Informe Latinoamericano - 16 de marzo de 2005

Para cualquiera, la respuesta del Presidente Martí­n Torrijos al intercambio de acusaciones de corrupción entre jueces de la corte suprema [IL-05-10] ha sido notablemente rápida -casi como si lo hubiera anticipado. En cuestión de horas de irrumpir la crisis, Torrijos convocó a los presidentes de la justicia y la legislatura, más un grupo de testigos calificados, para firmar un 'Pacto de Estado por la Justicia' y formó una comisión que deberá, en 180 dí­as, producir propuestas detalladas para la reforma de la justicia.

Además de él mismo, el presidente de la corte suprema, José Troyano, y el presidente de la asamblea nacional Jerry Wilson, el 'Pacto' fue firmado por el fiscal general, el procurador de la administración, el defensor público y el presidente del Colegio de Abogados. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, una ONG que ha estado haciendo campaña por una reforma de la justicia, también ha sido invitada a unirse.

A la comisión se le ha confiado la misión de elaborar un borrador de 'polí­ticas de estado' para la reorganización de la justicia y la fiscalí­a pública. Incluirá idear un nuevo sistema para la selección de los jueces de la corte suprema y mecanismos para supervisar sus cuentas y desempeños, como también la de toda la pirámide del sistema judicial y de los procesos.

Torrijos dijo que esas reformas, 'simplemente no podí­an posponerse por más tiempo'. Describió ese organismo como 'no una comisión para estudiar algo [sino] un compromiso solemne para restaurar la confianza pública en la justicia.' Descartó las exigencias que han surgido para la remoción de los nueve miembros de la corte suprema, o cualquier otra iniciativa 'más allá de del marco de la constitución.' El presidente de la corte suprema, Troyano, señaló que esta era la primera vez que los presidentes de tres poderes del estado se han unido para asumir esa clase de compromiso.

El ex Presidente Guillermo Endara (1989-94) criticó duramente toda la iniciativa como absurda y sin contenido. La comparó con un sancocho (guiso panameño tí­pico), 'pero sin pollo, sin maí­z, sin papas y sin vegetales de ninguna clase.' Dijo que la ausencia de asociaciones civiles en la iniciativa, la convierte en una farsa 'para engañar al público'.

Algo que la iniciativa de Torrijos no hizo es frenar los procedimientos constitucionales provocados por la crisis. Una comisión legislativa ya está debatiendo si la asamblea deberá dar audiencia a dos acusaciones separadas de corrupción contra dos miembros de la corte suprema.

Una ha sido presentada por el abogado Florencio Barba, contra Aní­bal Salas, Winston Spadáfora y Arturo Hoyos; la otra remitida por la fiscalí­a pública, inicialmente presentada por el Frente Nacional Contra la Corrupción, una ONG, contra el ex presidente de la corte, Arnulfo Arjona. Este último fue acusado de haber empleado irregularmente a funcionarios; el primero de haber aprobado una serie de sentencias que resultaron en la liberación de personas acusadas de serios delitos. Si estas acusaciones llegan hasta la asamblea en pleno, los legisladores tendrán que decidir si inicia o no el juicio polí­tico a los jueces.