Informe Latinoamericano - 21 de agosto 2009 (ISSN 1741-7317)

El Presidente Hugo Chávez promulgó una nueva ley de educación el 15 de agosto, que habí­a sido aprobada por la asamblea nacional un dí­a antes. Chávez dijo que proveerí­a igualdad de oportunidades para los pobres y marginados. La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, apoyada por universidades públicas y federaciones de estudiantes, está convocando a una larga marcha hasta el edificio de la asamblea nacional para el 22 de agosto, para protestar contra la nueva ley y exigir que sea sometida a un referéndum. Afirma que la ley conducirá al “adoctrinamiento socialista" en escuelas y universidades. “Si la burguesí­a chilla, es porque la ley educativa es buena," respondió Chávez .

El ministro de educación, Héctor Navarro, dijo que la nueva ley garantizarí­a una educación para todos estableciendo las “misiones" educacionales como permanentes; permitiendo al estado ejercer mayor supervisión sobre el sistema de escuelas públicas; y haciendo las polí­ticas admisiones a la universidad más democráticas. La ley también excluye deliberadamente la educación religiosa del currí­culum. Esto hizo que el Cardenal Jorge Urosa, el arzobispo de Caracas que frecuentemente choca con el gobierno, declare que la Iglesia Católica Romana buscará “impartir religión por otras ví­as".

Navarro también insistió en que la nueva ley prohí­be la propaganda polí­tica en las escuelas, Varios artí­culos de la ley contradicen la afirmación de Navarro. La ley afirma ser un instrumento para crear “al nuevo hombre y mujer de la sociedad socialista". Introduce el concepto del “Estado Docente", que la oposición arguye que conducirá a la imposición de la ideologí­a socialista sobre los que enseñan y la exclusión de aquellos que piensan diferente. También consagra la “doctrina Bolivariana" como la base de la educación, y más controversialmente, otorga a los consejos comunitarios -asambleas de la comunidad dominadas por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la misión especí­fica de construir un “nuevo modelo de sociedad socialista- los poderes para supervisar y controlar el proceso educacional.

La nueva ley también constriñe la autonomí­a universitaria. Provee una distribución más igual de los fondos de la universidad entre universidades del gobierno y las universidades autónomas, como la Universidad Central de Venezuela (UCV), que son financiadas por el gobierno pero que toma sus decisiones independientemente. Sus presupuestos, la designación y evaluación del personal, y la polí­tica de admisiones, ahora estarán controladas por el gobierno. Sólo a aquellas instituciones cuya autonomí­a es reconocida por el Estado, se les otorgará “libertad intelectual".

La ley reemplaza a las “federaciones de estudiantes" con los “consejos de estudiantes" -rechazados en la propuesta de reforma constitucional de 2007. Al parecer está diseñada para someter a las federaciones de estudiantes que han aportado parte de la más concertada oposición a Chávez en años recientes.

Los rectores universitarios emitieron una declaración amenazando con no implementar la ley. Ellos lideraron una marcha de protesta hasta la asamblea nacional el 13 de agosto con organizaciones de padres y maestros y federaciones estudiantiles. Fueron dispersados por la policí­a antimotines con gas lacrimógeno intentando mantenerlos separados de los partidarios del gobierno. Una docena de periodistas que protestaban contra la ley fueron atacados y heridos.

La oposición también cuestiona la manera en que fue aprobada la ley. Fue aprobada en un primer borrador en 2001, desde entonces ha estado atascada en la asamblea nacional, hasta junio, cuando el gobierno la revisó sustancialmente. Fue entonces que se apuró durante las vacaciones de verano, sin permitir una consulta pública. Los medios de la oposición perjudicaron la causa de los detractores de la ley afirmando falsamente que dos artí­culos de la ley permití­an al Estado retirar a los hijos de entre tres y 20 años de sus padres para realizar un adoctrinamiento socialista.

• Delitos mediáticos

La nueva ley también prohí­be a los medios publicar noticias que “causen terror en los niños, inciten el odio, ataquen los sanos valores del pueblo venezolano, o la salud mental y fí­sica de la población." Esto posee una notable semejanza con la ley sobre delitos mediáticos que la fiscal general, Luisa Ortega, presentó a la asamblea nacional a principios de agosto, pero que quedó postergada luego de la fuerte condena internacional [IL-09-31]. Esa ley abogaba por sentencias de hasta cuatro años para quien resultara culpable de cometer delitos mediáticos. La pena bajo la nueva ley de educación llegará hasta la suspensión de las publicaciones culpables de esos delitos.