Informe Latinoamericano - 14 de diciembre de 2007 (ISSN 1741-7317)

El Presidente Rafael Correa fue claro desde el momento que concibió la idea de una asamblea constituyente que esta debí­a ejercer plenos poderes para reorganizar las instituciones de Ecuador y disolver el congreso. Al parecer los plenos poderes de la asamblea vení­an con una condición: no incluí­a el control sobre la rama ejecutiva. El 9 de diciembre, Correa amenazó con su renuncia luego que la asamblea ordenó una investigación sobre la alegada represión militar en la provincia de Orellana, rica en petróleo.

Correa estaba decidido a afirmar su autoridad sobre los eventos apenas surgieron las protestas en el pequeño pueblo de Dayuma, en Orellana. Declaró el estado de emergencia en la provincia y ordenó a los militares el arresto de "saboteadores antipatrióticos" que costaron al estado unos US$5m en pérdidas en la producción de petróleo al tomar el control de varias instalaciones petroleras y bloqueando las rutas de acceso [IL-07-48]. Los habitantes y grupos de derechos humanos acusaron a los militares de irrumpir en las casa y golpear a mujeres y niños y arrestar a 23 hombres. Arrestaron a la gobernadora provincial Guadalupe Llori fue arrestada y llevada a una prisión en Quito por "fomentar" las protestas.

El presidente de la asamblea, Alberto Acosta, prometió hablar con Correa para urgir al gobierno que acelere los procedimientos judiciales contra los arrestados bajo cargos de sabotaje y terrorismo, y para que libere a los inocentes. Correa se puso furioso. Afirmó que el comportamiento de las tropas habí­a sido ejemplar, y que el interpretarí­a el establecimiento por la asamblea de una comisión para investigar el manejo de mano dura de los militares, como una "puñalada por la espalda". Agregó que no tení­a la intención de cogobernar con la asamblea y que renunciarí­a si persistí­a con su propuesta.

Correa argumentó, con cierta justificación, que la asamblea debí­a dedicar más tiempo a elaborar la constitución en vez de ir más allá de sus funciones, pero eso se podrí­a decir por su decisión de disolver el congreso a solicitud de Correa. Los escarmentados delegados del bloque pro-gobierno, Alianza Paí­s (AP), se echaron atrás. Emitieron una hábilmente redactada resolución diciendo que cuando la asamblea logre establecer una comisión legislativa para reemplazar al congreso, se reservarí­a el derecho de abordar cuestiones polí­ticas, sociales o económicas en circunstancias "excepcionales" y "toda vez que ellas no constituyan atribuciones especí­ficas de otras instituciones." En otras palabras, es improbable que el gobierno tenga que rendir cuentas de sus acciones.

Delegados de la oposición, que forman una pequeña minorí­a en la asamblea, se burlaron de la AP por el público regaño, pero también preocupados por los arrogantes poderes de Correa ante la ausencia de un congreso y los reducidos poderes plenipotenciarios de la asamblea. Gilmar Gutiérrez, lí­der del segundo mayor bloque en la asamblea, Partido Sociedad Patriótica (PSP), insistió que la asamblea debe probar la alegada represión militar, mientras Alvaro Noboa, el presidente del Prian, prefirió reprochar a los delegados de la AP por responder ante el presidente en vez de ante el pueblo que los eligió.

Acosta se quedó muy callado luego del arrebato de Correa. Los delegados de AP acusan a la oposición de complotar para desestabilizar el paí­s. Fernando Cordero, vicepresidente de la asamblea, dijo que los delegados no discutieron una oferta de amnistí­a a los arrestados en Dayuma, como Correa sostuvo. Ya aplacado, Correa hizo una concesión a la asamblea el 11 de diciembre, luego de reunirse cuatro horas con grupos de derechos humanos: levantar el estado de emergencia en Orellana. Incluso ofreció formar una comisión para investigar las protestas.

• Escobas nuevas

Mientras la disputa con la asamblea constituyente se desenvolví­a, el Presidente Correa decidió designar a Ricardo Patiño como ministro para la coordinación de polí­ticas. Patiño es el "ministro de crisis" de Correa. Previamente fue ministro para asuntos costeros, para actuar como contrapeso de Jaime Nebot, el alcalde Guayaquil y principal oponente polí­tico de Correa. Por separado, Correa designó a una nueva canciller, Marí­a Isabel Salvador, en reemplazo de Marí­a Fernanda Espinosa, que renunció por razones de salud y ante las crí­ticas de Correa que Ecuador requerí­a más "diplomacia revolucionaria". Previamente, Salvador fue ministra de turismo.