Informe Latinoamericano - 11 de Marzo 2011 (ISSN 1741-7317)

La Presidenta Dilma Rousseff, una ex prisionera polí­tica, desea instalar una comisión de de verdad y justicia en Brasil, para investigar los crí­menes patrocinados por el estado durante el régimen militar del paí­s (1964-1985), pero esta semana, los militares de nuevo aparecieron para expresar fuertes cuestionamientos acerca de remover el pasado.

El ministro de defensa de Rousseff, Nelson Jobim, el ministro de justicia, José Eduardo Cardozo, y la ministra de derechos humanos, Marí­a do Rosário están buscando construir consenso para la aprobación de un proyecto de ley enviado al congreso en mayo de 2010 por el ex presidente Lula da Silva (2002-2010). Según ese proyecto de ley, el principal objetivo de la comisión de verdad y justicia serí­a “la promoción de la reconciliación nacional" y la “explicación detallada de los casos de torturas, muertes, desapariciones forzadas, el ocultamiento de los cuerpos, y sus autores, incluyendo aquellos [casos] que tuvieron lugar en el exterior". En ese entonces, habí­a fuertes rumores que el texto de la ley no fue bien recibido por los militares que, aparentemente, la veí­an como “vengativa".

El 9 de marzo, el ministerio de defensa emitió una declaración negando un informe en el diario O Globo, en el sentido que los militares estaban en contra de una comisión de la verdad. Un dí­a antes, el diario habí­a publicado una carta que decí­a que fue enviada en febrero por las fuerzas armadas al ministerio de defensa, alegando que la comisión “provocarí­a tensiones y seria desafección al someter los hechos del pasado a una nueva discusión". Decí­a en ella que “Brasil ya ha superado ese periodo de su historia"; expresando preocupación acerca de volver a “abrir una herida", y sugerí­a que los proponentes estaban buscando una “retaliación polí­tica".

La declaración del ministerio de defensa decí­a que el texto impreso por O Globo no habí­a sido enviado el mes pasado y era en efecto parte de un intercambio de fecha setiembre de 2010 entre el ministerio y los jefes de las tres fuerzas armadas, a las que se les habí­a pedido que expresen su posición sobre el proyecto de ley. La declaración señala que los militares luego habí­an corregido su posición, ante la “inequí­voca posición del ministerio de defensa en apoyo del proyecto de ley en la forma en que fue presentado al congreso". Finalizaba diciendo, “hay un perfecto entendimiento entre los ministerios de defensa, justicia y derechos humanos con referencia a la materia, con la cual las fuerzas armadas están absolutamente de acuerdo".

El Palacio Planalto dijo más tarde que habí­a pedido una explicación al ministerio de defensa. Rousseff se reunió con los jefes de las fuerzas en diciembre de 2010 y según se informó, pidió su “discreción" con relación a la comisión de la verdad, dejando en claro que esa era una condición para su permanencia en sus puestos. Los militares no han comentado sobre el artí­culo en O Globo. Notablemente, sin embargo, el ministro jefe del gabinete de seguridad institucional, el general del ejército José Elito Carvalho Siqueira, recibió una reprimenda de Rousseff en enero por decir al asumir su puesto que la desaparición de prisioneros polí­ticos “no era vergonzoso" para Brasil. El también habí­a insistido en que Brasil debí­a “tratar el 31 de marzo de 1964 como un hecho histórico" y en cambio mirar hacia adelante. El pidió disculpas y dijo que sus comentarios fueron mal expuestos.

Una larga campaña por la justicia
Luego de su derrota ante la corte suprema, los familiares de las ví­ctimas de Araguaia, bajo el 'Grupo Tortura Nunca Mais', llevaron su caso, que ha estado en curso por casi tres décadas (comenzando en 1982), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH). El gobierno brasileño admitió la responsabilidad por las muertes polí­ticas en Araguaia y autorizó las reparaciones para los miembros de las familias en 1995, pero bajo la ley de amnistí­a, los familiares no pueden llevar sus casos a juicio en Brasil. Brasil no ha sentenciado nunca a nadie por delitos cometidos durante la dictadura militar. Los activistas de derechos humanos desean que Brasil abra sus archivos militares para permitir que los casos contra los supuestos perpetradores puedan seguir adelante.

• La caja de Pandora

El 14 de diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) hizo responsable al Estado de Brasil por las desapariciones forzadas de 62 sospechosos de ser militantes de izquierda en la región amazónica de Araguaia a comienzos de los '70 y dijo que Brasil debí­a permitir los procesos por abusos cometidos durante el régimen militar. En mayo de 2010, la corte suprema sostuvo la Ley de Amnistí­a de 1979, que impide realizar juicios y castigos por delitos polí­ticos cometidos durante el gobierno de la junta militar. En Argentina y Uruguay, las leyes de amnistí­a fueron cuestionadas en las cortes (e invalidadas). La decisión de la CIADH podrí­a forzar una reevaluación de la ley brasileña. La ministra de derechos humanos, Marí­a do Rosário insiste en que el gobierno de Rousseff no tiene tales planes. “Eso no corresponde al ejecutivo proponer. Esa debe ser una cuestión para la sociedad," ella dijo en la ONU en Ginebra  esta semana.