Informe Latinoamericano - 8 de mayo de 2009 (ISSN 1741-7317)

Uno de los últimos sí­mbolos de la dictadura militar de Brasil (1964-1985), la llamada Lei de Imprensa, que fue impuesta para poner freno a la libertad de la prensa brasileña, llegó a su fin la semana pasada. Siete de los 11 jueces de la corte suprema votaron a favor de su revocación. La Lei de Imprensa fue considerada “incompatible" con la constitución de Brasil y, de ahora en más, los casos contra periodistas deberán estar basados exclusivamente en la constitución y el actual código penal del paí­s.

La constitución brasileña promulgada luego del fin de la dictadura, defiende el derecho a la prensa libre y previene cualquier censura a la libertad de expresión. Desde hace tiempo se desarrolla una permanente campaña para anular la Lei de Imprensa, que permite sentencias de prisión por delitos como “difamación", denigración" e “insultos".También impide cualquier participación extranjera en los medios brasileños. Con la anulación de la ley, los periodistas brasileños y los medios ahora serán procesados bajo las regulaciones del código penal sobre calumnias y difamación.

En febrero de 2008, la corte suprema primero dictaminó la suspensión de 22 de los 77 artí­culos de la ley por seis meses, citando su incompatibilidad con la constitución. Esta decisión fue extendida en setiembre de 2008. En principio, la mayorí­a de los jueces acordaron que la Lei de Imprensa era draconiana, pero hubo acalorados debates con relación al derecho de apelación para aquellos que sienten que han sido ví­ctimas de falsos demandas.

Curiosamente, el presidente de la corte suprema, Gilmar Mendes y su par Joaquim Barbosa, que tuvieron una riña pública el mes pasado, llevando a la corte suprema a una crisis institucional, acordaron que partes de la Lei de Imprensa debí­an quedar en vigencia para frenar los “abusos" de las leyes que regulan el periodismo. Barbosa llegó a afirmar que los medios de Brasil estaban concentrados en las manos de un pequeño número de personas, sugiriendo que la cobertura de la prensa brasileña era sesgada, y que eso “dañaba a la democracia."

Pero, la mayorí­a de los jueces decidieron que la Lei de Imprensa debí­a ser anulada en su totalidad. “La regulación de la prensa no puede llevarse a cabo con una ley que fue impuesta con el claro objetivo de restringirla," afirmó Carlos Alberto Direito. “La vieja legislación fue impuesta en tiempos de excepción democrática, y su objetivo fue exclusivamente dirigido a frenar al máximo la libertad de expresión, con el fin de consolidar el régimen autoritario que controlaba al paí­s en ese entonces," dijo Ricardo Lewandowski.

Como era de esperar, las asociaciones de prensa aplaudieron la decisión de la corte suprema. Pero la Associação Nacional de Jornais (ANJ) emitió una declaración defendiendo la aprobación de la nueva legislación por el congreso para compensar el fin de las garantí­as que estaban incluidas en la Lei de Imprensa y que no están claramente definidas ni en la constitución ni en el código penal. Entre esas garantí­as estaba el derecho a la apelación, que fue una de las causas del desacuerdo en la corte suprema.

Los polí­ticos con una historia en la defensa de la libertad de prensa estaban divididos. El presidente de la cámara baja del congreso, Michel Temer, dijo que no serí­a necesario crear una nueva legislación, pues la constitución garantiza el derecho a la información, el secreto de las fuentes y las penas por eventuales abusos. Gustavo Fruet, diputado por el opositor Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), dijo que eran necesarias “reglas claras con relación al derecho a apelar y cómo exigirlo". El senador Marco Maciel, que sirvió como vicepresidente de Brasil durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, dijo que “se necesita una nueva ley [de medios] que esté en armoní­a con la nueva vigencia de la ley, y que también cubre el advenimiento de nuevas tecnologí­as" para el ejercicio del periodismo.

• Collor

El opositor Partido Popular Socialista (PPS) vinculó al Presidente Lula da Silva con el enjuiciado ex presidente Fernando Collor en una publicidad por la TV, luego de una filtración que sugerí­a que el gobierno estaba planeando cambiar las reglas sobre las cuentas de ahorro. La administración Collor (1990-1992) se volvió famosa no sólo por la corrupción, sino también debido a su decisión de confiscar los ahorros por un año, con la excusa de combatir la hiperinflación. Lula dijo que el PPS tení­a “una actitud insensata" y que actuaba con “total irresponsabilidad" al afirmar que el gobierno “tocarí­a los ahorros".