Informe Latinoamericano - 31 de agosto de 2005

Se le ha presentado al gobierno del Presidente Alvaro Uribe un caso de prueba bajo su ley de 'justicia y paz': la desmovilización de un lí­der paramilitar que ha sido identificado públicamente en el congreso como un traficante de drogas buscado para ser extraditado a EU -justo cuando el fiscal general de EU, Alberto González, habí­a concluido con el jefe de la procuradurí­a Mario Iguarán, un acuerdo para asegurar la continuidad de la financiación de EU para el proceso de desmovilización.

El 23 de agosto, en la jungla del departamento de Chocó, con frontera sobre Panamá, 150 paramilitares del Bloque Pací­fico, liderado por Francisco Javier Zuluaga Lindo (Gordo Lindo), comenzaron a desmovilizarse. Ese mismo dí­a, en un comité del congreso, el senador Jimmy Chamorro (del Compromiso Cí­vico Cristiano con la Comunidad, C-4, evangélico), desafió al ministro del interior Sabas Pretelt para que 'deje de convertir la extradición en una farsa'. Dijo que Gordo Lindo ha sido un fugitivo evadiendo la extradición por cargos de tráfico de drogas desde 1999, que 'compró la licencia' del Bloque Pací­fico y se volvió uno de los negociadores por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

'El gobierno,' dijo Chamorro, 'tiene la obligación de investigar este caso hasta sus últimas consecuencias y extraditarlo por tráfico de drogas.'

Sabas Pretelt sorpresivamente afirmó que, por un lado, no habí­a traficantes de drogas disfrazados de paramilitares en las negociaciones y, por el otro, que bajo la ley de 'justicia y paz' cualquier paramilitar 'que haya cometido crí­menes atroces o que fue financiado por secuestros o tráfico de drogas serán juzgados y condenados por esos delitos' -aunque se beneficiarí­an de las penas alternativas previstas en la ley si ellos devuelven cualquier activo obtenido de manera ilí­cita y hace reparaciones a sus ví­ctimas.
El desafí­o lanzado por Chamorro es que el gobierno tendrá que probar que el aspecto punitivo de la ley será observado. Chamorro ha fustigado repetidamente al gobierno porque el ejecutivo recurre al privilegio de proteger a los lí­deres paramilitares contra la extradición.

Entrenando al equipo investigador
Un dí­a después del intercambio en el congreso, se anunció que se habí­a llegado a un acuerdo, por el cual EU entrenará a los fiscales públicos y los investigadores de la Policí­a Judicial asignados al equipo de la Unidad de Justicia y Paz a cargo de investigar la elegibilidad de los paramilitares desmovilizados para los beneficios de la ley de 'justicia y paz'. Ese entrenamiento será provisto bajo dos esquemas dirigidos por el Departamento de Justicia de EU: OPDAT (para los fiscales) e ICIPAT (para investigadores penales). Ya 718 fiscales colombianos y 879 investigadores han recibido similar entrenamiento.

Solo recientemente ha surgido que la opinión legal del Departamento de Justicia limpió el camino para que el gobierno de EU financie la desmovilización de las AUC, que parecí­a estar bloqueado por la combinación de dos factores: la clasificación pre-setiembre/11 de las AUC como organización terrorista internacional, y la aprobación pos-setiembre/11 del Acta Patriótica que criminaliza cualquier financiación de organizaciones de ese tipo.

La opinión legal fue que la financiación puede proceder bajo ciertas condiciones -básicamente la certificación que ciertos tecnicismos legales fueron observados. El entrenamiento del equipo de investigación colombiano es un primer paso hacia asegurar que ese obstáculo está eliminado.