Informe Latinoamericano - 21 de agosto 2009 (ISSN 1741-7317)
BOLIVIA: Nueva acometida del ejecutivo contra la justicia
La crisis institucional de Bolivia está alcanzando nuevas profundidades mientras el poder ejecutivo y el legislativo se unen para desmantelar lo que queda del más alto escalón de la justicia. Al comenzar los procedimientos del juicio político en el congreso contra el suspendido presidente de la corte suprema, el ejecutivo ha anunciado que se presentarán acusaciones contra siete jueces de la corte suprema. En ambos casos, los magistrados están siendo culpados por no ceder a la voluntad del ejecutivo.
En momentos de preparar esta edición, el senado boliviano está preparando poner bajo juicio al presidente de la corte suprema, Eddy Fernández, que fue suspendido en mayo pasado por la cámara de diputados acusado de haber retrasado deliberadamente el juicio del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros, que a quienes se responsabiliza por la muerte de más de 60 personas durante la represión de las protestas en octubre de 2003.
El senado, dominado por la oposición, es probable que no le facilite las cosas al gobierno en este caso, pero su desempeño pasado sugiere que es vulnerable a las tácticas de fuerte presión por el ejecutivo.
El 15 de agosto, cuando siete magistrados de la corte suprema dictaminaron contra el intento del gobierno de transferir a La Paz los juicios de aquellos supuestamente involucrados en un complot terrorista en Santa Cruz, descubierto en abril [IL-09-16], el Vicepresidente Alvaro García Linera anunció que se establecerían procedimientos contra los magistrados por actuar “en violación de los procedimientos internos de la corte y violando una cuestión que involucra la protección de la sociedad y del estado." Su dictamen, dijo, “es una señal que fortalece la impunidad en un asunto muy delicado: la seguridad del estado."
El gobierno central inicialmente había arrancado el caso de Santa Cruz, sobre la base que los gobernantes separatistas y funcionarios de ese departamento estaban involucrados en el complot. García Linera agregó una razón más: que la justicia en Santa Cruz “es una de las peores en el país porque no administra justicia [...] sino que manipula al servicio de intereses personales." Esa posición fue avalada por el Presidente Evo Morales, que dijo que la justicia de Santa Cruz “sólo deja en libertad a los criminales".
El fiscal de La Paz al que se le confió el caso, Marcelo Soza, dice que la decisión de la corte suprema era “ilegal", y que él buscará componerla a través de “un instrumento jurídico", que él n o identificó. El tiene un problema con eso. La recientemente descabezada corte suprema es la más alta corte en la tierra, y lo más que él puede hacer es pedir que reconsideren la decisión. El hecho que siete de sus miembros han sido amenazados con lo que puede solamente ser procedimientos de juicio político, no es una buena señal para Soza.
En cualquier otra ocasión el podría haber tratado un desafío constitucional, pero la corte constitucional está actualmente vacante: el último magistrado que resta, Silvia Salame, renunció en mayo, en protesta contra el acoso del Consejo de la Magistratura, el cuerpo de designaciones judiciales y de supervisión [IL-09-21]. Salame había estado conduciendo la corte solitariamente durante los dos años pasados luego de la renuncia de todos los demás magistrados, principalmente por motivos políticos.
La designación de los reemplazantes había sido retenida debido a que el gobierno y la oposición no lograron llegar a un acuerdo sobre los posibles designados en el senado.
- Carta Democrática
Es interesante señalar que este panorama de interrupción deliberada de una institución clave, la justicia, ha permanecido por debajo del radar de los más conspicuos defensores de la Carta Democrática Interamericana. La Carta fue adoptada el 11 de setiembre de 2001 en una sesión especial de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo central de fortalecer y sostener las instituciones democráticas en las Américas. La OEA ha sido blanco de fuertes críticas últimamente por no invocar la Carta en respuesta a la crisis institucional en Honduras que ha culminado con el derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya.