Informe Latinoamericano - 16 de marzo de 2005

Al escribir estas lí­neas, el congreso habrá comenzado a votar en detalle el proyecto de ley de 'justicia y paz' estableciendo penas 'alternativas' para los miembros de grupos armados que acuerdan desmovilizarse. Dos nubarrones penden sobre el evento: la afirmación de un prominente legislador que la ley incluye un subterfugio que permitirá a los traficantes de drogas eludir el castigo y la extradición, y un informe que los lí­deres paramilitares ya decidieron rechazarla si es aprobada en su forma presente.

Tres senadores Liberales -Rodrigo Rivera, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo- hicieron sonar la alarma sobre el subterfugio percibido durante el debate que terminó a medianoche el 9 de marzo. Afirman que una provisión en la ley permite a los combatientes ser acusados de sedición, una ofensa con una clara connotación polí­tica, lo que causa preclusión con otras ofensas como el tráfico de drogas. Según Rivera, la ley no distingue entre 'actores polí­tico-militares en el conflicto armado y traficantes de drogas disfrazados de comandantes de fuerzas irregulares, o que compran bloques de grupos ilegales para obtener el status de interlocutores polí­ticos del estado.' Si eso deja sin ser corregido, dijo que, 'podrí­amos estar en el umbral de una gigantesca operación de lavado de dinero en la historia.'

El senador Pardo también acusó al gobierno de haber abandonado la exigencia que los paramilitares liberan a los '509 rehenes sobre los cuales no sabemos nada' antes de tener derecho a cualquier beneficio.

El Presidente Alvaro Uribe y el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo han gastado gran parte del resto de la semana argumentando que la ley claramente excluye de sus beneficios a tres categorí­as u ofensas: traficantes de drogas y los culpables de enriquecimiento ilí­cito o crí­menes atroces.

Sus argumentos no convencieron al fiscal general Edgardo Maya, que dice que el aún tiene 'persistentes dudas' sobre si el gobierno no ha concluido algún acuerdo secreto con los paramilitares. El piensa que la equí­voca cláusula sobre el cargo de sedición debe ser removida del texto.

Rechazo paramilitar
Una persona que piensa que eso ya no importa, es la senadora Leonor Serrano, que pasó el fin de semana pasada consultando con lí­deres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar. Ella dice que varios de ellos ya no quieren ningún trato con el comisionado de paz Restrepo y no están dispuestos a rendirse bajo los términos de la ley ahora ante el congreso.

La principal objeción a la ley de 'paz y justicia' es que exige una inaceptable 'sumisión' con beneficios inciertos. Ellos se quejan que no pudieron aclarar sus preocupaciones con Restrepo porque él no ha visitado su zona de concentración 'por varias semanas'. Algunos también están preocupados porque, incluso si las más objetables provisiones de la ley son removidas, una vez aprobada la ley puede ser invalidada por la corte constitucional por un número de razones -comenzando con el procedimiento, que ha sido apurado mediante sesiones extraordinarias del congreso.

El senador Serrano ha estado tratando, sin éxito, de persuadir al gobierno y a las autoridades del congreso de posponer la votación, a fin de resolver los aspectos conflictivos. Como ella expresó en la red de radio Caracol: 'Es tonto comenzar a cocinar la sopa si la gente a la que le ofrecemos no la van a tomar.'