Informe Latinoamericano - 1 de junio de 2007
BRASIL: Escándalo de corrupción llega hasta el senado
El último escándalo de corrupción que agitó la política brasileña alcanzó al senado esta semana. El presidente del senado, Renán Calheiros, fue acusado de haber aceptado sobornos de la firma de construcción, Mendes Júnior. Se establecerá una comisión parlamentaria para investigar la cuestión, que es probable que se convierta en una investigación aun más amplia. Esto puede afectar todavía más los planes del gobierno bajo su Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
El 29 de mayo, el Partido Socialismo e Liberdade (PSoL) requirió al consejo de ética del senado que verifique si Calheiros aceptó sobornos como afirmó la revista Veja. Calheiros hizo un discurso emocional clamando inocencia, pero admitió que no podía probar que no pagó por la crianza y educación de su hijo natural con dinero proveído por un allegado a la firma Mendes Júnior, como dice Veja. Como senador, Calheiros recibe un salario mensual bruto de R$12.700 (US$6.500). Sus ingresos, de acuerdo con él, son completados con "rentas de la actividad agrícola". Sin embargo, su ex amante confirmó que recibía R$16.500 (US$8.400) mensuales.
Para agravar las cosas, la policía federal dice tener una grabación de Calheiros prometiendo a uno de los acusados en el esquema de corrupción que presionaría al Presidente Lula da Silva para que incluya un proyecto de construcción en Alagoas en el PAC. El proyecto lo llevaría adelante Gautama, otra empresa de construcción que es propiedad de un aliado de Calheiros, Zuleido Veras. De acuerdo con informes locales, a Gautama se le habían otorgado varios contratos de construcción con el gobierno federal sin licitaciones. Los contratos de construcción tenían sobreprecios y muchos nunca fueron terminados.
El lanzamiento de una investigación sobre el presidente del senado disparará una investigación más amplia sobre alegatos que otros 18 actuales y ex senadores -y también 38 diputados de la cámara baja- también han recibido sobornos de Gautama. La seriedad de la situación puede medirse por el hecho que ninguno de los pares de Calheiros lo defienden públicamente. Calheiros fue aplaudido por los senadores luego de su discurso, pero todos abandonaron rápidamente el edificio del senado, y se han negado a hablar con la prensa sobre los alegatos. Por otro lado, Lula dijo que Calheiros es "inocente hasta que se pruebe que es culpable", una declaración que no suena muy optimista.
El escándalo también podría hacer caer a Dilma Rousseff, que fue ministra de minas y energía y que, actualmente, como jefa del gabinete de Lula, recibió la tarea de implementar el PAC. Rousseff fue forzada a llamar a los periodistas para negar que ella había hablado con Calheiros sobre la inclusión de proyectos en el PAC. Sin embargo, Rousseff fue fotografiada a bordo de un yate que pertenece a Veras un fin de semana en el verano, en Salvador. El propietario de Gautama no estaba en el yate. Una complicación más para ella puede ser la existencia de una supuesta lista de sobornos compilado por personal de Gautama, conteniendo los nombres de tres ministros, gobernadores, alcaldes y cinco auditores.
El ministro de justicia, Tarso Genro, confirmó la existencia de esa lista, pero dijo que "no se refería a sobornos, sino a regalos". La alegada participación de Calheiros en la corrupción podría ser aun peor para Lula, que sobrevivió a alegatos previos de corrupción contra funcionarios del gobierno debido a que el senador bloqueó investigaciones y movidas para el juicio político a Lula. Si Calheiros se ve forzado a renunciar, la presidencia del senado irá a la oposición. Eso retrasará la implementación del PAC.
- Enmiendas al presupuesto
El derecho de los diputados a hacer enmiendas al presupuesto para incluir proyectos en sus distritos, continúa siendo una de las principales fuentes de la corrupción en Brasil. El congreso aprobó un proyecto "moralizador" limitando los gastos para esos proyectos el año pasado, luego del escándalo de corrupción Sanguessuga. Sin embargo, la ley aún permite a los diputados presentar al menos una enmienda al presupuesto, incluyendo proyectos sin límite de precios. Es raro que esas enmiendas no sean aprobadas, y una vez que lo son, los contratos son otorgados a compañías con cercanos lazos con los políticos.