Informe Latinoamericano - 21 de agosto 2009 (ISSN 1741-7317)

El Presidente Mauricio Funes disfruta de un rating de aprobación de 86%, de acuerdo con una encuesta realizada a fines de julio y difundida esta semana por CID-Gallup. Es un logro excepcional en un paí­s caracterizado por una profunda polarización polí­tica. Es también el más alto rating de aprobación de cualquier presidente centroamericano en la última década. El rasgo más sorprendente de la encuesta -un sondeo de 1.218 entrevistados a lo largo de El Salvador- fue que 68% de los que admitieron que apoyan a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aprueban a Funes; sólo 23% de los mismos lo desaprueban.

Funes, que ha estado en el poder por menos de tres meses, dijo que el apoyo le ha dado confianza para llevar adelante los cambios que el paí­s necesita. Su capacidad para realizar esos cambios está constreñida por la alianza de derecha en el congreso y una justicia reaccionaria y partidaria. Si se preserva este nivel de apoyo, le puede dar la confianza más allá de la lí­nea y tratar de impulsar una asamblea constituyente para reformar la constitución. En este momento, sus manos podrí­an estar quietas por el recuerdo de lo que ha ocurrido con el Presidente Manuel Zelaya en la vecina Honduras cuando buscaba una reforma de ese tipo, aunque Zelaya nunca disfrutó nada igual a este rating de aprobación de miembros de partidos tan disí­miles.

Su popularidad ya ha alentado a Funes para reprender a diputados de Arena como del gobernante Frente Farabundo Martí­ para la Liberación Nacional (FMLN) por no haber podido elegir a un nuevo fiscal general. Funes dijo que se habí­an comportado “irresponsablemente", pues el nuevo fiscal general debí­a haber sido designado en abril. Dijo que no destituirá al jefe de la Policí­a Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, por el reciente incremento en el delito violento, extorsión y secuestros [IL-09-31] porque él no ha podido cumplir sus tareas efectivamente como resultado de la debacle en la fiscalí­a general.

Funes también pidió a la justicia que reabra la investigación sobre el asesinato del Arzobispo Oscar Romero en 1980, y de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Esto podrí­a causar una enorme tensión polí­tica: un informe de 1993 de una comisión de la verdad que investigaba los crí­menes de la guerra civil (1980-1992) señala al fundador de Arena, Roberto D'Aubuisson, por el asesinato de Romero. Cualquier juicio requerirá la anulación de una ley de amnistí­a que fue aprobada convenientemente poco después de difundirse el informe.

Sin embargo, el principal desafí­o de Funes, es económico. Al contrario de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuyo rating de aprobación se ha elevado desde el comienzo de la crisis financiera internacional debido a que ella ha sido capaz de recurrir a los ahorros para proveer subsidios, Funes no dispone de muchos recursos financieros en camino. El déficit fiscal es de US$1,2bn, o 5,4% del PBI. Las remesas para los primeros siete meses de 2009 totalizaron US$2,03bn, o 10,8% menos que en igual periodo en 2008.

La pobreza en El Salvador se incrementó de 34,6% en 2007, a 40% en 2008 (la indigencia en 1,6 puntos, a 12,4%), de acuerdo con un sondeo en 17.000 hogares difundido esta semana por la dirección de estadí­sticas del estado, Digestyc. En seis de los 14 departamentos -Cabañas, Morazán, Ahuachapán, San Vicente, Usulután y Chalatenango- la pobreza excede el 50%. El incremento ocurrió durante el gobierno del predecesor de Funes, Tony Saca, de Arena, pero la declinación económica global exacerba la situación. Funes admitió esta semana que el año 2009 será “difí­cil". Dijo que el gobierno tendrá que recurrir a préstamos o no se podrán cumplir con los requerimientos del presupuesto.