Informe Latinoamericano - 11 de Marzo 2011 (ISSN 1741-7317)

Un escándalo de contrabando de drogas que implica a un alto asesor en seguridad y ex jefe de la fuerza contra-narcóticos de Bolivia (Felcn) está resultando un dolor de cabeza para el Presidente Evo Morales. Además de plantear incómodas preguntas con relación al alcance de los lazos entre los traficantes de drogas y funcionarios del gobierno, provee a EU, el más vehemente crí­tico de la polí­tica de Morales de “coca sí­, cocaí­na no", con más evidencia aparente de su fallida batalla contra las drogas. Esto se produce casi inmediatamente después de la reciente admisión por Morales que la banda Norte del Valle, de Colombia, estaba ahora presente en Bolivia [IL-11-08]. EU vincula ambos hechos a la expulsión por Morales de la Drug Enforcement Administration (DEA) de EU, en 2008.

El fruto de una operación internacional de la DEA, autoridades chilenas y panameñas, René Sanabria, un general de la policí­a y director de la unidad de inteligencia antinarcóticos del centro de inteligencia del ministerio del interior de Bolivia (Cigein), fue arrestado en Panamá el 24 de febrero con 60 kilos de cocaí­na. El ha sido enviado a EU, en lí­nea con una orden internacional de arresto emitida por una corte del Distrito Sur de Florida, por 'conspiración' e importar más de 5kg de cocaí­na en diciembre de 2010. Otros tres bolivianos, incluido un ex director regional del Felcn en Cochabamba, también enfrenta ordenes de arresto, mientras que un total de 15 oficiales de policí­a también han sido implicados.

La DEA, y autoridades chilenas y panameñas habí­an estado siguiendo los rastros de Sanabria desde agosto de 2010, luego de haberse detectado una remesa de 144kg de cocaí­na enviada desde Arica, en el norte de Chile, hacia Panamá, para su distribución desde ahí­ a EU. Sin embargo, Morales sostiene que “intereses de naturaleza geopolí­tica" estaban detrás del caso de Sanabria, y ha repetido que mientras él permanezca en el poder, no permitirá que la DEA vuelva al paí­s. Su principal ministro antidrogas, Felipe Cáceres, también ha sugerido que el arresto de Sanabria, que encabezó el Felcn en 2007-2009, cuando la DEA aún estaba activa en Bolivia, fue la venganza de la DEA por su expulsión de Bolivia.

La implicación de funcionarios de alto nivel en el comercio de las drogas difí­cilmente puede considerarse como un fenómeno nuevo en Bolivia. Este fue notablemente el caso en el llamado golpe de la cocaí­na de 1980, que llevó a Luis Garcí­a Meza al poder (1980-1981 y vio a su ministro del interior, Luis Arce Gómez, apodado el “ministro de la cocaí­na", condenado por tráfico de drogas en EU una década más tarde.

Sin embargo, hasta recientemente, Morales parecí­a haber trazado una lí­nea debajo de este capí­tulo, pasando dificultades para minimizar la presencia de bandas internacionales de drogas en el paí­s (admitiendo que ese era en realidad el caso recién en julio del año pasado [IL-10-32]) y, con ello, la sugerencia de corrupción institucional. Eso ha sido conducido desde hace tiempo por sus esfuerzos para atraer el apoyo para su polí­tica de “coca sí­, cocaí­na no", que distingue entre la hoja cruda de coca (un importante sí­mbolo de la cultura indí­gena) y el narcótico ilegal, la cocaí­na, y permite el cultivo de 12.000 hectáreas de coca para consumo tradicional, el lí­mite tolerado, que Morales lo ha elevado a 20.000 hectáreas.

Un signo de que Morales habí­a logrado esa ruptura con el pasado fue su decisión, en agosto de 2010 de desplegar a los militares para que asistan en los esfuerzos antidrogas; la historia de la participación de los militares en el comercio de la droga ha visto que la policí­a es más usada que el ejército para llevar adelante la tarea antinarcóticos. Incluso EU, en su más reciente Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR, siglas en inglés), difundido el 3 de marzo de 2011, señala que “no hay casos comprobados de altos funcionarios del gobierno alentando o facilitando la producción ilí­cita o la distribución de narcóticos [...] o el lavado del dinero recaudado en sus transacciones ilegales de drogas."

El escándalo que rodea el caso Sanabria, el funcionario de más alto nivel en ser acusado por cargos de drogas desde que Morales asumió el poder en 2006, no obstante fue seguido de otro signo reciente de corrupción institucional y, para mayor preocupación del gobierno, sugerencias de lazos con las bandas internacionales de drogas. Jesús Marí­a Osorio Tórrez, un colombiano sospechado de ser el ví­nculo en Bolivia para el cártel de Norte del Valle, ha estado conectado con un boliviano y ex funcionario del Felcn, René Navia, y las autoridades bolivianas están actualmente investigando los posibles ví­nculos entre Navia y Sanabria.

El último caso de alto perfil ha sido el de un ex capitán de la policí­a, Orlando Araujo Becerra, 'Menono', que está detenido en custodia preventiva por supuestos lazos con un tiroteo en mayo de 2010 en el cual tres bolivianos y un serbio murieron. De los últimos se dijo que todos eran guardaespaldas de William Rosales Suárez, el cabecilla local de una banda de drogas, que fue secuestrado por otro grupo de narcotraficantes colombianos que se presume que estaban operando desde Paraguay [IL-10-20].

• Ecuador

El Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR, siglas en inglés), cita a Ecuador como “un paí­s de mayor tránsito para la cocaí­na y la heroí­na", con “unas 220 toneladas de cocaí­na estimadas que pasan a través de Ecuador cada año [...] 60% destinada para EU y el resto para Europa." El informe dice, sin rodeos, que “Ecuador es vulnerable al crimen organizado debido a la históricamente débiles instituciones públicas y la corrupción. La Policí­a Nacional Ecuatoriana (PNE), las fuerzas militares, y la justicia, no tienen suficiente personal, equipamiento, o financiamientos, para hacer frente a todos los desafí­os de criminales internacionales que ellos enfrentan." Aún así­, el informe fue ampliamente elogioso acerca de los esfuerzos del gobierno del Presidente Rafael Correa en la lucha contra las drogas, especialmente la erradicación de cultivos de coca y amapola opiácea cuando son detectados.

Informes anuales sobre drogas

El más reciente informe de INCSR de EU contiene pocas sorpresas con relación a Bolivia, paí­s al que EU ha puesto en la lista negra desde setiembre de 2008 sobre la base que el gobierno de Morales “ha 'fracasado demostrablemente' en hacer suficientes esfuerzos para cumplir sus obligaciones bajo las convenciones contra-narcóticos (CN)". La inclusión inicial de Bolivia en la lista siguió a la expulsión del embajador de EU Philip Goldberg en medio de una riña diplomática no resuelta.
     Sin embargo, como crecientemente ha sido el caso, las cifras del INCSR difieren a las difundidas el dí­a previo por el International Narcotics Control Board (INCB), un cuerpo independiente de la ONU. Mientras EU halla que el área total bajo cultivo de coca en Bolivia se habí­a incrementado a 35.000 hectáreas en 2009, subiendo de 32.000ha en 2008, el INCB ubica el total del área cultivada en 30.900 hectáreas. De acuerdo con una red de información andina, con base en Cochabamba, esa discrepancia puede atribuirse al hecho que entre 2006 y 2008, EU utilizó cifras de la ONU, aunque, desde la expulsión de la DEA en 2008, ahora cita “estimaciones del gobierno de EU".
     Las discrepancias entre los dos informes también fueron discernibles con relación a Colombia y Perú, sugiriendo por último los lí­mites del monitoreo del cultivo y el comercio de la droga. El informe de EU halla que el cultivo neto de coca de Colombia se ha reducido en 3%, a 116.000ha en 2009, mientras que el INCB ubica esa declinación en 16%, a 68.000ha. Con relación a Perú, EU halla que el cultivo neto de coca descendió a 40.000ha en 2009, de 41.000ha en 2008, comparado con el incremento de 7% en 2009, a 59.000ha citado por el INCB. Sin embargo los dos parecen estar de acuerdo sobre una amplia tendencia en la región -que la producción potencial de cocaí­na está declinando en Colombia (que EU ubica en 270 toneladas en 2009, cayendo de 485t en 2007) y creciendo en Bolivia (195t en 2009, subiendo de 130t en 2007) y Perú (225/245t en 2009, subiendo de 210/235t en 2007).
     Un aspecto notable del informe INCB fue su decisión de remover a Colombia de su lista de paí­ses bajo observación  por severos problemas de tráfico de narcotráfico. Eso fue en reconocimiento del hecho que las “instituciones han sido fortalecidas [y] el sistema de justicia investido de más poderes". El INCB señala que el cultivo de coca de Colombia ha decrecido en 58% en la última década, mientras el de Perú se elevó 55% durante el mismo periodo. No obstante, Colombia permanece como el principal paí­s productor en el mundo, con unas 400 toneladas estimadas para 2010. Las principales preocupaciones del INCB para las regiones son: la consolidación de las organizaciones narcotraficantes en la región  del Cono Sur; un incremento en el cultivo de la amapola opiácea en México; y la expansión de las bandas de drogas en Centroamérica.