Informe Latinoamericano - 04 de Noviembre de 2010 (ISSN 1741-7317)
PANAMA: Martinelli permanece impenitente
El Presidente Ricardo Martinelli está mostrando pocos signos de estar dispuesto a prestar atención a las críticas con relación a sus supuestas tendencias autocráticas. Esa inquietud ha surgido en fuentes tan diversas como influyentes, como las publicaciones de EU, Time Magazine y el conservador Wall Street Journal. La primera, contra toda lógica, trazó analogías con su antagonista nicaragüense, Daniel Ortega. Dos circunstancias han revivido esas inquietudes: la insistencia de Martinelli en impulsar la aprobación de una profundamente impopular reforma al código policial y su convocación ilegal a elecciones en una de las regiones políticas indígenas conocidas como comarcas, con el objetivo de instalar funcionarios regionales que probablemente respaldarán su agenda pro-minería.
La enmienda a la legislación que gobierna la reforma de la policía era notablemente parte de la polémica “Ley 30" de seis vías aprobada en junio. Mientras que la ley ganó notoriedad por debilitar la legislación sindical y la medioambiental [IL-10-24], también establecía que los oficiales de policía que cometían delitos mientras estaban en servicio no debían ser puestos en prisión si estaban pendientes de juicio o afrontaban procedimientos de disciplina interna (es decir, suspensión) hasta que hayan sido condenados. Esto atrajo las críticas incluso del sector privado, el núcleo de la base de apoyo a la plataforma de Martinelli que advirtió que eso fomentaría una “percepción de impunidad". El presidente se vio forzado a suspender y eventualmente revocar la ley después de un periodo de consultas de 90 días. Esto ha seguido a choques entre manifestantes y la policía en la región indígena de Bocas del Toro, que provocó dos muertos y cientos de heridos.
En cambio, Martinelli prometió seis proyectos de ley separados que cubrían las diversas cuestiones afectadas, pero vale señalar que las aprobadas posteriormente, el 20 de octubre, que cubrían derechos laborales y protección ambiental, significaron progresos para la sociedad civil. El derecho a despedir a los trabajadores (introducido bajo la Ley 30) fue rescindido y fueron restauradas las provisiones relacionadas con los sindicatos fueron restauradas, mientras que la propuesta de desechar la necesidad de estudios de impacto medioambiental para proyectos considerados de “interés público" fue abandonado. Sin embargo, la versión final de la nueva ley sobre normas policiales, promulgada el 1 de noviembre, retenía intacta la causal de las quejas. Saúl Méndez, el nuevo secretario general de Suntracs, el sindicato de los trabajadores de la construcción y uno de los sindicatos líderes del país, que había sido parte de las conversaciones, se quejó que eso “no correspondía con los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación".
Esta exoneración de la policía del debido proceso legal debe haber sido particularmente mortificante, dada la reciente liberación de dos informes del defensor público de derechos humanos y la ONG, Human Rights Everywhere (HREV), detallando los sangrientos eventos en Bocas del Toro -uno de los peores casos de violencia en años recientes. Ambos informes hallaron que la policía había actuado fuera de la línea. El último señaló “que se utilizó fuerza excesiva [...] armas y municiones inapropiadas que tienen poder letal fueron usadas para controlar a la multitud" y que el jefe de la policía nacional, Gustavo Pérez de la Ossa, había “seguido la línea para justificar esas acciones". Esto se suma a más preocupaciones en marcha con relación a la policía, citada por el Departamento de Estado de EU en su más reciente informe sobre derechos humanos, difundido en marzo de 2010. En él se señala que en Panamá “la corrupción entre oficiales de la policía sigue siendo un problema [...] y que los oficiales de policía frecuentemente estaban involucrados en casos de contrabando de narcóticos y otros delitos". También destaca que de los 335 procedimientos disciplinarios abiertos contra oficiales de la policía hasta setiembre de 2009, ninguno ha concluido en el despido de un solo oficial de la policía.
Alimentando aún más las dudas que rodean la impunidad policial, el propio Pérez de la Ossa ha afrontado una investigación que siguió a filtraciones a la prensa de un documento clasificado de la policía revelando que él había sido dado de baja en 1990 por “afectar el prestigio de la policía" sobre el secuestro de ciudadanos de EU durante la invasión de EU a Panamá en 1989. La investigación de dos meses sobre Pérez, que también sirvió en la tristemente famosa unidad 'anti-terrorismo' del ex general Manuel Noriega (1983-1989), fue dejada de lado en setiembre de este año por el fiscal general, Giuseppe Bonissi, un aliado de Martinelli, luego de hallar que no había “evidencia" vinculando a Pérez de la Ossa con el plan. La decisión, que fue criticada por los grupos de la sociedad civil, estaba basada en el hecho que la investigación no había logrado desenterrar a ninguna de las “víctimas" y que EU no había presentado cargos.
Sobrepasando la Comarca
La otra reciente decisión de
Martinelli, que induce a comparaciones con su par nicaragüense en términos del
poco respeto al procedimiento constitucional, es un decreto enmendando la
legislación del estado que gobierna la comarca indígena Ngí¤be Buglé (alrededor
de 8% del territorio nacional). Aunque el estado panameño reconoce a las
comarcas (de las cuales hay cinco) como un sistema autónomo de administración,
garantizando los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales
y la propiedad colectiva de la tierra, el decreto, que fue emitido en junio,
eliminó gran parte de la autonomía de la Comarca, cuyo estatuto fundacional fue
establecido en 1999. Eso dejas las decisiones clave en manos del gobierno
central. El mismo mes, las autoridades electorales nacionales (TE) convocaron a
elecciones para el 25 de octubre para los 290 delegados al congreso general; 580
delegados para los congresos regionales; y 870 delegados para los congresos
locales. Mientras persistían las dudas con relación al proceso electoral (ver
más abajo), muchos consideraron la decisión como un intento de Martinelli de
instalar un gobierno regional que probablemente apoyará los proyectos de minería
a cielo abierto y las represas, que son profundamente impopulares entre los
grupos indígenas.
La motivación de Martinelli para intervenir en la comarca Ngí¤be Buglé no es muy difícil de discernir dado su declarado interés en impulsar el hasta ahora grandemente dormido sector minero metálico. En informe difundido el mes pasado, el ministerio de economía afirmó que las reservas de cobre de Panamá totalizan unas 47,2bn de libras, con un valor estimado de US$141,6bn in situ. De estas, la mayor está en Cerro Colorado (25bn de libras/US$75bn), que está localizada en la comarca Ngí¤be Buglé. El informe del ministerio también afirma que las reservas de oro de Panamá tienen un valor estimado de US$8,3bn in situ -pudiendo proveer un total de US$150bn. La única mina actualmente en producción comercial es Molejon (Petaquilla Gold), de propiedad canadiense, donde las reservas son estimadas en 1m de onzas, que comenzó las operaciones en enero de 2010.
Los activistas indígenas temen que el decreto de junio establezca un preocupante precedente, dado que muchas reservas mineras descansan dentro de tierras indígenas. Martinelli mostró su compromiso de desarrollar el sector avanzando en los esfuerzos para remover otro obstáculo -enmendar el código minero para permitir la inversión de gobiernos extranjeros en proyectos mineros. La semana pasada, un comité del gabinete aprobó esa enmienda, que ahora será enviada al congreso (donde Martinelli tiene una fácil mayoría). En particular, esta reforma facilitaría el desarrollo del sitio de la segunda más grande reserva de cobre -la mina Cobre Panamá (20bn de libras/US$60bn).
- Irregularidades
Otorgan contrato para construcción del Metro
A fines del
mes pasado, el contrato para la primera línea del tres subterráneo (metro) de
Ciudad Panamá -el proyecto insignia del Presidente Martinelli- fue otorgado a un
consorcio, Línea 1, compuesto de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de
España; Norberto Odebrecht de Brasil; y Alstom de Francia. Las obras en la nueva
línea, que cubrirán 13,7 kms y tiene 13 estaciones, deberán comenzar en 2011 y
concluir en diciembre de 2013. El nuevo metro no solamente es proveedor de votos
para Martinelli, dado el lamentable estado del transporte en la capital, sino
también esencial para su masivo plan de infraestructura de cinco años, de 2010 a
2015, de US$13,5bn, siguiendo a la terminación del proyecto de expansión del
Canal de US$5,2bn, que busca convertir a Panamá en “El centro de las Américas".
Notablemente, dos de los otros grandes contratos lanzados en años recientes -uno
de US$3,1bn para la construcción de una nueve serie de esclusas en el Canal y el
contrato para expandir su punto de acceso al Pacífico, también fueron otorgados
a grupos españoles; el primero a un consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso de
España; y el último, a un grupo que incluye a FCC.