Informe Latinoamericano - 1 de Abril de 2010 (ISSN 1741-7317)

El presidente Evo Morales parece tener confianza en que repetirá su decisiva victoria en las elecciones legislativas y presidenciales de diciembre, en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de abril. Pero las encuestas de último momento han creado dudas sobre la fuerza de su gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en particular en las regiones opositoras de la Media Luna, en el este, donde habí­a hecho significativos avances en diciembre. Esa incertidumbre proviene de la naturaleza altamente localista de las elecciones bolivianas en estas elecciones: de las 191 organizaciones que compiten en las elecciones, solamente 45 tienen presencia en dos o más municipalidades. La estrategia del MAS de tratar de llegar más allá de su base de apoyo tradicional y concretar alianzas con ex adversarios también parece que es contraproducente.

Las encuestas en Bolivia son notablemente no confiables y tienen a subestimar el apoyo de Morales, debido a su fuerza en remotas áreas rurales. De todos modos, una mayorí­a de sondeos indican que es improbable que el MAS repita la escala de su victoria del 8 de diciembre, que mostró a Morales reelecto con un sin precedente 64% de los votos.

En la encuesta más reciente (de Captura Consulting), publicada el 30 de marzo, aún habí­a un alto porcentaje de votantes indecisos (tanto como 37% en Oruro), pero el sondeo indicaba que el MAS retendrí­a su control en sus bastiones tradicionales de La Paz (49,9%), Potosí­ (52%), Oruro (51%) y Cochabamba (52%); aunque con un margen mucho más reducido comparado con diciembre (cuando recibió 78,5%; 74,9%; 77,3% y 67,6% de los votos respectivamente).

El sondeo también sugiere que el MAS podrí­a de nuevo ser derrotado en los bastiones opositores del este de Santa Cruz y Beni. Las otras tradicionales regiones opositoras de Tarija, que notablemente votó por primera vez por Morales en diciembre, y Pando, donde el apoyo por Morales se incrementó a 45% en diciembre, están empatados. También muy cerrado para adelantar resultados es Chuquisaca, que se puso detrás de Morales en diciembre a pesar de estar en las manos de un prefecto opositor, Savina Cuéllar, que no se presenta para la reelección.

Las encuestas también prodigan incertidumbre sobre el probable desempeño del MAS, en alcaldí­as clave como La Paz, actualmente en manos de su ex aliado, el Movimiento Sin Miedo (MSM) del cual se separó pública y amargamente semanas antes. La encuesta de Captura muestra que los candidatos del MAS y del MSM en 36% y 33% respectivamente. Los comentaristas locales atribuyen la aparente reacción contra el MAS y el creciente apoyo al MSM (que después del MAS tiene la segunda más alta presencia con candidatos en 176 de las 337 municipalidades de Bolivia) a los esfuerzos de Morales de llegar más allá de las bases tradicionales de apoyo del partido, a menudo haciendo tratos con adversarios o polí­ticos novatos -que a su vez ha dolido a miembros del partido y ha generado sospechas. El más claro ejemplo fue un acuerdo concretado con el empresario Roberto Fernández, un ex aliado del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) y con miembros de la elite de Santa Cruz para competir como candidato del MAS por la alcaldí­a de Santa Cruz [IL-10-01].

Ofensiva anticorrupción
La aparente reacción contra el MAS, sin embargo, tiene lugar en medio de la continuada escasez de cualquier oposición coordinada ante la votación de abril. Eso se debe en parte a la preocupación de los oponentes polí­ticos por dos leyes anti-corrupción -las primeras de esa clase en Bolivia- que podrí­an ver rodar algunas prominentes cabezas. Luego de su fácil paso por la cámara baja dominada por el MAS, la llamada Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra el enriquecimiento ilí­cito y la malversación de fondos del estado, fue aprobada el 29 de marzo por el senado, donde el MAS también tiene la mayorí­a. La ley, que puede aplicarse retroactivamente, se ubica al lado de otro proyecto de ley que aguarda la ratificación por el senado, conocido como Ley de Responsabilidades (bautizada la 'ley guillotina') que especí­ficamente procesarí­a a ex lí­deres y altos funcionarios del gobierno por actos contra el Estado.

Tres ex presidentes, Eduardo Rodrí­guez (2005-2006), Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), junto con un ex vicepresidente, Ví­ctor Hugo Cárdenas (1993-1997) podrí­an afrontar procedimientos legales bajo la legislación propuesta. El cuarto ha condenado públicamente el proyecto como “un acto de persecución polí­tica", y cuestionó la probabilidad de un juicio justo, dado las recientes designaciones de Morales en la justicia [IL-10-09].

Mesa y Quiroga están acusados de actuar ilegalmente durante sus presidencias al firmar contratos petroleros sin la autorización del congreso. Rodrí­guez está acusado de reivindicar intereses extranjeros y por espionaje por autorizar a EU a destruir misiles del ejército boliviano. Cárdenas podrí­a afrontar acción legal por un acuerdo que él supuestamente firmó ilegalmente en 1994 con la compañí­a de EU, Enron, para construir un gasoducto a Brasil.

• Ley de autonomí­a
  Mientras el proceso de otorgar a las autoridades locales y regionales una mayor autonomí­a del gobierno central (que exclusivamente establecerá las polí­ticas internacional, fiscal, energética y de seguridad), que forma la piedra angular de la nueva constitución, las responsabilidades precisas que serán asignadas a los diferentes niveles de gobierno serán determinadas por una nueva ley de autonomí­a que aún debe ser aprobada. El ministro de autonomí­a de Bolivia, Carlos Romeo, explicó que la redacción final del proyecto de ley está lista, pero que el gobierno habí­a tomado la decisión de posponer su discusión hasta después de la votación regional a fin de evitar que se “politice" la cuestión.