Informe Latinoamericano - 22 de febrero de 2006

Desarraigar las prácticas corruptas de las instituciones brasileñas prueba ser una ardua tarea. El poder judicial, que maneja casos de corrupción en otros ámbitos, resiste tenazmente los esfuerzos para impedir que los jueces contraten a parientes como personal de planta en sus oficinas y cortes. La semana pasada, la corte suprema tuvo que intervenir en apoyo del Conselho Nacional da Justiça (CNJ), que supervisa a la justicia, para sofocar una rebelión de jueces nepotistas.

El CNJ dio tiempo a los jueces hasta el 15 de febrero, para despedir a todos los familiares que emplearon en roles directivos o asesores, y también abstenerse de contratar sin previa licitación, a cualquier empresa en la cual sus parientes sean socios.

Al llegar la fecha fijada, sólo 460 de los 1.854 parientes de jueces empleados en todo el paí­s fueron despedidos. Otros 760 se mantení­an en sus puestos protegidos por interdicciones, y los restantes 634 sólo ignoraron la orden. Las interdicciones han sido logradas para frenar los despidos hasta que la corte suprema dictamine sobre la materia: un dí­a antes de la fecha tope, la corte hizo eso, a favor del CNJ.

Se conjetura que eso decide el destino de los casos conocidos de nepotismo en las contrataciones (la corte suprema aún no fijado fecha para el cumplimiento total). El CNJ, sin embargo, sabe que hay más casos no detectados, aunque más no sea porque las cortes en seis de los 27 estados de Brasil no cumplieron la orden de informar sobre esos contratos. Además, las cortes simplemente pasaron la información proveí­da por jueces individuales, y se asume ampliamente que muchos fueron menos que comunicativos.

Incluso las cifras dadas han sorprendido a la asociación nacional de magistrados. Su presidente, Rodrigo Collaço, afirmó después de conocerlas: 'El número es mucho mayor de lo que hemos imaginado, y eso justifican las medidas tomadas contra el nepotismo.'