Informe Latinoamericano - 1 de junio de 2007

El vicepresidente de la corte suprema de Brasil, Gilmar Mendes, se quejó que la policí­a federal filtraba información para desmoralizar a la justicia. La queja revela el creciente antagonismo entre la policí­a federal y la justicia de Brasil. En verdad, no pasa un mes sin que la policí­a federal no descubra un escándalo de corrupción en los altos escalones del gobierno y, a veces, en la justicia. Mientras tanto, los jueces de la corte suprema han estado aplicando las leyes más indulgentes del paí­s a culpables de corrupción y absuelven a varios sospechosos.

Mendes sostiene que es una "campaña de marketing" para socavar a la justicia de Brasil. Como evidencia menciona que la policí­a filtró a la prensa el nombre de un homónimo, para vincularlo con el último escándalo de corrupción que agita a Brasil (ver página 7). Mendes dijo que fue en "venganza" porque él ordenó la libertad de varios de los 46 sospechosos arrestados la semana pasada en conexión con el último escándalo. Además, los jueces ordenaron esta semana la libertad de todos los sospechosos, pese a las evidencias y el hecho que muchos de ellos no se prestaron al interrogatorio de la policí­a cuando estaban bajo custodia.

Varios polí­ticos cercanos al gobierno han estado implicados en el escándalo. El consejo polí­tico del Presidente Lula da Silva, formado por los lí­deres de los partidos que forman su coalición y asesores jurí­dicos, cree que la policí­a federal debe mantener en secreto los nombres de sospechosos y arrestarlos sólo cuando se pruebe su participación en el delito. Esa parece también ser la opinión de la Orden de Abogados Brasileños y de la corte suprema, que juzga a legisladores, ministros, jueces y otros funcionarios con derechos especiales de proceso bajo la constitución corporativista de Brasil.

Sin embargo, los crí­ticos del manejo de la policí­a federal de las investigaciones, parecen olvidar que sólo pueden arrestar a las personas con una orden judicial previa, a menos que sean halladas en flagrante. Significa que los 46 arrestados para ser interrogados sobre el escándalo de corrupción tení­an orden de prisión aprobada por un juez, luego que la policí­a presentó un fuerte caso contra ellos, fruto de sus investigaciones. La policí­a no puede arrestar a ningún polí­tico en funciones, como legisladores, gobernadores, o ministros, para ser interrogados, debido a su status legal especial.

Lula ordenó a su ministro de justicia, Tarso Genro, que abra una investigación para determinar si la policí­a federal cometió "excesos" en su última operación, al arrestar a sospechosos sin evidencia y luego filtrando información que incrimina para hacerlos aparecer culpables. Genro dijo a los periodistas que pudo haber excesos, pero fue firme en decir que la policí­a federal cumplí­a bien su tarea. El propio Genro fue una vez implicado en un escándalo de finanzas de campaña en su natal Rí­o Grande do Sul. No se encontró evidencias en su contra. Pese a que su reputación estaba en juego, Genro no se quejó de la policí­a. Eso lo lleva a decir que los inocentes no deben temer. Para muchos brasileños, los polí­ticos nunca deben preocuparse porque nunca son llevados a juicio.

Lo notable en la orden de Lula Genro es que sugiere que la tarea de la policí­a federal crea problemas a la elite polí­tica, muy indulgente hacia la corrupción. En los cinco años pasados, Brasil sufrió varios escándalos de corrupción, lo que revela que la policí­a federal cumple bien su tarea de investigación. Sin embargo, pocos de los implicados van a la cárcel. Está por verse si este último escándalo hará que la elite polí­tica, y aun más la justicia del paí­s, inicie un proceso igual al Mani Puliti en Italia para castigar la corrupción en la polí­tica.