Informe Latinoamericano - 23 de noviembre de 2005
COLOMBIA: Uribe en busca de acuerdos en varios frentes
En claro ánimo de reelección, el Presidente Alvaro Uribe luce conciliador. Ha hecho una nueva oferta de conversaciones con las guerrillas del ELN, que ha sido tomada. Ha dado instrucciones para buscar la formación de una comisión internacional para negociar un canje de prisioneros con las Farc. Y revirtió su propia decisión sobre la desmovilización de los paramilitares, permitiendo una extensión de varias semanas.
El acuerdo con los paramilitares fue primero. El 17 de noviembre, el ministro de interior y justicia, Sabas Pretelt (supliendo al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo) negoció con los comandantes paramilitares levantar el congelamiento que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) impusieron en octubre sobre la desmovilización hasta que el gobierno 'clarifique' su posición en varios temas.
En esa primera reunión, el gobierno admitió que la fecha límite para la des movilización, 31 de diciembre, podría extenderse (sólo por pocos días). Pretelt también dio seguridades a los líderes de las AUC que todos los que observen los términos fijados por la ley de 'justicia y paz' y la desmovilización 'no serían enviados a otro país'. Es decir, no serán extraditados a EU.
Agregó que cualquier miembro de organizaciones paramilitares, juzgado y convicto bajo la ley de 'justicia y paz' cumplirá sentencia en prisiones en Urrá, San José de Nus y Angelópolis, donde su seguridad estará garantizada.
Se realizó una segunda reunión el 21 de noviembre en la prisión de Itagüí, de alta seguridad, para que Diego Murillo ('Don Berna') tome parte. Fue la prisión de Don Berna lo que provocó el congelamiento de la desmovilización por las AUC. Al salir de ese encuentro, el líder 'político' de las AUC, 'Ernesto Báez', anunció: 'Esperamos que en el curso de esta semana, el público será informado del nuevo plazo de las desmovilizaciones -cómo comenzará el proceso, donde se harán las próximas desmovilizaciones, y las fechas correspondientes. Establecimos la posibilidad de 45 días extras [para completar las desmovilizaciones], pero aún seguimos conversando.'
El gobierno parecía haber aceptado la declaración de las AUC que aún había unos 10.000 combatientes paramilitares en armas. Al inicio de las negociaciones, su fuerza fue estimada en poco más de 9.000; a principios de la segunda mitad del año pasado, la presidencia trabajaba asumiendo que aún había 13.500 en el campo. Aunque el gobierno ha dicho que investigaría cuidadosamente a todos los que solicitan los beneficios de la desmovilización, al parecer las cifras han sido considerablemente infladas.
Las Farc
El 20 de noviembre, un comunicado de la presidencia anunció que Restrepo, el
comisionado de paz, fue 'autorizado a trabajar con una comisión internacional
para avanzar hacia un acuerdo humanitario que pueda permitir la liberación de
rehenes en poder de las Farc.' El gobierno calcula que hay 59 de esos cautivos,
entre políticos, miembros del ejército, oficiales de policía y tres 'personal
contratado' de EU. Algunos entre ellos están retenidos desde hace siete años.
El anuncio llegó un día después que Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (quizá la más prominente de los cautivos apoyada por los partidos Verdes de EU, Holanda, Australia y Taiwán, pidieron al Presidente Uribe que se abstenga de intentar un rescate militar de los cautivos. Eso fue provocado por un informe, días antes, de Carlos Lozano Guillén, editor del semanario Comunista Voz, que afirmaba que Uribe había dado instrucciones a los comandantes militares para que preparen un rescate 'a sangre y fuego'.
Aparte de decir que Restrepo 'ya ha dado los primeros pasos', el comunicado oficial no daba detalles de la nueva iniciativa. Intentos anteriores han tropezado con una serie de condiciones presentadas por las Farc, como el establecimiento de un área desmilitarizada para las negociaciones para el canje de prisioneros, y la exigencia de liberación de de todos los combatientes de las Farc prisioneros del gobierno, como también de los extraditados a EU.
El ELN
Poco antes de mitad de mes, el comisionado de paz Restrepo ha anunciado que el
gobierno lo había autorizado a buscar una nueva reunión con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), el segundo más grande grupo guerrillero. El 20 de
noviembre el diario de Medellín, El Colombiano, informó en su edición online
que había recibido una copia de un documento del ELN aceptando la oferta del
gobierno para mantener una 'reunión exploratoria'.
Eso podría significar reiniciar 'conversaciones sobre conversaciones' que tenían lugar de vez en cuando, desde 2002, y que terminaron en abril pasado.
Más allá de las fronteras
El ánimo conciliador se extendió más allá de las fronteras de Colombia. El
17 de noviembre el canciller adjunto Camilo Reyes, anunció que Colombia
suspenderá la fumigación de cultivos de drogas a lo largo de la frontera con
Ecuador, desde enero, mientras revisa ese programa. La canciller Carolina Barco,
más tarde se sintió impulsada a subrayar que esa suspensión sería temporal.
Ecuador, ya hace tiempo que exige esa medida, y ahora aguarda una disculpa de
Colombia por una supuesta incursión en territorio ecuatoriano [IL-05-45] -que
Colombia niega que haya tenido lugar.
El 19 de noviembre, el Presidente Uribe anunció una nueva cumbre con su par venezolano Hugo Chávez , para continuar con su 'política de confraternidad' y confirmó un esquema de Ecopetrol para construir un oleoducto de 177km hasta el Golfo de Maracaibo.
Financiación de EU
El congreso de EU ha dado a Uribe motivo para celebrar. En las versión final de
2006 del proyecto de asignaciones, el congreso aprobó US$734,5m para la
Iniciativa Andina Antinarcóticos. La Cámara rechazó las propuestas del senado
para limitar la ayuda militar y policial a Colombia y fijó un mínimo a la
ayuda que deberá gastarse en programas de desarrollo. El proyecto final eleva
la ayuda económica pero sólo en US$6,5m sobre el año previo. Al final, el
próximo año cerca de 80% de la ayuda de EU a Colombia irá a las fuerzas
militares y de policía; lo mismo que en años previos.
El congreso también aprobó US$20m para el actual proceso de desmovilización. Las condiciones adjuntas exigen que el Secretario de Estado certifique que los grupos paramilitares desmovilizados que reciben beneficios hayan renunciado a la violencia, y revelado su participación en crímenes pasados y su conocimiento de las estructuras paramilitares, fuentes de financiación, activos ilegales, y la ubicación de víctimas de secuestros y los cuerpos de desaparecidos -y que el gobierno colombiano provea su completa cooperación para extraditar a individuos que han sido acusados en EU de asesinato, tráfico de drogas y secuestro.