Informe Latinoamericano - 11 de Marzo 2011 (ISSN 1741-7317)
La CIJ desactiva las tensiones Nicaragua-Costa Rica por ahora
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya lo hizo de nuevo. Tal como su dictamen de 2009 sobre el Río San Juan, que divide Nicaragua y Costa Rica, fue aceptable para ambas partes, poniendo fin a una batalla legal de cuatro años, su dictamen provisional en relación a una disputa sobre un controversial proyecto del Presidente Daniel Ortega de Nicaragua, para dragar el San Juan, está siendo recibido como una “victoria", tanto por Ortega como por la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Aunque la orden de la corte es una medida provisional, con la soberanía del área disputada aún bajo consideración, por ahora al menos, parece haber desactivado una significativa fuente de tensión bilateral.
Costa Rica inició los procedimientos contra Nicaragua en noviembre de 2010 [IL-10-50], acusando al gobierno de Ortega de enviar tropas para acompañar a los trabajadores del dragado, afirmando que estaban ilegalmente en la Isla Portillos perteneciente a Costa Rica; construyendo un canal (caño) a lo largo del territorio costarricense, desde el Río San Juan hasta la Laguna de los Portillos de Nicaragua; afectando el flujo del Río Colorado de Costa Rica (un tributario del San Juan) y causando daño medioambiental a su territorio, específicamente, violando la Convención Ramsar [intergubernamental] sobre Humedales. Nicaragua respondió pidiendo una revisión de la frontera que permita su soberanía sobre la parte norte de la Isla Portillos, un área de 3km2 de humedales, estratégica para su proyecto de dragado. Y exigió también derechos de navegación sobre el Río Colorado, sobre la base que la operación previa de dragado por los costarricenses había desviado 90% del flujo del río desde el San Juan, volviéndolo innavegable [IL-10-50].
La decisión del 8 de marzo fue aplaudida por ambas partes. Chinchilla puede señalar que la corte ordena a ambas partes que retiren a militares y policías del área en disputa, como una victoria para Costa Rica. La decisión de la CIJ también autoriza a Costa Rica, en ciertas circunstancias, a despachar personal civil al área, encargados de la protección del medioambiente. A su vez Nicaragua, que la CIJ señala ha expresado que los “trabajos en el área del caño han llegado a su fin", saludó el hecho que la CIJ no ordenó el cese completo del proyecto de dragado, a menos que sea probado que eso puede resultar en un posible daño al medioambiente. El dictamen fue claro en que “en esta etapa" no podría concluir que el proyecto de dragado está creando un riesgo de “perjuicio irreparable al medioambiente de Costa Rica o al flujo del Río Colorado".