Informe Latinoamericano - 11 de Marzo 2011 (ISSN 1741-7317)

El Presidente Hugo Chávez , ha estado ocupando los titulares en su paí­s y en el exterior por su distintiva respuesta al actual levantamiento en Libia. La oposición venezolana ha sido ferozmente crí­tica por su fracaso en condenar al Coronel Muammar Gaddafi por disparar sobre su propio pueblo. El enfoque sobre las discrepancias en polí­tica exterior, sin embargo, ha desviado la atención de la potencialmente significativa cooperación entre su administración y la oposición sobre cuestiones de seguridad interna.

La inseguridad es probable que sea la cuestión central cuando Chávez busque la reelección en diciembre de 2012. Ningún gobierno democrático en Venezuela ha sido capaz de hacer ningún tangible mejoramiento en la inseguridad desde la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) -y la administración Chávez no es diferente.

El Vicepresidente Elí­as Jaua admitió indirectamente tanto como lo que afirmó durante su discurso inaugural en una sesión extraordinaria del 'consejo federal de gobierno' el 26 de febrero que “La inseguridad es un problema importante, serio, para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo." El crimen organizado no distingue de colores, ideologí­as o partidos. Esas diferencias han impedido que el gobierno y la oposición cooperen para confrontar el crimen organizado pero eso podrí­a cambiar. Chávez , que habí­a intentado asistir a la reunión personalmente pero fue por lo demás detenido, tuiteó que “este es un ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar juntos [...] por nuestro pueblo."

Miembros de la oposición fueron invitados y asistieron a la reunión del consejo federal pese a las reservas acerca del cuerpo que fue creado el año pasado, aparentemente para desarrollar las regiones y fortalecer la participación popular. El consejo federal está compuesto de alcaldes electos y gobernadores de estado como también ministros y representantes de consejos comunales: la oposición, que no está representada en el comité de dirección, alega que eso diluye el poder de los funcionarios electos. Sin embargo, hubo un amplio acuerdo en la reunión, sobre la necesidad de purgar la fuerza policial; incrementar el intercambio de información; mejorar las condiciones de las prisiones, y reducir el desempleo a fin de combatir la inseguridad.

Hay sospechas entre la oposición acerca de las intenciones del gobierno, con algunos convencidos que solamente desea utilizar a la oposición para tratar de mejorar la situación de seguridad y luego repartir la culpa, si es que falla, antes de las elecciones de 2012. Pero la cooperación siguió el ejemplo de Pablo Pérez, el gobernador del estado de Zulia, el principal estado opositor, que logró concretar una alianza de seguridad interna con el gobierno el mes pasado [IL-11-05].

Una de las principales fuentes de potencial conflicto entre el gobierno y la oposición sobre la seguridad, rodea la esporádica violencia de las milicias de izquierda. Chávez rindió homenaje a quizá la más famosa lí­der de uno de esos grupos, Lina Ron, el fin de semana: Ron que adquirió prominencia  después de protestar frente a la embajada de EU en 2002, durante el golpe de corta vida, falleció de un ataque al corazón a los 51 años. Hablando en su funeral en un parque central de Caracas, Chávez dijo que mientras él la reprendí­a a ella por “carecer de disciplina revolucionaria" en una ocasión, ella le recordó a él del “Cristo crucificado" por su amor hacia los más humildes y desprotegidos. El dijo que ella era parte “del ejército de Manuela [Sáenz], la liberadora del Libertador [Simón Bolí­var*, el libertador del pueblo".

La oposición recordará a Ron de manera bastante diferente. Describiéndose a sí­ mismo como “la parte fea de la revolución", Ron encabezó la radical Unión Popular Venezolana (UPV), y condujo un grupo que irrumpió y ocupó temporalmente las oficinas del representante del Vaticano en Caracas en 2008. Ella también recibió una sentencia de prisión de tres meses (simbólica) luego de dirigir un ataque sobre el edificio del medio Globovisión el 3 de agosto de 2009, ingresando en el edificio y amenazando a los empleados con armas de fuego antes de arrojar latas de gas lacrimógeno.

• Sentencia en suspenso

Rubén González, el secretario general del sindicato de mineros, Ferrominerí­a, fue sentenciado a siete años y medio en prisión a fines de febrero por lanzar una huelga de 16 dí­as en 2009, en apoyo de negociaciones colectivas que paralizó temporalmente  la compañí­a minera de hierro del estado, ferrominera Orinoco. Dí­as más tarde, la sentencia fue suspendida y él fue dejado en libertad con la condición que se presente ante las autoridades judiciales cada 15 dí­as. El habí­a sido sentenciado bajo cargos que incluí­an asamblea ilegal, incitación a cometer delitos y violación de una zona de seguridad del gobierno. Los grupos locales de derechos humanos acusaron al gobierno de estar atemorizado de un movimiento laboral que no comparte su agenda, y de castigar protestas legales.