Informe Latinoamericano - 11 de Noviembre de 2010 (ISSN 1741-7317)

El número de colombianos refugiados y de personas desplazadas internamente (PDI) es el más alto en el mundo, sobrepasando incluso a paí­ses en guerra o con una larga historia de conflictos internos como Irak, Afganistán y la República Democrática del Congo. Esa fue la aseveración hecha por Jorge Rojas, vocero de la ONG colombiana, Consultorí­a para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), durante una convención en Quito esta semana. De acuerdo con Rojas, Codhes llegó a esa conclusión después de analizar las cifras de un reciente informe producido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (UNHCR, siglas en inglés).

De acuerdo con las cifras de Codhes, el conflicto colombiano ha forzado el desplazamiento de 3,7m de personas en las cinco décadas pasadas, con unas 380.000 a las que les fue otorgado el estatus de refugiado en 36 naciones de todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “No existe ningún informe de la [UNHCR] que establezca que Colombia tiene la más alta tasa de desplazamiento en el mundo. Por tanto, la información desde Ecuador atribuida a un vocero de [Codhes] no es verdad." Acción Social alega que su registro muestra solamente 3,5m DPI desde 1950 y que en años recientes la tasa de desplazamiento ha decrecido significativamente (de 327.740 en 2007, a 161.222 en 2009); desde 2003, han sido desplazadas internamente en Irak 2,2m de personas, mientras que otras 2,2m han buscado asilo en otras partes.

Establecer el número de DPI en Colombia es crucial para la administración del Presidente Juan Manuel Santos, que ha enarbolado la bandera de compensación y restitución de tierras a las ví­ctimas, como polí­ticas clave que deben ser implementadas en los próximos cuatro años. El 2 de noviembre, el Partido de la U aceptó el proyecto de ley propuesto de la llamada 'ley de ví­ctimas', abriendo el camino para que el contenido de la ley sea debatido en el congreso. Las ví­ctimas serí­an primero compensadas con fondos incautados de los narcotraficantes y sólo cuando estos fondos estén exhaustos el estado serí­a responsable por el pago de hasta Col$20,6m (US$11.160) a cada ví­ctima, asegurando de ese modo la viabilidad fiscal de la propuesta. Además, el proyecto estipula una sentencia de prisión de hasta 12 años por cualquiera que pretenda hacerse pasar por ví­ctima del conflicto.

• La agenda bilateral

La situación de los refugiados colombianos en Ecuador es parte de la agenda bilateral de los dos paí­ses, que está avanzando hacia la restauración total de las relaciones, luego del ataque colombiano con bombas contra un campamento de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en suelo ecuatoriano, en marzo de 2008. De acuerdo con la UNHCR, hay 136.000 colombianos con el estatus oficial de refugiados en todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo con Rojas, hay unos 600.000 colombianos en Ecuador -la mayorí­a como inmigrantes ilegales- para los cuales el estado ecuatoriano ha destinado unos US$40m en los tres años pasados.

Estadí­sticas oficiales de narcóticos difieren de la realidad
El gobierno colombiano ha puesto la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), bajo administración pendiente de una investigación sobre “corrupción administrativa". Bajo las funciones de la DNE estaban la administración de unos 75.000 activos incautados por el gobierno a los narcotraficantes. Se suponí­a que serí­a usada esa información, en conjunción con otros datos primarios, para compilar informes oficiales sobre la producción, distribución y consumo de drogas en el paí­s.
     Con la DNE bajo escrutinio, la precisión de los datos sobre droga de Colombia también ha quedado cuestionada y se ha vuelto crecientemente claro que las cifras citadas en las estadí­sticas oficiales raras veces coinciden con la realidad en el terreno. Por ejemplo, Colombia desde hace tiempo sostiene que solamente unas 250 hectáreas en el paí­s se dedican al cultivo de marihuana. Sin embargo, en una sola incautación el 9 de noviembre, el gobierno ha confiscado cuatro toneladas de esa droga, en tránsito desde el departamento de Cauca hacia el centro del paí­s.
     Una incongruencia similar entre la lí­nea oficial y los hechos en el terreno también fue revelada en Ecuador, el mismo dí­a. Ecuador nunca ha admitido que la coca podrí­a cultivarse dentro de su territorio, incluso aunque hay largas porciones del paí­s donde esa empresa podrí­a ser encarada y a pesar del hecho que dos de sus vecinos son los lí­deres mundiales en el cultivo de coca y la producción de cocaí­na. Sin embargo, la incautación de 9.600 plantas de coca en San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, puso esa afirmación en duda, aunque el director de la oficina antinarcóticos de Ecuador, el Coronel Patricio Pazmiño, insistió en que Ecuador aún “está muy lejos de ser un productor de droga".