Informe Latinoamericano - 15 de Julio de 2010 (ISSN 1741-7317)

El 8 de julio, el Presidente Mauricio Funes envió al congreso un proyecto de ley que, entre otras cosas, harí­a ilegal la sola pertenencia a una banda mara. El proyecto es altamente controversial, pero ha provocado menos debate que una propuesta aprobada por los partidos de derecha en el congreso instituyendo la lectura compulsiva de la Biblia en todas las escuelas a lo largo de El Salvador, con el objetivo de inculcar moral y valores éticos para desalentar la violencia desde temprana edad. Lejos de apoyar la medida, La Iglesia Católica Romana de El Salvador fue ferozmente crí­tica. Arguye que el Estado debe ser secular -y pidió a Funes que vete la ley.

Los dos proyectos lucen como una reacción desesperada de polí­ticos de todo el espectro ante el aparentemente insoluble problema de la violencia en El Salvador. Ambas leyes surgen en respuesta al incendio de un autobús en San Salvador que produjo la muerte por quemaduras de 14 personas, y que las autoridades creen que fue el trágico resultado del enfrentamiento de dos bandas mara rivales compitiendo por el control y la red de extorsión en las rutas de los autobuses [IL-10-25].

Un cristiano evangélico, José Almendáriz, del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN), propuso la lectura de la Biblia por siete minutos (siendo siete un número bí­blico) antes de comenzar el dí­a escolar, para enseñar valores desde temprana edad. La propuesta contó con el apoyo de todos los 45 diputados de la Derecha en el congreso de 84 bancas el 1 de julio. Nelson Guardado, un diputado de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), dijo que aunque la medida no resolverí­a la violencia en El Salvador, ayudarí­a a reducirla formando valores.

Hay algunos problemas obvios con ese razonamiento. De acuerdo con Iudop, la encuestadora perteneciente a la Universidad José Simeón Cañas (UCA), más del 90% de los salvadoreños creen en Dios, y las Iglesias siguen proliferando en el paí­s, por tanto, la carencia de fe es improbable que sea la causa subyacente de la violencia. La selección de extractos de la Biblia deberí­a también ser cuidadosamente estudiada, para evitar los numerosos pasajes del Viejo Testamento donde hay citas donde el “castigo" y “golpes" para los enemigos parecen ser alentados activamente.

La Iglesia rechaza propuesta de lectura de la Biblia
Notablemente, los partidos de derecha no recibieron el apoyo que ellos habrán anticipado de la Iglesia. En una carta abierta a Funes, el 11 de julio, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, expresó el apoyo de la Iglesia a la ley anti-mara del gobierno como “una buena respuesta" a la creciente marea de violencia, pero descartó las lecturas bí­blicas como contraproducentes. Y arguyó que la práctica religiosa no debe ser impuesta ni prohibida por el Estado, y pidió a Funes que vete la ley “por el bien de la sociedad salvadoreña".

Escobar tení­a algunas preocupaciones entendibles. Dijo que los pasajes de siete minutos no serí­an acompañados por ningún comentario clarificador, lo que provocarí­a posibles confusiones. Comparó la Biblia con la medicina que, dijo, “es buena en sí­ misma, pero se vuelve seriamente dañina si no fatal, si se administra de manera incorrecta." Quizá más pertinentemente, dijo que la propuesta sembrarí­a la división entre diferentes denominaciones Cristianas sobre qué versión de la Biblia usar y sobre quién establecerí­a qué pasajes leer, como también crear conflictos entre distintas fe, que él describe como “otra forma de la violencia".

Escobar parecí­a mostrar una familiaridad más cercana con la constitución que los diputados que aprobaron la ley, dando detalles de la constitución en la cual la libertad de religión está consagrada. “La Palabra de Dios no debe ser manipulada por los partidos polí­ticos," aseveró. Detrás de esta ostensiblemente elogiable defensa de la secularidad, por supuesto, descansa un motivo ulterior. La Iglesia no desea perder el control de la religión. Aunque El Salvador es una de las tres sociedades religiosas más conservadores en América Latina, junto con Chile y Nicaragua (ahora que el Presidente Daniel Ortega ha abrazado sin reservas la Iglesia), la Iglesia aún se preocupa acerca de la erosión de su razón de ser, y la concomitante reducción en el financiamiento del estado. Escobar, por tanto, argumenta que enseñar la Biblia requiere una “atmósfera de fe" que se encuentra sólo en la Iglesia, aunque él afirma que las familias, como también los lí­deres religiosos, tienen un rol en la enseñanza de la religión.

Escobar también estaba claramente resentido que la Iglesia Católica Romana “no haya sido tenida en cuenta ni consultada sobre la propuesta". Medardo González, el coordinador general del gobernante de izquierda Frente Farabundo Martí­ para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que el partido coincidí­a con la Iglesia en que la ley era inconstitucional. Y pidió a Funes “que reflexione profundamente" sobre la cuestión. Sin embargo, el FMLN no hablaba con una sola voz, pues el Vicepresidente y ministro de educación, Salvador Sánchez Cerén, que seleccionarí­a los pasajes que deberán leerse luego de consulta con las iglesias, expresó su apoyo por la medida.

El mismo Funes fue inicialmente partidario de la propuesta, pero decidió lavarse las manos y pedir a la corte suprema que juzgue si era inconstitucional o no. Entre tanto, él dijo que consultarí­a con lí­deres religiosos de todas las iglesias del paí­s: unas pocas iglesias evangélicas aprobaron la propuesta, pero la mayorí­a también se opusieron a la misma.

• ¿Isla prisión?

Como parte de sus propuestas anti-maras, Arena sugirió que deberí­a establecer una colonia penal en la isla de Martí­n Pérez, en el Golfo de Fonseca, para lí­deres de bandas mara y delincuentes reincidentes, evocando memorias de la prisión en la isla Coiba de Panamá, donde acababan los disidentes bajo las dictaduras de Omar Torrijos y Manuel Noriega. Del lado positivo, los lí­deres de las bandas no podrí­an usar sus teléfonos móviles para coordinar operaciones desde adentro, pues no habrí­a cobertura de red: el Presidente Funes destacó recientemente eso como un grave problema de seguridad y desplegó a militares en las prisiones para acabar con eso.

Proyecto de ley anti-mara para combatir la violencia
El proyecto de ley anti-mara enviado al congreso por la administración Funes tiene un amplio apoyo entre partidos, pero es probable que haya un largo debate sobre la redacción exacta de la ley en los meses siguientes. Propone sentencias de prisión de entre cinco a 20 años por ser miembro de bandas mara o de escuadrones de la muerte, y para aquellos que reclutan financian o apoyan a las bandas.
     El FMLN ha estado intentando defender este súbito cambio de idea. Cuando estaba en la oposición, el partido fue un crí­tico feroz de las iniciativas de mano dura aprobadas por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pero ahora se encuentra respaldando una ley que sale de ese mismo molde. La rehabilitación social es el énfasis preferido del Presidente Funes y el FMLN para los sectores marginales de la sociedad -la primera dama, Vanda Pignato fue designada para conducir una secretarí­a de inclusión social- pero parecen haber aceptado con reluctancia que ese es un proyecto a largo plazo, mientras que la creciente intensidad de la violencia en El Salvador exige acción más firme y más rápida.
     Aparte de la dificultad en probar la identidad de los miembros de las bandas, el defecto más obvio en la ley anti-mara es que conducirá a más superpoblación en las prisiones, que ya están abarrotadas. También pondrá una enorme presión  sobre el servicio de procesamientos, que carece de suficiente personal competente para atender todos los casos extras. También es un punto discutible si con perseguir a las bandas mara se llegará al fondo del problema de la seguridad. Las bandas mara son a menudo explotadas por varios de los tentáculos del crimen organizado; por carteles internacionales de tráfico de drogas y armas; y por delincuentes de cuello blanco que disfrutan de una extendida impunidad.
     La ley anti-mara ha alentado a la Derecha para abogar por propuestas incluso más radicales. Arena ha sugerido la creación de un comando militar anti-banda -una unidad de elite en el ejército para combatir a las bandas. También desea que los militares jueguen un rol clave en la rehabilitación de delincuentes que cometen delitos menos graves, quienes, dicen, deberí­an ser enviados a escuelas militares por dos años para enseñarles “disciplina estricta y valores morales y humanos". Finalmente, propone crear una agencia de inteligencia que responda ante el congreso y no al ejecutivo -una sugerencia sobre la cual Funes es improbable que Funes tenga una visión favorable.