Informe Latinoamericano - 15 de noviembre de 2006
COLOMBIA: Uribe sacudido por investigación a legisladores
El gobierno del Presidente Alvaro Uribe sufre una crisis de credibilidad luego que la corte suprema ordenó el arresto de tres legisladores de partidos que apoyan al gobierno, por sus lazos altamente embarazosos con grupos paramilitares. Más tarde ordenó que otros cinco políticos pro-Uribe sean investigados. La oposición saludó la decisión como un éxito para la justicia en Colombia, pero insinúa que era sólo la punta del iceberg.
El 9 de noviembre, la corte suprema ordenó el arresto de los senadores Alvaro García y Jairo Merlano, y el diputado Erik Morris Taboada. Como disfrutan de inmunidad parlamentaria, sólo pueden ser juzgados por la corte suprema, si los puede arrestar. Los tres se han ocultado. García y Morris dijeron el 11 de noviembre que ellos se entregarán si las autoridades prometen proveerles con protección, pero desde entonces no se oído nada más sobre ellos. García y Morris pertenecen al movimiento Colombia Democrática, establecido por el primo del presidente, Mario Uribe, mientras Merlano pertenece al Partido de La U, el miembro más grande de la coalición gobernante.
El 10 de noviembre, la corte suprema ordenó a la oficina del fiscal general que investigue a otros cinco prominentes aliados de Uribe por supuestos lazos con los paramilitares. Incluye a un ex gobernador del departamento Sucre, en la costa noroeste y ex embajador en Chile, Salvador Arana; otro ex gobernador de Sucre, Miguel Nule Amín, y un ex presidente de la asamblea provincial de Sucre, Angel Daniel Villarroel Barragán.
Los cargos
Los cargos más serios fueron lanzados contra el senador García, uno de los más poderosos caciques políticos en Sucre, que estuvo seis periodos consecutivos en el congreso. Está acusado de formar un grupo paramilitar en 1997, financiado con fondos públicos, para perseguir a las guerrillas en Sucre y preservar su poder político y el de sus cómplices.
García también está acusado de malversar Col$17m (US$7.400) de las finanzas públicas para establecer el grupo paramilitar y ordenar la masacre de 20 campesinos en Macayepo, en octubre de 2000. La corte dijo que la violencia fue usada para permitir que Morris se convierta en gobernador de Sucre en 1998, una posición que retuvo por dos años. Morris está acusado de "organizar, promover, armar y financiar grupos armados al margen de la ley"; Merlano, de pertenecer a un grupo paramilitar que apoyó su intento por una banca en el senado en las elecciones de 2002.
La corte dijo que luego de la desmovilización de paramilitares, Morris y Arana buscaron "preservar su dominación política de la región (Sucre) a través de la intimidación y el asesinato", formando el Frente Social por la Paz de Sucre en 2006, en alianza con el líder del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Jorge 40. Las reuniones con ese fin fueron grabadas en la computadora de Jorge 40, que la corte recientemente obtuvo de uno de los hombres de confianza del líder paramilitar (ver IL-06-42).
La política en Sucre ahora está en crisis: la decisión de la corte de arrestar a tres de sus más reconocidas figuras políticas siguió al arresto de cuatro diputados departamentales por supuestos lazos con Jorge 40, en setiembre.
Más serio que el "Proceso 8.000"
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que el caso era más serio que el "Proceso 8.000" de 1996, el nombre del escándalo que rodeó al ex presidente Ernesto Samper, por la supuesta financiación de la campaña presidencial de 1994 por traficantes de drogas que implicó a cerca de 20 legisladores. Carlos Holguín, el ministro del interior, admitió que había sido tomado por sorpresa por la noticia, que él dice que "golpea muy duramente a las instituciones del estado y el congreso". Dijo que más senadores y funcionarios públicos serían investigados por canalizar fondos del estado a los jefes paramilitares.
Durante la campaña de reelección de Uribe a principio de año, los partidos pro-Uribe en el congreso expulsaron a un número de legisladores por supuestos lazos con paramilitares. Sin embargo, esos últimos cargos, inevitablemente pusieron más presión sobre Uribe para investigar a sus seguidores políticos. Otros dos legisladores están acusados de tener reuniones con las AUC, luego de descubrir sus nombres en la computadora de Jorge 40. Uribe también estará bajo presión para endurecer la controversial ley de paz y justicia. Irónicamente, García, Merlano y Morris podrían recibir sentencias más largas -12 años- que cualquiera de los paramilitares bajo la ley de paz y justicia.
El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), que hostigó al congreso y la justicia para investigar los lazos políticos con los paramilitares, es decir, que el uribismo no erigió "suficientes barreras éticas". El saludó la decisión de la corte suprema: "La justicia ha renacido en Colombia [...] Uribe debe explicar al país y al mundo porqué muchos de sus asociados y partidarios tienen estos oscuros lazos con el paramilitarismo".
Justicia lenta para investigar
Debe haber cierta inquietud por el retraso de la justicia en llevar adelante las investigaciones. El Partido Liberal y el PDA han denunciado lazos entre los legisladores y los paramilitares por años, pero las investigaciones formales sólo se pusieron en marcha en julio de 2005, cuando Clara López Obregón, una ex candidata legislativa por el PDA, acusó a los tres hombres de ayudar a crear grupos ilegales armados. José Vicente Castaño, un ex líder de las AUC buscado por el gobierno, afirma que los paramilitares controlan 30% del congreso.
El gobierno ofreció la semana pasada una recompensa de US$5m, apoyado por EU, por información sobre el paradero de Castaño. También está decidido a reprimir lo que Uribe describe como "bandas emergentes" de paramilitares rearmados. Uribe dijo el 6 de noviembre que "si es necesario, los resultados se deben difundir cada día". La policía siguió sus palabras. El 10 de noviembre difundieron cifras en las cuales afirmaban que dos paramilitares de nueva generación fueron muertos y 173 capturados (47 ex miembros de las AUC) en los primeros diez meses del año.