Informe Latinoamericano - 7 de diciembre de 2007 (ISSN 1741-7317)

Pese al voto del congreso de cortar los lazos entre el ejecutivo los consejos de poder ciudadano (CPC), el Presidente Daniel Ortega siguió adelante con su plan original, haciendo caso omiso de las estructuras institucionales del paí­s. Una vez más, la oposición fue incapaz de unir fuerzas, enfrentar a Ortega o resistirse a su maniobra. Los grupos de la sociedad civil condenan sus acciones y advierten que si continúa abusando de los instrumentos de poder, invocarán su "derecho civil de revocar su mandato".

El 30 de noviembre, Ortega inauguró los CPC, que fueron creados por decreto el dí­a previo. Así­ como los consejos, el decreto también establece un gabinete nacional, compuesto de 272 representantes de los 15 departamentos del paí­s y dos regiones autónomas. Ortega actuará como presidente del gabinete y su esposa, Rosario Murillo, como coordinadora general. Ortega también emitió un decreto reformando el consejo nacional de planeamiento económico y social (Conpes) para "lograr mayor grado de participación en la formulación, evaluación y seguimiento de la polí­tica social en el paí­s", nombrando a Murillo secretaria ejecutiva.

Igual que la extendida crí­tica de los medios nacionales, la sociedad civil expresó inquietud por la violación de Ortega del procedimiento institucional. En un comunicado de prensa, la Coordinadora Civil (CC, formada por unos 300 grupos de la sociedad civil) advirtió que si Ortega sigue con sus polí­ticas "excluyentes" de importantes sectores sociales del paí­s, la CC invocará "su derecho civil de revocar su mandato". Aunque es una amenaza vací­a, demuestra la extensión de la oposición de los mismos sectores a los que se supone que Ortega busca darles poder con su énfasis en la "participación ciudadana". La CC dice que Conpes, junto con los consejos municipales, ya proveen un sistema de "participación ciudadana". En las crí­ticas de la CC está implí­cita su preocupación que los nuevos consejos servirán de instituciones partidarias para consolidar el poder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La acción de Ortega también sirvió para exponer las divisiones en la oposición. El diario La Prensa informa que el primer secretario y el primer vicepresidente del comité de dirección del legislativo (Wilfredo Navarro del Partido Liberal Constitucionalista y Luis Callejas de la Alianza Liberal Nicaragüense) llegaron a las manos, acusándose uno a otro de cobardí­a al rehusarse a publicar la ley aprobada por el congreso, que cortaba los lazos entre el ejecutivo y los CPC. También informó de una larga reunión entre Eduardo Montealegre, lí­der de ALN y Ortega, aparentemente sobre el presupuesto 2008. Especula que Montealegre acordó abandonar los esfuerzos por publicar la nueva ley, a cambio que Ortega use su influencia sobre el consejo supremo electoral (CSE) para que éste no lo remueva a él como lí­der legal de la ALN.