Informe Latinoamericano - 15 de Julio de 2010 (ISSN 1741-7317)

El Presidente Ricardo Martinelli ha sido forzado a suspender las más polémicas provisiones de la recientemente aprobada ley que debilita la legislación laboral y del medioambiente [IL-10-24], luego que el descontento sindical se volvió mortal en la región de Bocas del Toro en el oeste. La suspensión, aunque temporal, es significativa  dada la previa intransigencia de Martinelli frente a las demandas sindicales. Eso sugiere que la ley, la más controversial de su administración de derecha pro-empresas, pudo haber cometido un grave error de cálculo.

Las protestas en Bocas del Toro, uno de los principales destinos turí­sticos de Panamá, comenzaron la semana pasada cuando los empleados de Bocas Fruit Company, la subsidiaria de la transnacional Chiquita Brands, se declararon en huelga. Provocada por demandas de mejores condiciones de trabajo y la decisión de la compañí­a de invocar uno de los más polémicos artí­culos de la ley -que establece que los empleadores no están más obligados a deducir las cuotas sindicales- las protestas crecieron hacia una oposición más general a la ley. Coincidiendo con protestas similares por los trabajadores del Canal de Panamá (ver más abajo), la situación escaló el 8 de julio después de choques con la policí­a que dejó tres muertos y, de acuerdo con el conteo oficial del gobierno, al menos 140 personas heridas (una cifra rechazada como conservadora por los sindicatos). Otros 17 lí­deres sindicales más, incluido el respetado economista y ex candidato presidencial, Juan Jované, también fueron arrestados.

Previamente, Martinelli habí­a rehusado ceder ante las protestas sindicales, que también surgieron en marzo sobre la reforma fiscal y de la educación [IL-10-12]. Pero esta demostración de violencia sin precedentes  bajo su gobierno, que provocó la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la perspectiva de una huelga nacional convocada para el 13 de julio, le dejaron con pocas opciones excepto la de parecer conciliador. Además de liberar a los 17 lí­deres sindicales, Martinelli desde entonces acordó suspender tres de los más polémicos artí­culos de la ley que, además de la provisión sobre las cuotas sindicales, establece que los contratos de trabajadores en  huelga podí­an ser suspendidos y que la compañí­a podrí­a contratar trabajadores reemplazantes durante las huelgas. También anunció la creación de un comité de diálogo de 14 miembros, compuesto por representantes sindicales, funcionarios del gobierno, representantes de las empresas y lí­deres religiosos, para considerar los artí­culos suspendidos.

Sin embargo, si esto es o no probable que repare el daño y desactive la amenaza de más protestas por la sociedad civil, ya públicamente “en alerta" sobre las percibidas tendencias autoritarias de Martinelli [IL-10-20], es discutible. Primero, la suspensión de los artí­culos es sólo por un periodo de 90 dí­as y, segundo, otros aspectos de la nueva ley que han despertado igual ira de los grupos de la sociedad civil (notablemente, la enmienda a la legislación medioambiental que establece que los proyectos considerados que son de “interés social" del paí­s, ya no requerirán estudios del impacto medioambiental) parecen permanecer intactos.

• Canal de Panamá

La semana pasada, unos 700 trabajadores empleados por el consorcio multinacional liderado por Sacyr Vallehermoso de España, que está a cargo del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, el más grande proyecto bajo el plan de expansión de US$5,2bn, se declararon en huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo como también el rechazo de la nueva ley que debilita la legislación laboral y medioambiental. Aunque la huelga ha sido levantada desde entonces, ha probado ser una fuente adicional de presión sobre el Presidente Ricardo Martinelli, particularmente considerando que el descontento es el primero de los trabajadores del Canal de Panamá desde que se inició el proyecto de expansión en setiembre de 2007.