Informe Latinoamericano - 29 de setiembre de 2004
GUATEMALA: Pago a las PAC aprobado y de nuevo cuestionado
En teoría, el Presidente Oscar Berger ahora puede pagar la compensación prometida a las ex milicias conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC): promulgó la ley del congreso que fija las asignaciones necesarias, y así remueve las objeciones hechas a los pagos por la corte constitucional. Varias organizaciones derechos humanos, sin embargo, han anunciado que buscarán otra orden de la corte constitucional para impedir el pago.
Las PAC, constituidas en 1982, actuaron como auxiliares de los militares durante la campaña de contra-insurgencia. Formalmente voluntarios, en realidad fueron presionados para el servicio por los militares. Tienen una larga historia de abusos a los derechos humanos: por cuenta propia, participaron en más de 1.700 hechos con más de 3.400 víctimas; junto con unidades militares, tomaron parte en otros 10.600 incidentes, incluidas 342 masacres. Más recientemente, muchos de ellos actuaron como 'fuerza de choque' en organizaciones organizadas por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), liderado por quien les dio a las PAC un status legal, el retirado General Efraín Ríos Montt.
Cuando fueron desbandadas en 1995, había 375.000 miembros de las PAC, pero la administración Portillo reconoció a 520.000 con derecho a la compensación por sus servicios como auxiliares de los militares. El Presidente Alfonso Portillo emitió un decreto autorizando el pago de US$640 a cada ex PAC, pero retrasó el desembolso, hasta que amenazado por las violentas campañas de protestas lanzadas por los ex PAC, realizó un primer pago de US$215.
El Presidente Oscar Berger prometió cumplir la promesa de Portillo, pero la corte constitucional bloqueó los pagos diciendo que eran inconstitucionales, pues constituían desembolsos de fondos públicos que no estaban incluidos en el presupuesto nacional o aprobados por una ley del congreso.
Un proyecto de ley para superar ese obstáculo fue presentado por el General retirado Otto Pérez Molina, líder del Partido Patriota (PP), que actuó como 'zar de la seguridad' hasta que renunció en oposición al acuerdo de Berger con el FRG en el congreso [IL-04-28]. El proyecto fue convertido en ley por la cámara única del congreso el 19 de agosto. Entró en vigor el 20 de setiembre luego de ser promulgada por Berger.
Mario Polanco, líder del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una importante ONG de defensa de derechos humanos, dijo que unía sus fuerzas con organizaciones similares, para un cuestionamiento legal de la ley. Dijo que entre sus probables asociados en esa acción están la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de la Iglesia Católica (ODHA), el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y la Fundación Rigoberta Menchú (FRMT).
Polanco dice que esperan que la ley sea declarada inconstitucional por la corte constitucional, pero no explicó las bases específicas para ese argumento. En su primera intervención, la corte constitucional evitó hacer juicios sobre el récord de las PAC o incluso su precisa posición legal como auxiliares de los militares, concentrándose sólo en el hecho que el Presidente Portillo había actuado más allá de sus poderes constitucionales.