Informe Latinoamericano - 1 de Abril de 2010 (ISSN 1741-7317)

En una extendida sesión de fin de semana, el congreso aprobó finalmente el presupuesto de L122bn (US$6,42bn) para 2010. El gobernante y dominante Partido Nacional (PN) también utilizó su mayorí­a (71 de las 128 bancas) para aprobar una 'Ley de Emergencia Fiscal' y un polémico paquete de reformas fiscales. Juntas, esas medidas permitirán al FMI y a otras agencias multilaterales de crédito ofrecer préstamos adicionales este año, para el paí­s ya escaso de dinero. La oposición, y algunos dirigentes del sector privado, se han quejado abiertamente acerca de las reformas fiscales,  lo que produjo algunas enmiendas de último momento, pero el gobierno del Presidente Porfirio Lobo no tiene otra opción más que tragar los remedios fiscales exigidos por las agencias multilaterales a cambio de su muy necesitado apoyo para devolver la salud a la frágil economí­a.

La administración Lobo insistió en quejarse acerca del desorden fiscal heredado de sus predecesores -acusando no sólo a la depuesta administración del presidente Manuel Zelaya (2006-2009) sino también a la administración de facto que lo sucedió (liderada por Roberto Micheletti), de despilfarro fiscal.

El nuevo presupuesto se eleva en 8,1% (en términos de lempira) sobre el de 2009. En un esfuerzo por tender una red social de seguridad para el 60% estimado de la población que vive en la pobreza, el plan prioriza la salud (que destina fondos que se elevan 9,2% año en año, a US$1,2bn), y educación (+10,5% a US$530m). Notablemente, sin embargo, el gasto en seguridad (+45,2% a US$160m) y defensa (+22,9% a US$140m), también se elevaron agudamente. Los gastos en obligaciones de la deuda pública llegan a L7,8b n (US$410m), de nuevo subiendo agudamente (40%) sobre 2009. Las cifras de enero 2010 del banco central, ubican el total de la deuda del sector público en US$3,4bn, apenas debajo de 25% del PBI. El grueso de la misma es deuda externa, pero la deuda pública interna se disparó el año pasado bajo la administración Micheletti, pues el paí­s tení­a cortado el acceso a fuentes externas de financiación.

Las multilaterales financiarán alrededor de un tercio del total de US$6,42bn del presupuesto, del cual 56% es asignado al gobierno central y 44% para las instituciones descentralizadas como las municipalidades locales en los 18 departamentos del paí­s. Para asegurar eso y la concesión de financiamiento adicional, el gobierno de Lobo también pidió al congreso que apruebe una 'Ley de Emergencia Fiscal', que permitirá a las multilaterales tratar a Honduras como un caso de emergencia, lo que le da derecho a préstamos otorgados con tratamiento de urgencia. (El paí­s habí­a asignado previamente ese status prioritario luego del devastador Huracán Mitch en 1998, que causó daños por US$5bn-US$6bn). Para reducir el déficit fiscal, estimado en 3,5% del PBI, el gobierno también envió una serie de medidas fiscales. La llamada 'Ley para el Fortalecimiento de los Ingresos, la Igualdad Social y la Racionalización del Gasto Público' -que eleva las tarifas de electricidad y de telefoní­a para los grandes usuarios finales, levanta los impuestos a los cigarrillos y el alcohol y remueve varias exenciones fiscales corporativas, entre otras reformas- apunta a acumular L7,62bn (US$400m) en ingresos fiscales.

El PN y tres de los más pequeños partidos de oposición en el congreso votaron a favor de esa medicina fiscal (bautizada como 'paquetazo'), pero solamente 25 de los 45 diputados del principal opositor, el Partido Liberal (PL), asistieron a los debates de fin de semana, que fue transmitido en vivo por la TV local.

Una misión del FMI dejó Tegucigalpa el 25 de marzo, luego de una visita de 10 dí­as. Retornará en mayo para más conversaciones, probablemente con vista a decidir sobre un préstamo stand-by. No causó sorpresa que el Fondo enfatizara la reforma fiscal, advirtiendo que “se requieren fuertes acciones para contener el actual gasto, especialmente la factura salarial, y fortalecer las finanzas de las empresas públicas, los fondos públicos de pensión y las municipalidades." Honduras tiene una de las más altas facturas del sector público de la región (12% del PBI), desplazando al gasto en programas sociales y de reducción de la pobreza, y limitando el capital disponible para la muy necesitada inversión en infraestructura que podrí­a ayudar a estimular la producción económica. El FMI ha estado presionando por una reforma salarial desde hace años, con escasos resultados. La decisión de Manuel Zelaya de elevar el salario mí­nimo en un robusto 60% en diciembre de 2008, desafiando un consejo del FMI y, lo más importante, sin los fondos para pagar el incremento en momentos en que la crisis económica avanzaba, fue uno de los errores de mal manejo polí­tico que terminó costándole la presidencia.

• Alerta de hambre
  La comisión permanente de contingencias, Copeco, ha declarado una emergencia nacional en respuesta a una severa sequí­a luego que las autoridades de 10 de los 18 departamentos del paí­s (Choluteca, Comayagua, El Paraí­so, Francisco Morazán , Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Valle, y Yoro) advirtieron sobre el riesgo del hambre. En varias áreas, incluidas Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua, La Paz, San Marcos de Colón, y Sabanagrande, también hay severa escasez de agua potable.