Informe Latinoamericano - 31 de agosto de 2005

Aún existe la posibilidad que las acciones de protesta en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbí­os se reinicien. Los organizadores han amenazado con hacerlo si las compañí­as petroleras privadas no ratifican para el 30 de agosto, un acuerdo alcanzado cinco dí­as antes, que las compromete para hacer inversiones en la infraestructura local y contratar localmente a más de su personal. La crisis ya ha costado mucho en términos de credibilidad y popularidad al Presidente Alfredo Palacio.

Las negociaciones entre el gobierno, manifestantes y compañí­as petroleras privadas, mediadas por el prefecto (gobernador) de Pichincha, fueron alentadas el 25 de agosto por el voto del congreso para levantar el estado de emergencia declarado por el Presidente Palacio. En pocas horas, todas las partes acordaron una fórmula que incluye aceptar las ofertas hechas por las firmas petroleras para revestir 260 kilómetros de caminos locales [IL-05-33], asignando a las dos provincias 16 puntos de su de sus 25% de impuestos a la renta, y contratar 80% de su personal locamente (el gobierno central ayudará a entrenarlos).

El gobierno y las compañí­as rehusaron aceptar una cláusula que impide cualquier represalia contra los organizadores de la protesta. En cambio, incluyeron una que los compromete a fomentar una 'atmósfera vecinal' y 'cooperar en armoní­a' que fue bastante abiertamente descrita como una manera indirecta de prometer que no habrí­a acciones legales contra las autoridades de las dos provincias.

El gobierno central perdió credibilidad cuando sus propios altos funcionarios fueron reduciendo el costo estimado de la protesta, puesto inicialmente por la ministra de economí­a Magdalena Barreiro en US$500m. Primero, el ministro de economí­a Iván Rodrí­guez redujo la cifra a US$400m. Luego la propia Barreiro dijo que podrí­a ser de unos US$200m. El gobernador de Pichincha, González, dijo que no se sorprenderí­a si resultaba ser de sólo unos US$60m; y sugirió que se manipulaba sobre el costo. El rating de popularidad del Presidente Palacio ha caí­do, como resultado de su manejo de las protestas, a 31%; nueve puntos menos que en julio y 22 menos que cuando asumió, en abril. Su rating de credibilidad cayó cinco puntos el mes pasado, a 29%; en abril era de 51%. No menos de 63% de los entrevistados para el sondeo realizado por Cedatos-Gallup, piensan que habí­a manejado las protestas de manera 'inadecuada'.

Para ser justos, las cosas no le fueron fáciles. En sus 129 dí­as en el poder afrontó 19 huelgas y acciones de protesta por maestros, granjeros, trabajadores del transporte público y habitantes de diferentes regiones y pueblos, exigiendo más inversión pública en infraestructura. La mayorí­a de los partidos polí­ticos han estado involucrados en esas huelgas o protestas, solos o unidos con otros.

Un conteo del diario Hoy muestra que el más activo fue el Movimiento Popular Democrático (MPD), que tomó parte en ocho. Lo siguen el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE: cinco), el Partido Sociedad Patriótica (PSP: cuatro), el Partido Social Cristiano (PSC: tres), la Democracia Popular (DP: dos), y la Izquierda Democrática (ID: uno).

Hay pocos signos que eso parará. La semana pasada, granjeros y campesinos montaron bloqueos en carreteras que van de Guayaquil a Manabí­ y Los Rí­os, exigiendo menores precios para sus consumos y prohibición de importaciones de comestibles competidores. También los maestros en Guayas y trabajadores de la salud en Guayaquil anunciaron nuevas acciones de huelga y un grupo de mujeres en Lago Agrio iniciaron una huelga de hambre para exigir inmunidad ante procesos por su participación en las protestas amazónicas.