Informe Latinoamericano - 7 de setiembre de 2007 (INNS 1741-7317)

Siempre dispuesto a subir al primer plano polí­tico, el prefecto (gobernador) de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, elevó la tensión esta semana pidiendo al Presidente Evo Morales que renuncie por incompetencia y por llevar al paí­s al borde de la guerra civil. Reyes Villa no parecí­a ver inconsistencia entre sus afirmaciones ahora y su decisión en enero de viajar alrededor del mundo afirmando que los lí­deres electos democráticamente no debí­an ser forzados a dejar su cargo antes de completar su mandato. En ese entonces, el afrontaba pedidos de su renuncia, aunque no por el gobierno, por instigar una crisis institucional en Cochabamba al intentar convocar un referéndum sobre la autonomí­a, seis meses después que el anterior fue rechazado.

Morales denunció las declaraciones de Reyes Villa como "antidemocráticas, subversivas y racistas". Y agregó, astutamente, que Reyes Villa "tiene todo el derecho de hablar, aun si dice idioteces". Morales no estaba solo en condenar las declaraciones de Reyes Villa. Se le unieron figuras de todo el espectro polí­tico. El lí­der del opositor Podemos, Jorge Quiroga, dijo que pese a sus profundas diferencias con el gobierno y su convicción que poní­a en peligro la unidad del paí­s, su respeto por la democracia lo llevaron a rechazar los comentarios de Reyes Villa como "desafortunados y no muy inteligentes".

La inviolabilidad del cargo se ha vuelto un tema crecientemente relevante el 30 de agosto cuando el prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, representante del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), renunció diciendo que su posición se habí­a vuelto insostenible desde que surgieron las violentas protestas dos semanas antes por la decisión de la asamblea constituyente de no debatir si la capital de Bolivia debí­a mudarse de La Paz a Sucre [IL-07-34]. Sánchez dijo que renunciaba para evitar un "baño de sangre", cuando 100.000 partidarios del gobierno lleguen a Sucre el 10 de setiembre. Morales afirmó que el tema de la capital era un complot orquestado por grupos de la oposición para impedir que la asamblea redacte una nueva constitución.

Aun así­, el gobierno trató de lograr un acuerdo con el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, el lobby pro-Sucre, en una reunión en el edificio de la prefectura el 4 de setiembre, para preparar el terreno para que la asamblea constituyente se reúna de nuevo el 6 de setiembre: más de dos semanas transcurrieron desde la última sesión. La delegación del gobierno, liderada por Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia, hizo un número de concesiones, como prometer que cualquier nueva institución creada por la asamblea se basarí­a en Sucre, pero el Comité no fue impresionado. El mismo dí­a, 11 miembros de la dirección de la asamblea constituyente se reunieron. Ellos dijeron que el tema de la capital estaba fuera del ámbito de la asamblea (una decisión extraña, considerando su frecuente afirmación de ser plenipotenciaria), y que serí­a decidido por "una comisión de alto nivel" fuera de la asamblea. No dieron detalles sobre la composición de la comisión.

• Menos conflictos

La Fundación Unir Bolivia, una ONG que se especializa en temas como el diálogo y la negociación polí­tica, difundió un estudio la semana pasada, revelando que hubo un promedio de 26 conflictos polí­ticos y sociales por mes, de variada duración, en la primera mitad de este año. Eso se compara favorablemente con el número de conflictos bajo la administración de Carlos mesa (51 por mes), Gonzalo Sánchez de Lozada en su segundo mandato (34) y Hugo Bánzer y Jorge Quiroga (29) cuando los conflictos duraban un poco más en promedio. Esos resultados fueron compilados a través del análisis de de 15 años de informaciones de tres diarios nacionales.