Informe Latinoamericano - 17 de octubre de 2008 (ISSN 1741-7317)

El Presidente Evo Morales está trabajando sobre tres ví­as simultáneas para lograr que la nueva constitución de Bolivia sea aprobada lo más pronto posible. Una es la del “diálogo" que se desarrolla en el congreso bajo la vigilante mirada de los observadores de Unasur. Otra es la presión en las calles, con las organizaciones pro-gobierno convergiendo sobre La Paz para ejercer presión sobre los legisladores. La tercera es una convocación formal a una sesión en el congreso para convocar al retrasado referéndum sobre la constitución.

Un acuerdo fue alcanzado entre todos los partidos representados en el congreso, el 8 de octubre, para abrir un “diálogo" formal con la intención de producir un consenso sobre el contenido de la nueva constitución y el llamado al referéndum para ratificarla. Fue creada una comisión especial, con cuatro representantes cada uno del Movimiento al Socialismo (MAS) y el opositor Poder Democrático y Social (Podemos), y tres cada uno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Unidad Nacional (UN) -estos dos últimos en oposición al gobierno. El gobierno permanece firme en que la constitución, debe permanecer tal como ha sido aprobada en diciembre (con la excepción de un solo artí­culo sobre el cual no hubo consenso en la asamblea constituyente). La oposición está igualmente firme que deben realizarse 11 enmiendas a la constitución antes de ser sometida a un referéndum. La exigencia de la oposición demandarí­a ignorar la decisión soberana de la asamblea constituyente, pero el gobierno ya ha torcido las reglas alterando el requerimiento de una mayorí­a de dos tercios para la aprobación de la nueva constitución por la asamblea.

La comisión inició sus tareas el 9 de agosto, pero hasta ahora la oposición no ha recibido una respuesta formal a su demanda de enmiendas. En cambio, el gobierno respondió indirectamente en otras dos arenas. Por un lado avaló la iniciativa de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), una asociación de sindicatos y organizaciones sociales pro-gobierno, de realizar una marcha de 200 kilómetros, desde Caracollo, en Oruro, hasta La Paz, para culminar en una “vigilia" alrededor del congreso. Los organizadores insistieron en que no se repetirá el “sitio" del 28 de febrero, en el cual a los legisladores de la oposición se les impidió asistir a la sesión. Morales llegó el 13 de octubre para acompañar a los manifestantes. Se espera que la marcha llegue a la capital alrededor del 20 de octubre.

El dí­a después de iniciarse la marcha, el Vicepresidente Alvaro Garcí­a Linera, en su rol de presidente del congreso, emitió un pedido para una sesión conjunta de la legislatura el 16 de octubre, para votar sobre la convocación del referéndum sobre la constitución. La oposición desechó tanto la marcha como la convocación al congreso, como intentos del gobierno de ejercer “presión". Los lí­deres de la oposición dijeron que no era realista esperar un consenso sobre la constitución antes de la sesión, a lo cual el gobierno ha respondido que  la convocación del congreso y el “diálogo" gobierno-oposición debí­a seguir adelante “en paralelo".

Está bastante claro que en cualquier votación del congreso previa a un acuerdo con la oposición, el gobierno no alcanzará la mayorí­a de dos tercios  que necesita para que se apruebe el llamado a un referéndum constitucional. Evidentemente, está tratando de arrinconar a la oposición mientras sigue lanzando suficientes mociones formales para asegurar que continúe el apoyo de Unasur y otros observadores internacionales. En términos prácticos, puede tener la esperanza que la oposición reduzca considerablemente el número y la naturaleza de las enmiendas que está exigiendo, en vez de correr el riesgo de aparecer como intentando reavivar la crisis que provocó la participación internacional.