Informe Latinoamericano - 21 de octubre de 2003
COLOMBIA: Campaña para atraer votantes
El decisivo referéndum de Uribe debe ser votado al menos por 25% de un confundido electorado: más de 6,2m de personas.
El Presidente Alvaro Uribe ha estado haciendo una intensa campaña para persuadir a los votantes que participen tanto en el referéndum sobre reformas propuestas por su gobierno, el 25 de octubre, como en las elecciones para alcaldes y consejos en 1.100 municipalidades, y gobernadores y legisladores regionales en los 32 departamentos del país, el 26 de octubre.
El primero ha sido promocionado de variadas formas: como cambios cruciales para asegurar la gobernabilidad; medidas para recortar gastos a fin de reducir el agobiante déficit fiscal; una cruzada contra la corrupción y la politiquería. Esto sólo indica la serie de opciones que tendrán los votantes. Algunas de las medidas específicas, que requieren enmiendas constitucionales, incluyen bajar el número de representantes en el congreso, cerrar agencias estatales, congelar pensiones de ex presidentes, congelar salarios del sector público, e incluir controles estrictos para evitar la corrupción. Los sondeos indican que hay confusión en los votantes.
En la parte final de las campañas las elecciones gemelas fueron presentadas por el gobierno como un 'referéndum por la democracia y contra el terrorismo.' Lo último es alusión al hecho que las guerrillas de las Farc realizan una campaña de intimidación y ataque directo contra candidatos y votantes.
La oposición a las reformas propuestas por el gobierno es tan variada como la serie de preguntas del referéndum; abarca a partidos de oposición, sindicatos y organizaciones civiles. Varios optaron por una solución simple: hacer campaña por la abstención -para ser válido, el referéndum debe ser votado por 25% del electorado: más de 6,2m votantes. Los oponentes se quejan que el gobierno ha usado indebidamente fondos públicos en su campaña, en el que la incitación al voto se mezcla con el requerimiento de su aprobación y que también incluye difamación hacia la oposición.
Uribe ha proclamado: 'Si el referéndum zozobra, también la gobernabilidad.' Aunque la mayor parte de los medios y los políticos calificó eso de exageración, su impacto sobre el público en general es sólo conjeturable.
Escándalo en elección del senado
Las elecciones de la semana próxima no es el único dolor de cabeza para el gobierno. La procuraduría general ha recomendado al consejo de estado que anule los resultados de las elecciones para el senado de marzo de 2002, en 20.503 lugares de votación (27% del total). Un cuidadoso escrutinio del conteo de votos, registros electorales y designaciones de funcionarios, produjo una serie de irregularidades: 44.000 casos de sustitución de votantes, 2.000 formularios con raspaduras y enmiendas, 97 locales de votación con irregularidades relacionadas con la sustitución de jueces de mesas.
En seis departamentos, que suman 60% de los locales de votación, se recomendó que haya recuento: Bogotá (2.810), Valle del Cauca (2.737), Antioquia (2.586), Bolívar (1.604), Atlántico (1.506), y Santander (1.112).
Esto es un gran bochorno para toda la clase política colombiana: los beneficiados por las irregularidades, que trascienden las líneas de partidos, reflejan en gran medida patrones de influencias locales. Es la clase de 'politiquería corrupta' que Uribe dice que sus reformas ayudarán a eliminar, si el referéndum es aprobado.
El Presidente Alvaro Uribe ha estado haciendo una intensa campaña para persuadir a los votantes que participen tanto en el referéndum sobre reformas propuestas por su gobierno, el 25 de octubre, como en las elecciones para alcaldes y consejos en 1.100 municipalidades, y gobernadores y legisladores regionales en los 32 departamentos del país, el 26 de octubre.
El primero ha sido promocionado de variadas formas: como cambios cruciales para asegurar la gobernabilidad; medidas para recortar gastos a fin de reducir el agobiante déficit fiscal; una cruzada contra la corrupción y la politiquería. Esto sólo indica la serie de opciones que tendrán los votantes. Algunas de las medidas específicas, que requieren enmiendas constitucionales, incluyen bajar el número de representantes en el congreso, cerrar agencias estatales, congelar pensiones de ex presidentes, congelar salarios del sector público, e incluir controles estrictos para evitar la corrupción. Los sondeos indican que hay confusión en los votantes.
En la parte final de las campañas las elecciones gemelas fueron presentadas por el gobierno como un 'referéndum por la democracia y contra el terrorismo.' Lo último es alusión al hecho que las guerrillas de las Farc realizan una campaña de intimidación y ataque directo contra candidatos y votantes.
La oposición a las reformas propuestas por el gobierno es tan variada como la serie de preguntas del referéndum; abarca a partidos de oposición, sindicatos y organizaciones civiles. Varios optaron por una solución simple: hacer campaña por la abstención -para ser válido, el referéndum debe ser votado por 25% del electorado: más de 6,2m votantes. Los oponentes se quejan que el gobierno ha usado indebidamente fondos públicos en su campaña, en el que la incitación al voto se mezcla con el requerimiento de su aprobación y que también incluye difamación hacia la oposición.
Uribe ha proclamado: 'Si el referéndum zozobra, también la gobernabilidad.' Aunque la mayor parte de los medios y los políticos calificó eso de exageración, su impacto sobre el público en general es sólo conjeturable.
Escándalo en elección del senado
Las elecciones de la semana próxima no es el único dolor de cabeza para el gobierno. La procuraduría general ha recomendado al consejo de estado que anule los resultados de las elecciones para el senado de marzo de 2002, en 20.503 lugares de votación (27% del total). Un cuidadoso escrutinio del conteo de votos, registros electorales y designaciones de funcionarios, produjo una serie de irregularidades: 44.000 casos de sustitución de votantes, 2.000 formularios con raspaduras y enmiendas, 97 locales de votación con irregularidades relacionadas con la sustitución de jueces de mesas.
En seis departamentos, que suman 60% de los locales de votación, se recomendó que haya recuento: Bogotá (2.810), Valle del Cauca (2.737), Antioquia (2.586), Bolívar (1.604), Atlántico (1.506), y Santander (1.112).
Esto es un gran bochorno para toda la clase política colombiana: los beneficiados por las irregularidades, que trascienden las líneas de partidos, reflejan en gran medida patrones de influencias locales. Es la clase de 'politiquería corrupta' que Uribe dice que sus reformas ayudarán a eliminar, si el referéndum es aprobado.