Informe Latinoamericano - 6 de abril de 2004
COLOMBIA: Paramilitares dan marcha atrás ¿también Uribe?
Parece haberse logrado un avance en el proceso de 'desmovilización' de las organizaciones paramilitares. Tres grandes grupos que negociaban por separado han vuelto al redil; juntos, ellos implícitamente han revertido su política y acordaron concentrarse en las áreas acordadas con el gobierno; y ha circulado una fórmula que podría permitir al gobierno y EU dar marcha atrás en su compromiso de extraditar a miembros paramilitares prominentes. También, sin explicación, el alto líder paramilitar, Carlos Castaño ha sido excluido del equipo negociador.
Varios de estos cambios tuvieron lugar poco antes de la reunión del 31 de marzo en Santa Fe de Ralito (Córdoba) entre 33 líderes paramilitares y el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. En un manifiesto ellos anuncian que el Bloque Central Bolívar y su afiliado Bloque Centauro, más el Bloque Vencedores del Arauca (BVA) que hasta ahora negociaban por separado, de ahora más lo harían como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También designaron un equipo negociador de siete miembros, encabezado por el líder 'militar' Salvatore Mancuso y Adolfo Paz (jefe del Bloque Cacique Nutibara y el Frente Pacífico). Carlos Castaño no figura en la lista.
El manifiesto también exige que el gobierno otorgue las 'garantías' incluidas en la Ley 782 (promulgada en diciembre de 2002, por la cual el Presidente Alvaro Uribe enmendó la ley de 1997 diseñada para facilitar el proceso de negociaciones con grupos armados ilegales). Las garantías en cuestión incluyen la suspensión de las órdenes de arresto contra los negociadores designados, su protección por el estado -y, significativamente, la provisión del estado de la seguridad en áreas donde las partes en las negociaciones puedan concentrar sus fuerzas antes de entregar sus armas.
Días antes, las AUC había rechazado una propuesta de Restrepo de comenzar a concentrar sus fuerzas. En esa ocasión, dijeron que el estado no podía proveerles seguridad en las áreas que los grupos paramilitares abandonarían.
Eludiendo la extradición
En la reunión con Restrepo, Mancuso lanzó la idea de un compromiso de las AUC de ayudar a erradicar 50.000 hectáreas de cultivos de coca -poco menos de la mitad del área cultivada de coca, de acuerdo con las últimas estimaciones de EU. Los funcionarios confían en que esto puede proveer un argumento aceptable en Washington, para que Uribe invoque sus poderes discrecionales y niegue ciertas extradiciones (como las de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso).
El día antes de ser publicado el manifiesto de las AUC, el gobierno devolvió al congreso, enmendado, el proyecto de ley introduciendo 'alternativas a la prisión' para combatientes que se rendían que fueran hallados culpables de delitos -un instrumento que recibió críticas dentro y en el exterior. En las enmiendas está incluida una provisión para crear un 'tribunal de la verdad'. Está excluido -por instrucciones específicas de Uribe- el tema de la extradición. Luego de su visita reciente a EU, Uribe reiteró que el compromiso del gobierno con la legislación que permite la extradición de colombianos a EU, por cargos relacionados con las drogas, permanece sin cambios. Vale señalar que esa legislación no anula el poder del Presidente de rehusar la extradición.
Por las dudas, una iniciativa para reformar la constitución reintroduciendo la prohibición de extraditar a ciudadanos colombianos ha sido lanzada por la diputada Liberal Rocío Arias -que ha sido acusada por muchos, incluido el Vice-Presidente Francisco Santos, de 'trabajar para' los paramilitares. Arias afirma que ya tiene suficiente apoyo para que su proyecto sea introducido en la agenda del congreso. Será interesante ver cuánto apoyo logra una vez en el congreso: luego de las últimas elecciones, Salvatore Mancuso se jactó que las AUC cuentan con el apoyo de 35% de los legisladores.
General amenaza divulgar vínculos con paramilitares
Aun antes que fuera creada la 'comisión de la verdad', propuesta por Uribe, el gobierno puede ser blanco de revelaciones embarazosas. La revista Cambio dice que un general enjuiciado por su supuesta participación en una masacre ha amenazado con decir todo lo que sabe sobre la colusión de los militares con los paramilitares, si sus superiores no le aseguran que será exonerado.
El General retirado Jaime Uscategui está acusado de complotar con una unidad paramilitar para la masacre de 30 campesinos en Mapiripán (Meta) en 1997. Fue condenado por una corte marcial a principios de 2001, pero la corte suprema anuló la condena y ordenó que Uscategui sea enjuiciado en una corte civil. Ahora está en una prisión militar en Bogotá. Su juicio se iniciará el 20 de abril.
Cambio publicó la trascripción de una grabación supuestamente de mediados de 2003, en la que alguien identificado como Uscategui amenaza con exponer los lazos de militares con los paramilitares, subrayando que 'eso es extremadamente serio, porque involucra algo que siempre hemos negado oficialmente: las conexiones entre las fuerzas armadas y los paramilitares.'
Varios de estos cambios tuvieron lugar poco antes de la reunión del 31 de marzo en Santa Fe de Ralito (Córdoba) entre 33 líderes paramilitares y el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. En un manifiesto ellos anuncian que el Bloque Central Bolívar y su afiliado Bloque Centauro, más el Bloque Vencedores del Arauca (BVA) que hasta ahora negociaban por separado, de ahora más lo harían como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También designaron un equipo negociador de siete miembros, encabezado por el líder 'militar' Salvatore Mancuso y Adolfo Paz (jefe del Bloque Cacique Nutibara y el Frente Pacífico). Carlos Castaño no figura en la lista.
El manifiesto también exige que el gobierno otorgue las 'garantías' incluidas en la Ley 782 (promulgada en diciembre de 2002, por la cual el Presidente Alvaro Uribe enmendó la ley de 1997 diseñada para facilitar el proceso de negociaciones con grupos armados ilegales). Las garantías en cuestión incluyen la suspensión de las órdenes de arresto contra los negociadores designados, su protección por el estado -y, significativamente, la provisión del estado de la seguridad en áreas donde las partes en las negociaciones puedan concentrar sus fuerzas antes de entregar sus armas.
Días antes, las AUC había rechazado una propuesta de Restrepo de comenzar a concentrar sus fuerzas. En esa ocasión, dijeron que el estado no podía proveerles seguridad en las áreas que los grupos paramilitares abandonarían.
Eludiendo la extradición
En la reunión con Restrepo, Mancuso lanzó la idea de un compromiso de las AUC de ayudar a erradicar 50.000 hectáreas de cultivos de coca -poco menos de la mitad del área cultivada de coca, de acuerdo con las últimas estimaciones de EU. Los funcionarios confían en que esto puede proveer un argumento aceptable en Washington, para que Uribe invoque sus poderes discrecionales y niegue ciertas extradiciones (como las de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso).
El día antes de ser publicado el manifiesto de las AUC, el gobierno devolvió al congreso, enmendado, el proyecto de ley introduciendo 'alternativas a la prisión' para combatientes que se rendían que fueran hallados culpables de delitos -un instrumento que recibió críticas dentro y en el exterior. En las enmiendas está incluida una provisión para crear un 'tribunal de la verdad'. Está excluido -por instrucciones específicas de Uribe- el tema de la extradición. Luego de su visita reciente a EU, Uribe reiteró que el compromiso del gobierno con la legislación que permite la extradición de colombianos a EU, por cargos relacionados con las drogas, permanece sin cambios. Vale señalar que esa legislación no anula el poder del Presidente de rehusar la extradición.
Por las dudas, una iniciativa para reformar la constitución reintroduciendo la prohibición de extraditar a ciudadanos colombianos ha sido lanzada por la diputada Liberal Rocío Arias -que ha sido acusada por muchos, incluido el Vice-Presidente Francisco Santos, de 'trabajar para' los paramilitares. Arias afirma que ya tiene suficiente apoyo para que su proyecto sea introducido en la agenda del congreso. Será interesante ver cuánto apoyo logra una vez en el congreso: luego de las últimas elecciones, Salvatore Mancuso se jactó que las AUC cuentan con el apoyo de 35% de los legisladores.
General amenaza divulgar vínculos con paramilitares
Aun antes que fuera creada la 'comisión de la verdad', propuesta por Uribe, el gobierno puede ser blanco de revelaciones embarazosas. La revista Cambio dice que un general enjuiciado por su supuesta participación en una masacre ha amenazado con decir todo lo que sabe sobre la colusión de los militares con los paramilitares, si sus superiores no le aseguran que será exonerado.
El General retirado Jaime Uscategui está acusado de complotar con una unidad paramilitar para la masacre de 30 campesinos en Mapiripán (Meta) en 1997. Fue condenado por una corte marcial a principios de 2001, pero la corte suprema anuló la condena y ordenó que Uscategui sea enjuiciado en una corte civil. Ahora está en una prisión militar en Bogotá. Su juicio se iniciará el 20 de abril.
Cambio publicó la trascripción de una grabación supuestamente de mediados de 2003, en la que alguien identificado como Uscategui amenaza con exponer los lazos de militares con los paramilitares, subrayando que 'eso es extremadamente serio, porque involucra algo que siempre hemos negado oficialmente: las conexiones entre las fuerzas armadas y los paramilitares.'