Informe Latinoamericano - 8 de Abril de 2010 (ISSN 1741-7317)

Unos 7.000 mineros informales bloquearon la carretera Panamericana el 4 de abril cerca del pueblo de Chala en el departamento sureño de Arequipa, para protestar contra un decreto que impone restricciones a la prospección de oro. La policí­a intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, pero en los choques que se produjeron, se informó que cinco personas fueron muertas por disparos y una mujer anciana que viajaba en un autobús retenido por el bloqueo, falleció de un ataque al corazón. La explotación de recursos naturales es la principal causa de disturbios en Perú. Este último choque evoca memorias de la violencia de junio pasado en el pueblo norteño de Bagua, cuando la policí­a chocó con manifestantes indí­genas que habí­an instalado bloqueos de rutas para protestar por la apertura del área a grandes compañí­as mineras y madereras: resultaron muertas 33 personas.

El gobierno aprobó un decreto en febrero para establecer zonas de exclusión minera en la región amazónica de Madre de Dios, en el sudeste de Perú, prohibiendo el cribado de oro no regulado y el dragado de rí­os. Eso aparentemente era para reducir la contaminación y, quizá más exactamente, para aplicar impuestos a la minerí­a informal de oro que según cálculos del gobierno genera NS$1,6bn (US$560m) por año. Exigiendo la revocación del decreto, los mineros informales en Madre de Dios comenzaron una acción de protesta que obtuvo respaldo en departamentos vecinos como Arequipa, por el temor que pueda introducirse un decreto similar en el departamento.

El Presidente Alan Garcí­a adoptó una posición combativa. Dijo que el decreto era necesario para regular una “forma salvaje de minerí­a", que sigue sin pagar impuestos y era “un tipo de esclavitud que genera otras formas de servilismo como la prostitución, tráfico de personas y trabajo infantil." También dijo que la contaminación con mercurio, asociada con la minerí­a y el procesamiento de oro a pequeña escala, representaba una gran preocupación ambiental, despojando a Madre de Dios, una de las más importantes reservas de biodiversidad en el mundo, y planteando una amenaza a la salud de las comunidades indí­genas.

Se estima que en el Perú hay unos 300.000 mineros informales, que no se oponen a la formalización legal de su comercio, toda vez que puedan seguir trabajando. Ellos arguyen que el gobierno solamente está ocultándose detrás de una supuesta conciencia medioambiental, y que lo que realmente desea es formalizar el sector para luego dejarlas de lado para favorecer a las grandes compañí­as privadas de minerí­a.

El record del gobierno sugiere que tienen algo de razón. El gobierno no ha criticado a la gigantesca Newmont Mining Corporation con base en EU, y a Buenaventura de Perú, que dirige Yanacocha (la segunda más grande mina de oro en el mundo, localizada en el norte de Perú), a pesar de la campaña de alto perfil conducida por Marco Arana, un ex sacerdote que se presenta como candidato a presidente en 2011, destacando los peligrosos niveles de mercurio que producen. El gobierno también dejó en claro su intención de permitir a las grandes compañí­as operar en la Amazoní­a, antes que las protestas en gran escala en Bagua lo forzaron a echarse atrás en esos planes. Los mineros informales arguyen que mientras el estado se beneficia financieramente de la minerí­a en gran escala, no canaliza esos ingresos hacia las comunidades locales.

Conversaciones
El primer ministro, Javier Velásquez, está tratando desesperadamente de llegar a un acuerdo con los mineros antes que el congreso decida rechazar el decreto en interés de la seguridad pública. El también está conciente que su cargo puede estar en juego: su predecesor, Yehude Simon, fue forzado a renunciar después de la debacle de Bagua. Velásquez anunció el 6 de abril que lí­deres de los mineros de Madre de Dios habí­an suspendido las protestas por 48 horas para iniciar conversaciones como parte de una comisión de alto nivel formada a toda prisa para discutir el decreto. Dijo que el gobierno estaba dispuesto a aceptar que podrí­a no ser correcto y que el decreto podrí­a ser mejorado.

Sin embargo, la tregua, negociada por el gobierno regional y representantes de Velásquez, no puso fin a las protestas en Chala, donde los bloqueos de rutas permanecen vigentes. La fuerza aérea ha estado transportando por aire a pasajeros de unos 1.500 vehí­culos varados.

El gobierno afirma (sin especificar) que corporaciones mineras rusas y brasileñas estaban detrás de los mineros y fomentan las protestas. Los ministros del gabinete también apuntaron al opositor de izquierda, Partido Nacionalista Peruano (PNP), liderado por Ollanta Humala: el PNP tiene su base de poder en las regiones del sur de Perú. Humala negó que el PNP haya alentado a los mineros a que protesten. En cambio, afirmó que su partido habí­a presentado numerosos proyectos de ley sobre la reorganización de la actividad minera, y especí­ficamente la formalización de la minerí­a informal. El pidió que todos los responsables, comenzando con Velásquez, renuncien a consecuencia de la violencia, que él afirma avergüenzan a Perú ante los ojos de la comunidad internacional. También dijo que Garcí­a debí­a ser sometido a juicio polí­tico por su “permanente incapacidad moral".

Protestas de la policí­a
Irónicamente, el 5 de abril, el dí­a después de comenzar las protestas de los mineros, el gobierno afrontó la posible amenaza de protestas de la policí­a. El ilegal Sindicato Unico de la Policí­a Peruana (Supp) llamó a una huelga nacional de la policí­a en demanda de aumento de salarios. Dos lí­deres del clandestino sindicato, que fueron puestos en prisión en febrero por insubordinación, lograron exhibir un video en el sitio de YouTube en Internet alentando la huelga. Docenas de oficiales y soldados retirados de la policí­a marcharon en Tacna, una ciudad fronteriza con Chile, para exigir la reestructuración de salarios y pensiones. Pero el jefe de la fuerza policial, Miguel Hidalgo, se vio en apuros para enfatizar que oficiales en actividad no se habí­an unido a la protesta.

Garcí­a dijo que la policí­a no tení­a derecho legal para hacer huelga. Y agregó que en febrero habí­a firmado un decreto otorgando a los miembros de las fuerzas armadas y la fuerza policial el pago de un sustancial bono por única vez, seguido de un incremento salarial en dos etapas. La causa de las fuerzas de seguridad ha sido defendida por el vicepresidente, Luis Giampietri, un ex almirante y comandante de fuerzas especiales de la armada [IL-10-08].

Servicio de salud universal
Desafortunadamente para el gobierno, la acción de protesta de los mineros, y la incertidumbre que rodea la acción de protesta por la policí­a, desvió la atención de un decreto con intenciones benignas. Garcí­a promulgó la semana pasada un decreto bajo el cual los pobres e indigentes recibirán servicios de salud sin cargo. Los trabajadores y jubilados deberán contribuir con el esquema, que será financiado fuera del presupuesto de salud.

• Aumento salarial
  El Presidente Alan Garcí­a anunció en febrero que él otorgarí­a a los miembros de las fuerzas armadas y de la Policí­a Nacional de Perú un bono de NS$1.000 (US$350), a un costo de NS$150m (US$52m) para el estado. Además, dijo que recibirí­an un incremento mensual de salario de N$100 (US$35), en dos cuotas, en marzo y julio. Garcí­a dijo que la medida beneficiarí­a a unos 150.000 miembros en servicio de las fuerzas armadas y la policí­a, como también las viudas de aquellos caí­dos en acción -pero no a los jubilados. Garcí­a dijo que él crearí­a una comisión especial del gabinete para mediados de 2010, para analizar la reestructuración de las pensiones.