Informe Latinoamericano - 6 de abril de 2004
GUATEMALA: Berger reduce el ejército, recorta gastos
El recién instalado Presidente Oscar Berger ha dado dio un paso audaz: reducir en 42% la magnitud del ejército y cerrar la mayoría de los cuarteles del país, todo de una sola vez. Así, no sólo cumple con el retrasado compromiso de los guatemaltecos bajo los tratados de paz de 1996, también convertirá a Guatemala en el segundo país centroamericano en tomar un paso concreto hacia el acordado 'equilibrio razonable' de las fuerzas armadas de la subregión.
El Programa de Modernización del Ejército de Guatemala, concebido por el asesor de seguridad de Berger, el retirado General Otto Pérez Molina, entrará en vigor el 30 de junio. Prevé una reducción del ejército de 27.000 hombres (el más grande en Centroamérica) a 15.500 -más en línea con sus vecinos. [El Salvador, el país más pequeño, tiene 16.000; Nicaragua 14.500; Honduras 12.000; y Costa Rica no tiene ejército.] El programa también prevé cerrar todas, excepto cinco bases militares y lo que Pérez Molina describe como 'tres unidades estratégicas.'
Los 11.500 miembros de las fuerzas armadas que serán retirados, recibirán lo que para el standard guatemalteco es un excelente paquete de despido, que promedia US$3.260. Berger dice que el pago debe verse como una inversión, que pronto se traducirá en sustanciales ahorros fiscales. La cuenta total de US$37,5m se pagará en un par de años, pues el presupuesto de defensa se reducirá. El año próximo llegará a sólo US$97,5m, comparado con el planeado originalmente de US$118,7m. Los presupuestos de defensa serán fijados en 0,33% del PBI.
A muchos de los soldados de tropa que dejan la fuerza se les ofrecerá la oportunidad de entrenamiento en la academia nacional de policía civil. Esta opción no estará abierta a especialistas u oficiales -lo que calmará algunas de las críticas al plan de Pérez Molina de reforzar la policía con reclutas del ejército.
El Presidente Berger, se complació en describir el programa como un 'hecho histórico sin precedentes', fue también franco (o ingenuo) sobre un posible efecto no deseado: que algunos de los que dejan el ejército pueden unirse a las filas del crimen organizado. Dijo que esperaba que los 'principios y valores' de los militares reducirían ese riesgo.
Enfrentando lo subyacente
En realidad, muchos guatemaltecos ya ven lazos entre el viejo establecimiento de seguridad y el crimen organizado, a través de las llamadas 'organizaciones clandestinas de seguridad'. Investigar este aspecto será tarea de CICIACS, la comisión especial establecida bajo los auspicios de la ONU.
La comisión tiene el poder de investigar la estructura y actividades de los grupos ilegales y las organizaciones clandestinas de seguridad, sus modalidades de operación, y sus fuentes de finanzas. En particular, CICIACS tratará de identificar: las personas responsables de ataques contra defensores de los derechos humanos, profesionales del sector de la justicia, testigos, periodistas y otras actividades del sector social y el trabajo; los lazos que pueden existir entre esas asociaciones ilegales y los agentes del estado, el crimen organizado y las fuerzas de seguridad privadas respecto a cómo afectan adversamente los derechos humanos; y cualquier otra actividad ilegal que pueda constituir un delito transnacional, como el crimen internacional organizado y delitos relacionados, que directa o indirectamente afecta el sistema de la justicia criminal para proteger los derechos humanos. En cuanto a los pasados crímenes de los militares, la fórmula de Berger es: 'Si existe algo sobre lo que cualquiera deba responder, para eso estarán las cortes.'
El Programa de Modernización del Ejército de Guatemala, concebido por el asesor de seguridad de Berger, el retirado General Otto Pérez Molina, entrará en vigor el 30 de junio. Prevé una reducción del ejército de 27.000 hombres (el más grande en Centroamérica) a 15.500 -más en línea con sus vecinos. [El Salvador, el país más pequeño, tiene 16.000; Nicaragua 14.500; Honduras 12.000; y Costa Rica no tiene ejército.] El programa también prevé cerrar todas, excepto cinco bases militares y lo que Pérez Molina describe como 'tres unidades estratégicas.'
Los 11.500 miembros de las fuerzas armadas que serán retirados, recibirán lo que para el standard guatemalteco es un excelente paquete de despido, que promedia US$3.260. Berger dice que el pago debe verse como una inversión, que pronto se traducirá en sustanciales ahorros fiscales. La cuenta total de US$37,5m se pagará en un par de años, pues el presupuesto de defensa se reducirá. El año próximo llegará a sólo US$97,5m, comparado con el planeado originalmente de US$118,7m. Los presupuestos de defensa serán fijados en 0,33% del PBI.
A muchos de los soldados de tropa que dejan la fuerza se les ofrecerá la oportunidad de entrenamiento en la academia nacional de policía civil. Esta opción no estará abierta a especialistas u oficiales -lo que calmará algunas de las críticas al plan de Pérez Molina de reforzar la policía con reclutas del ejército.
El Presidente Berger, se complació en describir el programa como un 'hecho histórico sin precedentes', fue también franco (o ingenuo) sobre un posible efecto no deseado: que algunos de los que dejan el ejército pueden unirse a las filas del crimen organizado. Dijo que esperaba que los 'principios y valores' de los militares reducirían ese riesgo.
Enfrentando lo subyacente
En realidad, muchos guatemaltecos ya ven lazos entre el viejo establecimiento de seguridad y el crimen organizado, a través de las llamadas 'organizaciones clandestinas de seguridad'. Investigar este aspecto será tarea de CICIACS, la comisión especial establecida bajo los auspicios de la ONU.
La comisión tiene el poder de investigar la estructura y actividades de los grupos ilegales y las organizaciones clandestinas de seguridad, sus modalidades de operación, y sus fuentes de finanzas. En particular, CICIACS tratará de identificar: las personas responsables de ataques contra defensores de los derechos humanos, profesionales del sector de la justicia, testigos, periodistas y otras actividades del sector social y el trabajo; los lazos que pueden existir entre esas asociaciones ilegales y los agentes del estado, el crimen organizado y las fuerzas de seguridad privadas respecto a cómo afectan adversamente los derechos humanos; y cualquier otra actividad ilegal que pueda constituir un delito transnacional, como el crimen internacional organizado y delitos relacionados, que directa o indirectamente afecta el sistema de la justicia criminal para proteger los derechos humanos. En cuanto a los pasados crímenes de los militares, la fórmula de Berger es: 'Si existe algo sobre lo que cualquiera deba responder, para eso estarán las cortes.'