Informe Latinoamericano - 21 de agosto 2009 (ISSN 1741-7317)

La presión sobre el gobierno para que reconsidere su estrategia de seguridad está aumentando y proviene de dos lados. Por una parte, la casi diaria evidencia que la “estrategia de oleadas" no da resultados: eso involucra el despliegue de gran número de soldados y policí­as federales para quitar el control de áreas del paí­s de manos de las bandas de drogas. Por otra parte, los activistas de derechos humanos están arguyendo que el ejército toma demasiados atajos con relación al respeto por los derechos humanos cuando es utilizado como una fuerza policial.

Ambos grupos de crí­ticos de la estrategia de seguridad del gobierno pueden reunir muchas evidencias de la semana pasada para respaldar sus visiones. El primero podrí­a señalar informes de prensa que indican que el 17 de agosto ha dio un dí­a record para los asesinatos de las bandas, con 57 personas muertas por las bandas. Los activistas de derechos humanos pueden señalar la aparentemente ilegal redada en la casa de un prominente polí­tico, Manuel Espino Barrientos.

El gobierno no publica un conteo oficial de muertes, de ahí­ la afirmación que el 17 de agosto fue el peor dí­a en la guerra del gobierno contra el crimen organizado, no ha sido cuestionada. El previo peor dí­a fue el 14 de julio, cuando fueron asesinadas 53 personas.

El gobierno ha estado desplegando tropas y policí­as federales contra las bandas desde que asumió el Presidente Felipe Calderón, el 1 de diciembre de 2006. Hace un año el gobierno lanzó el Acuerdo Nacional por la Seguridad. Esta iniciativa fue diseñada para movilizar a todos los niveles del gobierno (municipal; estatal y federal) contra el crimen organizado.

La iniciativa no ha logrado reducir el conteo de muertes. En el primer año, 7.296 personas fueron asesinadas por los gangsters. En los 12 meses antes que fuera lanzado el acuerdo el 21 de agosto de 2008, fueron asesinadas 3.742 personas por los gangsters. La tasa diaria promedio de asesinatos desde que el Acuerdo fue firmado es ahora de 20.

El gobierno arguye que la tasa de asesinatos de México es aún baja en términos regionales. Eduardo Medina Mora, el Procurador General de la República admitió el 17 de agosto que la tasa de muertes era “seria y sin precedentes", pero afirmó a renglón seguido, que la tasa de muertes era menor de lo que era en 1994. También afirmó que la tasa de asesinatos de México, de 10,7 por cada 100.000 habitantes era menor que la tasa de asesinatos en Colombia (33 por cada 100.000 habitantes), Brasil (alrededor de 40 por 100.000), Guatemala y El Salvador (ambas con tasas de asesinatos de más de 50 por 100.000).

Medina Mora señaló que en 1994 la tasa de asesinatos fue de 18 por 100.000. No está claro si las cifras del gobierno incluyen ví­ctimas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Los grupos de derechos humanos estiman que al menos 400 personas resultaron muertas. La cifra oficial de muertes fue de 145.

Lo que inquieta al gobierno es que las bandas parecen haber finalizado el periodo de calma en que cayeron en la primera parte de 2009. Los meses más letales desde el Acuerdo fueron octubre y noviembre de 2008 (con 791 y 729 muertes por las bandas, respectivamente). En junio el cómputo de muertes estaba por encima de los 700 en el mes y julio no fue mucho menos.

El único consuelo que el gobierno puede extraer de las cifras es que seis estados (Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, y Baja California) sumaban 6.007 de las muertes desde el Acuerdo. Esto es 82,33% del total de muertes por las bandas. Menos alentador es que los estados donde hubo la mayorí­a de las grandes confrontaciones entre gangsters y las fuerzas de seguridad incluye a Nuevo León y Tabasco. Quintana Roo es otro estado con un gran problema de violencia relacionada con las drogas.

Sin embargo, el estado más violento es Chihuahua. Desde el Acuerdo, 2.955 personas fueron asesinadas en el estado por criminales organizados. El 17 de agosto, 33 personas fueron muertas en el estado. El epicentro de las muertes es Ciudad Juárez, en la frontera con EU. Pese al despliegue de una tropa de 8.000 hombres en las calles de la ciudad, las bandas actúan con impunidad. En tempranas horas del 17 de agosto, atacaron un night-club con ametralladoras, matando a ocho personas.

Dos dí­as más tarde mataron a Alan Cristian Domí­nguez, que encabeza la Policí­a Ministerial (PM) en Ciudad Juárez. La PM es la nueva agencia federal que se estableció oficialmente a fines de mayo de 2009, y que fue diseñada para reemplazar a la Agencia Federal de Investigación (AFI), que ha sido debilitada por las casi constantes revelaciones acerca de los lazos de los oficiales de la AFI con las bandas de drogas.

Otra preocupación para el gobierno es la creciente violencia relacionada con las bandas en Monterrey y Nuevo León. El 17 de agosto, hubo un tiroteo de tres horas entre gangsters y la policí­a en una de las principales calles de Monterrey, que dejó el saldo de cuatro personas muertas.

Derechos humanos
Los activistas de derechos humanos tienen dos piezas de evidencias para usar al argumentar que el uso del ejército se está manejando con mano muy dura. El primero es la redada por el ejército en una casa que pertenece a Manuel Espino, un ex presidente del gobernante Partido Acción Nacional (PAN). Esa casa, en Ciudad Juárez, fue allanada por el ejército temprano el 16 de agosto, durante una fiesta para uno de los sobrinos de Espino.

El allanamiento parece haber sido un embarazoso error y no un deliberado intento de intimidar a Espino, que tiene unas ya famosas malas relaciones con el Presidente Calderón. Espino lidera el ala derecha del PAN y fue uno de los principales crí­ticos del elegido de Calderón, César Nava [IL-09-32] para asumir el liderazgo del partido.

Espino afirma que el ejército no se habí­a molestado en tener una orden para el allanamiento de la casa. Agregó que el ejército debe ser puesto en vereda y no se le deberí­a permitir que pisotee los derechos humanos de la gente. Tan fuerte declaración de un partidario de la lí­nea dura, muestra cuan controversial se ha vuelto la polí­tica de Calderón de usar al ejército contra las bandas de drogas.

El ministerio de defensa (Sedena) difundió una declaración el 18 de agosto negando que sus hombres hubiesen allanado la casa de Espino. El ministerio   dijo que sus hombres estaban patrullando en Ciudad Juárez y notaron un número inusual de personas en la casa de Espino. De acuerdo con el ejército, Espino desafió a los soldados en la calle, pero también aparentemente no tuvo problema con lo que ellos estaban haciendo y él les agradeció.

Esta versión de los eventos fue cuestionada por Espino, que dijo el 19 de agosto que él sospechaba que el gobierno estaba tratando de utilizar los eventos para sus propios propósitos. Espino repitió su acusación que soldados fuertemente armados habí­an entrado en su casa sin una orden legal. Espino dijo que él habí­a frenado a los soldados sobre esta cuestión, señalando que ellos estaban actuando ilegalmente y logró que se retiraran. Espino dijo especí­ficamente dijo que los soldados entraron en su propiedad, sea en el patio o en el estacionamiento. También negó la afirmación del ministerio de defensa que su crí­tica inicial al ejército habí­a sido producto de una mala información. Espino dijo que sus reclamos habí­an sido informados correctamente.

El año pasado, Espino pido al gobierno que reconsidere su estrategia de seguridad porque no hay indicios de que esté dando resultados. El sugirió que el gobierno ponga más énfasis en la inteligencia y menos en confrontar con los gangsters en tiroteos. Espino es actualmente presidente de los partidos Demócratas Cristianos en América Latina (al cual pertenece el PAN). Ese grupo realizará una conferencia sobre delito y seguridad, en Ciudad Juárez, el 24-27 de agosto.

La otra decisión que fue cuestionada por los activistas de derechos humanos fue el arresto y subsiguiente liberación de la madre y el hermano de Servando Gómez Martí­nez, alias “La Tuta", que se supone que es el lí­der de La Familia Michoacana, una de las principales bandas en el paí­s. La Tuta habí­a ofrecido una tregua al gobierno en julio, que el gobierno federal rechazó.

Además de ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos, la persecución a la familia de La Tuta puede producir una reacción de las bandas. Una de las quejas principales de La Tuta, en una extraordinaria entrevista con un periodista de TV, en la que él ofreció una tregua, fue que las autoridades perseguí­an a las familias de los gangsters en vez de ir tras los mismos gangsters.

• Visita a Brasil

El Presidente Felipe Calderón visitó Brasil desde el 15 al 17 de agosto y aceptó establecer un mercado bilateral para estimular el comercio entre los dos paí­ses que en la actualidad sólo alcanza un modesto US$7,4bn anuales.

• Lluvias

El ministerio de agricultura dijo que las lluvias en los primeros siete meses de 2009, fue de 81,8% del promedio anual para ese periodo.