gobierno de su esposa.

Felipe Solá, un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros 13 Kirchneristas desafiaron abiertamente al gobierno y votaron contra el proyecto. Sólo un giro de última hora de los Kirchneristas de la provincia de Rí­o Negro, Julio Arriaga y Fabiana Rossi, alejándose del campo de Solá, luego que el gobierno prometió eliminar el impuesto a la exportación de manzanas y peras que realiza la provincia, impidió que la votación fuera incluso más cerrada.

Sin embargo, la votación confirmó que el PJ se ha fracturado con las provincias de Córdoba y Entre Rí­os ahora abiertamente opuestas a Kirchner, y Santa Fe vacilando. En esta última provincia hay un fuerte apoyo para el senador Carlos Reutemann, que planea presentar su propio proyecto alternativo en el senado, que comenzará a debatir la propuesta del gobierno el 16 de julio. Al grupo disidente de Solá se ha unido un número de Radicales K. La alianza del gobierno con los Radicales K, ya crispada sobre las diferencias con el Vicepresidente Julio Cobos, luce irreparablemente dañada.

El gobierno introdujo siete modificaciones al proyecto original enviado al congreso en los dos dí­as antes de asegurar el poyo de los votos. Ellas incluyen exenciones a pequeños y medianos productores de soja, en la escala móvil de las retenciones a las exportaciones: los que exportan 300 toneladas por año ahora pagarán 30% en impuestos y los que exportan hasta 700 toneladas por año, 35%, lo que significará que entre 85% y 90% de todos los productores de soja del paí­s serán excluidos de la retención móvil que alcanza a los grandes productores. El gobierno también ha prometido proveer a los productores de soja de pequeña y mediana escala con varios esquemas de compensación, aunque Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cí­vica (CC), advirtió que estas compensaciones tendrí­an vigencia sólo hasta fines de octubre de este año.

Los lí­deres de las cuatro organizaciones rurales -Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa  Agropecuaria (Coninagro)- han recibido el resultado con ecuanimidad. Ellos dijeron que no realizarí­an nuevas acciones de protesta, sino que pelearí­an en el senado y luego, si es necesario, ante la justicia. Eduardo Buzzi, presidente de la FAA, calificó el resultado de la votación en la cámara baja como “casi un empate" y que marcaba “el fin de la hegemoní­a K". La oposición también obtuvo una enorme satisfacción por la estrechez de la victoria, que es el más serio desafí­o al poder de los Kirchners hasta la fecha.

El proyecto ahora irá al senado, donde el gobierno tiene una mayorí­a confortable, con 47 de las 72 bancas, pero no todo será fácil. El Vicepresidente Cobos, que se ha distanciado a sí­ mismo deliberadamente de la lí­nea oficial en la disputa, es el presidente del senado. Además, sólo 34 de las 47 bancas del gobierno son considerados votos “seguros", con el resto como “dudosos". Sin embargo, una acertada combinación de zanahorias y garrote, podrí­a atraer a un puñado de estos sin mucha dificultad.

 

Faltando sólo dí­as para la segunda ronda, el 26 de octubre en São Paulo, Gilberto Kassab, del conservador partido Demócratas (DEM), parece haber ganado una ventaja decisiva sobre su rival, Marta Suplicy, del gobernante Partido dos Trabalhadores (PT). Ganar en São Paulo serí­a un culminante logro del DEN, luego de haber visto en la primera ronda una declinación de 37% en el número de municipalidades bajo su control. Serí­a también un impulso para el gobernador José Serra, del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que ha dirigido sus votos hacia Kassab.

Un sondeo conducido por Datafolha, entre el 7 y 8 de octubre, muestra a Kassab atrayendo 54% de las intenciones de votos, contra 37% para Marta Suplicy. En la primera ronda, Kassab estaba por poco margen delante de ella: 33,6% a 32,8%. La diferencia, de acuerdo con Datafolha, deberá encontrarse en el giro hacia Kassab de los votos del PSDB (22% del total en la primera ronda), que ha sido urgido por el gobernador Serra.

En verdad, Serra ha mostrado su simpatí­a por Kassab también en la primera ronda, en una movida vista como una maniobra para golpear al candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, y ponerlo fuera de la carrera por la presidencia en 2010. Serra ya es el favorito en las encuestas para esa contienda, pero claramente no desea correr el riesgo de una reaparición de Alckmin como un serio rival para la nominación del PSDB. Aunque la posición de Serra en la primera ronda fue criticada por muchos dentro del PSDB, los hallazgos de Datafolha sugieren que 75% de los que votaron por Alckmin ahora intentan votar por Kassab.

Sin contar las segundas rondas (que afectan a menos de 10% de las municipalidades en juego), el ganador absoluto en las elecciones municipales fue el PMDB, que no sólo tomó de nuevo el mayor número de municipalidades, pero en realidad incrementó su total en casi 13%.

El PT tuvo un incremento incluso mayor, de casi 34%, pero el número total de municipalidades que ganó, 549, suman menos de la mitad de las del PMDB. Si fracasara en su intento de ganar São Paulo, en el cual el PT ha invertido mucho esfuerzo (incluidas dos apariciones del Presidente Lula da Silva durante la campaña), serí­a una enorme decepción para el partido gobernante.

El PSDB obtuvo el segundo mayor número de municipalidades en la primera ronda, 783, pero su total cayó en 10% sobre las ganadas en 2004. Su premio consuelo bien podrí­a ser el fortalecimiento de la imagen de Serra como un candidato presidencial creí­ble, si él es visto como el arquitecto de una victoria de Kassab (en contraste con la posible asociación de una eventual derrota de Suplicy con Lula).