Informe Latinoamericano - 15 de Julio de 2010 (ISSN 1741-7317)

El Presidente electo Juan Manuel Santos está dando cuerpo al equipo del gabinete que lo acompañará cuando asuma el poder el 7 de agosto. Durante una mini gira por Europa la semana pasada con su futura canciller, Marí­a Angela Holguí­n, Santos nombró a cuatro ministros más. El nombramiento de Juan Camilo Restrepo como ministro de agricultura fue el más curioso. Santos ha señalado al desarrollo agrí­cola como una de las cinco “locomotoras" del crecimiento, junto con energí­a, infraestructura, vivienda e innovación. Restrepo dijo que uno de los principales desafí­os que se habí­a fijado era una sustancial reforma agraria, que consistirá en devolver tierras a quienes fueron desplazados por las guerrillas y los paramilitares.

Santos se reunió con el Primer Ministro británico, David Cameron; la Canciller de Alemania, Angela Merkel; el Presidente de Francia, Nicolas Sarcozy; y finalmente el Presidente de España, José Luis Eodrí­guez Zapatero y el Rey Juan Carlos I, durante su visita en Europa. También se reunió con Angel Gurrí­a, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 34 miembros, buscando el apoyo de los lí­deres europeos para que Colombia se convierta en miembro de la OCDE.

Uno de los mensajes centrales que Santos llevó a Europa fue que, pese a su enorme respeto por el Presidente Alvaro Uribe, él actuarí­a por sí­ mismo. Dijo que el éxito de Uribe en devolver la seguridad a Colombia significa que él podrá concentrarse en otras prioridades. La prioridad principal, dijo, era la polí­tica económica -y el enfoque central de esa polí­tica serí­a el desarrollo agrí­cola. Deliberadamente dijo que no habí­a discutido el tema de los rehenes con Sarkozy, que hizo del rescate de la polí­tica Franco-Colombiana, Ingrid Betancourt, una de sus prioridades en polí­tica exterior después de asumir el poder, sino la asistencia francesa para mejorar la infraestructura en Colombia para el desarrollo agrí­cola.

La elección de Restrepo para dirigir el ministerio de agricultura es reveladora. Restrepo, de 63 años, es un ex ministro de finanzas, miembro del Partido Conservador, y experto en café. Fue uno de los primeros jefes de Santos, enviándolo a Londres para representar a Colombia en la Organización Internacional del Café (OIC), la organización intergubernamental de paí­ses exportadores e importadores de café con base en Londres. Restrepo se graduó como abogado en la Universidad Javeriana, especializado en derecho económico en la London School of Economics (LSE). Su pericia legal es una de las razones principales por la cual Santos lo designó. Santos desea que él organice y dirija la batalla legal para recobrar las tierras de agricultura para los campesinos desplazados por las guerrillas y los paramilitares -una tarea que estará cargada de dificultades.

Restrepo dijo que él trabajará duramente para normalizar el comercio con Venezuela, que él dijo que era vital para el desarrollo del sector agrí­cola, pues Venezuela importa la mayor parte de sus alimentos. También trabajará muy de cerca con el ministerio del medioambiente, bajo Sandra Bessudo, una bióloga marina. El del medioambiente ha sido incluido dentro de un enorme ministerio que incluye vivienda y desarrollo territorial, pero ahora tiene su propia cartera. Santos arguyó que Colombia es uno entre unos pocos paí­ses que posee una cantidad considerable de tierra para incrementar la producción de alimentos sin sacrificar la selva tropical.

Santos también nombró a Carlos Rodado como su ministro de minas y energí­a -otra de las locomotoras del crecimiento. Rodado ocupaba ese cargo bajo el ex presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y fue presidente de la compañí­a petrolera estatal Ecopetrol bajo el ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Ha sido gobernador del departamento de Atlántico y, hasta que se unió al equipo de campaña de Santos, fue embajador ante España. Rodado dijo que buscarí­a un equilibrio entre una mayor apertura del potencial minero de Colombia y la conservación de los recursos naturales. Finalmente, Sergio Dí­az-Granados será el ministro de comercio, industria y turismo. Su designación confirma la determinación de Santos de poner un mayor énfasis en el turismo después de los avances logrados en la situación de la seguridad bajo Uribe. Dí­az Granados fue presidente de la Asociación Colombia de Viajes y Turismo (Anato) y viceministro de desarrollo por tres años, bajo el gobierno de Uribe. El es secretario general del Partido de la U, y trabajó bajo Santos cuando era ministro de finanzas.

• Farc

En tres dí­as sangrientos, entre el 10 y el 12 de julio, 40 personas -21 guerrilleros, 14 soldados y cinco civiles- perdieron sus vidas en incidentes separados en el conflicto interno de Colombia. Doce guerrilleros de las Farc cayeron en Planadas, en el departamento central de Tolima. Pertenecí­an al destacamento de seguridad del lí­der de las Farc, Alfonso Cano, lo que sugiere que los militares están cerca de cumplir con el objetivo del Presidente Alvaro Uribe de propinar un golpe decisivo contra las Farc capturando a Cano y al lí­der militar del grupo 'Mono Jojoy' antes que Santos asuma el poder el 7 de agosto, para de ese modo consolidar su legado como el hombre que puso a las Farc de rodillas.

Reclamo de Betancourt aviva el fuego del resentimiento
El Presidente electo Santos ha sido sorprendentemente exitoso en forjar algo no muy lejano de su ansiado gobierno de unidad nacional, pero él debe haber mirado con cierta admiración la manera en la cual Ingrid Betancourt ha unido esta semana a cada sector de la opinión, civil, militar, polí­tico y de los medios. El único problema para Betancourt, la ex candidata presidencial Franco-Colombiana que estuvo seis años como rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) antes de ser liberada en la operación militar de rescate 'Jaque' hace dos años, fue que ella unió a la opinión pública en su contra. En una gaffe de relaciones públicas de extraordinarias proporciones, Betancourt hizo una movida preliminar buscando compensación en el orden de los Col$13bn (US$6,84m) del Estado por su tiempo como rehén. Betancourt y su familia requirieron una 'conciliación' -un proceso alternativo de resolución de disputas entre sus abogados y el Estado- para discutir una compensación que, en el caso de no haber acuerdo, podrí­a conducir a que se inicie juicio.
     La apelación de Betancourt provocó la indignación nacional. Ella fue vilipendiada por los militares, el gobierno y la prensa. El Vicepresidente Francisco Santos la acusó de “codicia, ingratitud y oportunismo, mereciendo el rechazo de los colombianos y la opinión mundial". Al otro lado del espectro polí­tico, el lí­der del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, dijo simplemente que Betancourt habí­a sido secuestrada por las Farc y no por el Estado, y disfruta de su libertad debido a una exitosa operación militar.
     El ministerio de defensa expresó sorpresa y tristeza. Dijo que Betancourt habí­a sido advertida repetidas veces acerca de los peligros de ingresar en territorio de la municipalidad de San Vicente del Caguán como parte de su campaña electoral, lo que por último condujo a su secuestro en julio de 2002, y que habí­a firmado documentos asumiendo la responsabilidad plena por sus acciones. La revista Semana calificó de “vergonzoso" el reclamo de Betancourt, mientras otros medios especulaban con que ella deberí­a pagar compensación por una costosa operación militar en la cual las tropas pusieron sus vidas en riesgo por ella.
     Podrí­a ser que Betancourt fue “muy mal asesorada", como uno de sus compañeros rehenes liberados durante la operación Jaque, el ex senador Oscar Tulio Lizcano dijo caritativamente, pero el repudio en Colombia fue tan intenso que ella se vio forzada a embarcarse en un ejercicio de limitación del daño. En una entrevista con Caracol TV y radio de Colombia, el 11 de julio, una escarmentada Betancourt insistió que ella no tení­a la intención de enjuiciar al Estado por daños; que ella lamentaba haber iniciado el proceso; que la cifra de US$6,8m era “absurda" y “astronómica" y puramente “simbólica"; que ella habí­a estado motivada solamente por un impulso altruista para ayudar a otros ex rehenes a obtener compensación; y que ella amaba a los militares y a su paí­s.
     Betancourt, que retornó a Colombia la semana pasada por primera vez desde su rescate, para celebrar los dos años desde la operación 'Jaque', sin embargo, no se echó atrás en sus reclamos, que ella habí­a sido falsamente acusada de irresponsabilidad por realizar el viaje que terminó en su secuestro. Ella dijo que las autoridades habí­an retirado a sus guardaespaldas y que le debí­an haber impedido ir a San Vicente del Caguán, un bastión de las Farc en el departamento de Caquetá en el sur. Luego de su rescate, Betancourt habí­a aceptado públicamente que a ella debí­a culparse por insistir tercamente en visitar el Caguán. Pero si su conciliación fue diseñada como simbólica, ¿por qué la cifra de US$6,8m en vez de un peso? Para ser justos con Betancourt, ha surgido esta semana que otros cuatro ex rehenes de las Farc (que fueron todos secuestrados en el departamento de Huila en el sudoeste) recientemente han comenzado a buscar compensación por magnitudes semejantes del Estado, pero ellos tienen casos mucho más fuertes contra el Estado, por “negligencia".