Informe Latinoamericano - 21 de agosto 2009 (ISSN 1741-7317)

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta semana la nueva ley de educación, Ley General de Educación (LGE), tres años después de las masivas protestas de estudiantes exigiendo la reforma de la ley de educación (Loce) de la era Pinochet. Los estudiantes afirmaron que la nueva ley era “una traición". El problema es que la ley no tiene ningún efecto hasta que el congreso apruebe dos “proyectos de ley de implementación" para crear una superintendencia de educación y una agencia de control de calidad, y para proveer más fondos para la educación en escuelas del estado.

Las escuelas en Chile son públicas, privadas, o de propiedad privada y subsidiada por el estado. La ley Loce preservaba el elitismo y la segregación en la educación, a través de la discriminación y la selección en escuelas públicas y las subsidiadas por el esto. Aunque la LGE avanza cierto trecho hacia la solución de eso, poniendo fin a la selección para estudiantes hasta el noveno grado (14-15 años), el gobierno sólo logró impulsarla en el congreso el año pasado aceptando incorporar varias cuestiones espinosas en proyectos de ley separados.

La discutida superintendencia de la educación es una de esas cuestiones. Debe asegurar que las escuelas reúnan el mí­nimo estándar educacional para recibir los subsidios del estado. Eso está diseñado para poner fin a la especulación por empresarios inescrupulosos que pueden abrir una escuela y recibir fondos del gobierno sin obligación de reunir ningún estándar de calidad. El proyecto de ley ante el congreso sólo permitirá que organizaciones sin fines de lucro y municipales establezcan una institución educacional.

Arresto de Mapuche
Las protestas estudiantiles no son la única preocupación del gobierno. Unas 3.000 personas asistieron al funeral del activista Mapuche, Jaime Mendoza Collí­o, el 16 de agosto, cuatro dí­as después de resultar muerto en un choque con la policí­a armada, los Carabineros, que trataban de desalojar a activistas que habí­an invadido una propiedad privada en Araucaní­a, en el sur de Chile. El fue el tercer activista Mapuche muerto por los carabineros desde 2003.

Bachelet llamó a un “diálogo" y despachó una comisión de alto nivel a Araucaní­a esta semana, pero los Mapuche parecen intentar radicalizar su causa. “Si el estado chileno desea eliminar a los Mapuche de una vez por todas, dejen que lo trate de hacer, pero nosotros forjaremos nuestro propio frente de resistencia y no vamos a tolerar que nos sigan masacrando," dijo Juan Huenchullán, el vocero del grupo Temucuicui.

Juan Catrillanca, lonko, o jefe, de los Temucuicui, se convirtió en vocero para la nueva organización, la Alianza Territorial Mapuche la semana pasada, que agrupa juntos a unos 60 movimientos Mapuche. Dijo que ellos acelerarí­an la incautación de tierras de propiedad de no-Mapuches en Araucaní­a.

• La Isla de Pascua

Nativos de la Isla de Pascua bloquearon la pista del aeropuerto por dos dí­as, el 15 y 16 de agosto, para exigir mayores controles aduaneros para prevenir el flujo de chilenos del continente. Un grupo llamado a sí­  mismo Parlamento Rapa Nui, dijo que los extranjeros (entre los que incluye a los chilenos del continente) están superpoblando la isla, dañando el ecosistema y llevando a un incremento en el delito y prácticas no-tradicionales como el comercio callejero. Luz Marí­a Zasso Paoa, la alcalde de la isla, que tiene una población de 4.000 habitantes y recibe unos 50.000 turistas por año, dijo que la visa de turista como la emitida en las Galápagos, deberí­a ser requerida para todos los no-residentes.