Informe Latinoamericano - 15 de diciembre de 2004

Determinado a seguir golpeando mientras la oposición está desorientada, el Presidente Lucio Gutiérrez logró la aprobación del congreso de una controversial maniobra, por la cual los 31 miembros de la corte suprema fueron removidos de sus puestos y reemplazados a toda prisa por nuevos designados. Los partidos de la oposición, lí­deres empresariales y la Iglesia Católica denunciaron el hecho como inconstitucional, pero Gutiérrez afirma que sólo fue para liberar a la corte del dominio del conservador Partido Social Cristiano (PSC).

La maniobra se basó en una tortuosa lectura de una provisión constitucional provisoria para interpretar que los mandatos de todos los jueces de la corte suprema en realidad habí­an terminado en enero de 2003, pero que ellos extendieron su permanencia indefinidamente. Con 52 de los 100 miembros de la cámara legislativa única de su lado, los jueces fueron destituidos y fueron designados otros nuevos. Sólo tres legisladores de la oposición votaron en contra de la decisión; el resto se retiró de la sesión.

Aparentemente, la mayorí­a de los nuevos designados son independientes, aunque varios tienen afinidades con los partidos de la 'nueva mayorí­a' pro-gobierno [IL-04-47]. La oposición está convencida que la razón real de la maniobra fue para que el gobierno obtenga suficiente influencia sobre la justicia para promover el rechazo de cargos pendientes contra el exiliado ex Presidente Abdalá Bucaram, y permitir su retorno sin trabas a Ecuador -que es lo que Gutiérrez le prometió a cambio del fundamental apoyo que le otorgó el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram. El resultado de esto se pondrá a prueba más adelante.

Guillermo Haro, legislador de la opositora Izquierda Democrática (ID), afirmó que varios de los nuevos jueces han sido objeto de informes adversos de agencias de la ley, y que otros no cumplí­an con los requerimientos legales para el cargo (aunque aún debe explicar esto en detalle). De acuerdo con Haro, las fuerzas armadas están con Gutiérrez en esta maniobra, lo que convierte a su gobierno en 'una dictadura civil y militar'.

La conferencia de obispos Católicos ha pedido al congreso que revea sus decisiones, basada en lo que describe como 'maltrato de la constitución y la división de poderes'. El reemplazo de la corte suprema, dicen los obispos, 'ha llevado la situación general del paí­s a extremos altamente peligrosos para el orden democrático.' Esta actitud tuvo eco en Blasco Peñaherrera, presidente de la cámara de comercio de Quito, que describió la maniobra del congreso como 'inconstitucional [y] un abuso de poder.'

El PSC, el blanco visible de la maniobra del gobierno, ha llamado al público que salga a las calles. ID hizo otro tanto. Los obispos Católicos también se hicieron eco de eso, mientras urgí­an que se evite la violencia. La confederación indí­gena Conaie, sin embargo, ha decidido no unirse a las protestas, sobre todo porque no desea ser visto como defendiendo la causa del PSC. El presidente de Conaie, Leónidas Iza proclamó: 'Los pueblos indí­genas no están alineados con ninguna fuerza polí­tica de la oligarquí­a. El Conaie está con los pobres y sigue una lí­nea independiente.' Se espera que su brazo polí­tico, Pachakutik, adopte esa misma actitud.