Informe Latinoamericano - 10 de octubre de 2008 (ISSN 1741-7317)

El gobierno se ve en problemas para contener los graves efectos polí­ticos del que por mucho es considerado como el más serio escándalo de corrupción desde que el Presidente Alan Garcí­a asumió el poder en 2006. Hasta ahora, la ví­ctima de más alto perfil del escándalo, que incluye supuestos sobornos petroleros, es el ministro de energí­a, Juan Valdivia, pero podrí­a abarcar a más funcionarios del gobierno, poniendo incluso al Primer Ministro Jorge del Castillo ante los focos. Garcí­a tiene ahora la oportunidad de mostrar que hablaba en serio cuando se referí­a a reprimir la corrupción en la vida pública. Si él no logra convencer al público, entonces los eventos como el “dí­a nacional de protesta", que recibió respaldo esporádico el 7 de octubre, es probable que atraiga más apoyo en el futuro.

El escándalo salió a la luz en el programa investigativo de noticias Cuarto Poder, el 5 de octubre. El ex ministro del interior Fernando Rospigliosi presente en el show con las cintas grabadas de cuatro conversaciones telefónicas que él afirma que le fueron entregadas por un individuo anónimo. Las cintas proveen evidencia irrefutable que muestran que Alberto Quimper, presidente de la compañí­a estatal de licencias petroleras, Perupetro, y Rómulo León, un prominente miembro del Partido Aprista Peruano (PAP) de Garcí­a, eran culpables de tráfico de influencia. Supuestamente, ellos aceptaron sobornos para asegurar que una diminuta compañí­a noruega, Discover Petroleum, gane cinco de las siete licencias de exploración petrolera, al participar en una subasta en setiembre: los cinco bloques están localizados en la región costera de Pisco y la región sureña de la Amazoní­a de Madre de Dios.

Las revelaciones provocaron las renuncias de Valdivia, y César Gutiérrez, presidente de la compañí­a estatal de operaciones petroleras, Petroperú, el 6 de octubre. Casi con certeza, fueron forzadas por Garcí­a, que está dispuesto que lo vean actuando contra la corrupción, cuyo espectro que acechó su primera administración de 1985 a 1990 (la creciente inflación, que ciertamente no es exclusivo de Perú, también evoca comparaciones con el primer mandato de Garcí­a). Garcí­a ha mostrado una fuerte señal de su intención rescindiendo los contratos petroleros con Discover Petroleum. La compañí­a admite haber hecho pagos a León, pero insiste en que fueron pagos legales, y sólo significaba utilizar sus servicios como un asesor para la presentación de su oferta.

Claramente, Garcí­a esperaba que eso cortarí­a de raí­z el escándalo pero, sólo un dí­a más tarde, el Primer Ministro Jorge Del Castillo fue forzado a defenderse a sí­ mismo luego que el diario Perú 21 publicó la trascripción de una conversación en las cintas, registrada en febrero, entre León y un representante dominicano de Discover, Fortunato Canaán. El nombre “Jorge" surgió en varias ocasiones, con León comentando que “Jorge" ayudarí­a a organizar una reunión con Garcí­a y ejecutivos de Discover. Esa reunión tuvo lugar en abril. Del Castillo negó que él fuera el “Jorge" en cuestión. El agregó que no habí­a nada impropio en el hecho que el Presidente se reúna con inversionistas potenciales.

La corrupción es un problema especialmente sensible en Perú. Los peruanos se han acostumbrado a la cultura del soborno bajo el autoritario ex presidente Alberto Fujimori, más notablemente los tristemente célebres “vladivideos" -los comprometedores videos acumulados por Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori, que invariablemente filmaba a funcionarios aceptando sobornos. Si Garcí­a pretende tener alguna chance de ganar de nuevo la confianza de los peruanos, necesitará tomar acción concreta contra la corrupción.

Por esta época, hace un año, Garcí­a creó una oficina nacional anti-corrupción (ONA) luego que la oposición acusó a su ministro del interior Luis Alva de irregularidades. En ese entonces, Garcí­a dijo que la nueva oficina “conducirá la lucha contra la corrupción dentro del paí­s, el gobierno y oficinas públicas" [IL-07-42]. El hecho que la ONA fue cerrada por el gobierno en agosto (y sus funciones transferidas a la oficina del fiscal general y la oficina del contralor general) plantea preguntas acerca de la voluntad polí­tica de la administración Garcí­a de luchar contra la corrupción.

Signos de unidad en la oposición
Lo preocupante para Garcí­a es que la oposición polí­tica, que él ha dividido exitosamente desde que llegó al poder en 2006, está mostrando signos de unidad frente al escándalo de corrupción. La lí­der de la conservadora Unidad Nacional (UN), Lourdes Flores, pidió cambios ministeriales totales, y anunció que ella presentarí­a una moción de censura contra todo el gabinete, frente a la “muy seria corrupción" por “cercanos asociados" de Garcí­a.

El lí­der del izquierdista Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, aplaudió sus palabras, y prometió respaldar la moción de censura. Otros cuatro partidos siguieron el ejemplo, incluido (con amarga ironí­a) el bloque fujimorista. Solamente la Unión por el Perú (UPP), un buen aliado en los mejores tiempos, está actualmente con el PAP: su apoyo no será suficiente si la moción se debate en el congreso la semana próxima.

Acción de protesta
Fue contra ese telón de fondo que la Confederación General de Trabajadores del Perú, y el sindicato de maestros, Sutep, organizaron un “dí­a nacional de protesta" el 7 de octubre contra las polí­ticas económicas del gobierno. Quizá intimidados por el anuncio de Garcí­a que serí­a desplegado el ejército para asistir a la policí­a, muchas personas no participaron, y la “huelga macro-regional" en Cuzco, Arequipa y Puno fue un fracaso (literal y metafóricamente en Cuzco). Sin embargo, está planeada una protesta mucho más grande para el 4 de noviembre, y con el público más convencido que nunca que el gobierno está practicando una economí­a cuyos efectos no benefician al público.

• Investigación
  El congreso de Perú aprobó un comité especial multipartidario para investigar el escándalo de corrupción. El comité analizará todos los contratos que involucran a Petroperú y Perupetro desde 2006. Su objetivo es emitir un informe dentro de 60 dí­as. Eso podrí­a ser muy ambicioso. Un comité del congreso al que le dieron 90 dí­as en marzo para analizar la formación, función, organización y financiación de las Casas de Alba que operan en Perú “supuestamente vinculadas con el gobierno de Venezuela". Su informe final ahora se ha fijado que sea entregado recién en diciembre.