Informe Especial - Febrero de 2007

De acuerdo con el programa establecido, el electorado boliviano debe votar el 6 de agosto, en un referéndum sobre la nueva constitución que emerja de las tareas de la asamblea constituyente. Ahora es altamente probable que la fecha lí­mite de la asamblea sea extendida, y aún debe decidirse cómo aplicar el acuerdo entre todos los partidos, bajo el cual cualquiera de las enmiendas propuestas que no logren la aprobación de dos tercios debe ser sometida al referéndum.

La asamblea recién inició sus tareas sobre la nueva constitución el 26 de febrero, seis meses y 23 dí­as después de ser instalada. El retraso se debió casi por entero al intento del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de cambiar las reglas de la asamblea para que se permita aprobar las enmiendas por simple mayorí­a y no por los dos tercios estipulados legalmente. Esa estipulación, normal para la legislación de importancia constitucional en toda América Latina, tiene el sentido de asegurar que la carta básica disfrute de amplio consenso.

El MAS atrajo 50,7% de los votos para miembros de la asamblea, que se tradujo en 137 de las 255 bancas. Junto con partidos aliados, logró elevar su fuerza a 152 bancas -aún con 18 bancas menos para los dos tercios. La oposición rehusó abandonar esa exigencia que sea respetado el umbral de dos tercios, incluso cuando el campo pro-gobierno intentó intimidarla a través de movilizaciones de masas. No fue sino hasta el 14 de febrero que se alcanzó un compromiso. Consistió en un tratamiento de dos ví­as para las enmiendas. Las que logran los dos tercios irí­an directamente a la comisión encargada de reconciliar el texto final. Los que sólo logran mayorí­a simple, sin llegar a los dos tercios, serí­an sometidas al electorado en un referéndum.

Los mecanismos de ese referéndum no fueron explicados en detalle. No se has establecido si el "segundo escalón" de enmiendas serí­a sometido al voto popular antes del referéndum programado para aprobar el paquete completo de reformas, o si el electorado podrá elegir cuáles de las enmiendas del "segundo escalón" acepta y cuáles rechaza. En todo caso, los partidos principales han acordado privadamente que el tiempo disponible para tratar las enmiendas propuestas (aún no sometidas formalmente) no será suficiente. Se ha dicho que se llegó a un consenso sobre una extensión de unos pocos meses, lo que podrí­a significar llevar la aprobación final por un referéndum en 2008.

El gobierno y la oposición lograron ponerse de acuerdo sobre la composición de los 21 comités en los que se tratarán los varios capí­tulos de la constitución. Sin embargo, aún no se alcanzó un acuerdo explí­cito sobre una cuestión clave: la autonomí­a departamental exigida por los departamentos de la Media Luna, y aprobada en un referéndum por sus electorados, pero rechazada por el gobierno y sus seguidores.

Por qué cedió Morales

Que el gobierno ha cedido respecto al requerimiento de los dos tercios es atribuible en gran medida a que es conciente que su estrategia de confiar en las movilizaciones de masas para intimidar a la oposición no sólo fracasó en lograr su objetivo, sino que, en realidad, creaba el riesgo que el gobierno pueda ser sobrepasado por sus más radicales seguidores, y que eso puede coincidir con la extrema izquierda que ha decidido retratar las reformas de Morales como "muy suaves sobre la oligarquí­a" y los intereses de las empresas extranjeras.

Cuando se convocó a movilizaciones contra el campo pro-autonomí­a, Morales se encontró teniendo que revertir un golpe departamental montado por sus propios seguidores para destituir al gobernador pro-autonomí­a de Cochabamba. Sólo la emergencia creada por las inundaciones desatadas por El Niño evitó una situación similar en La Paz.

En Camiri, en el departamento petrolero de Tarija, en el sur, tuvo que enviar tropas para frenar las acciones de protesta de organizaciones cí­vicas locales exigiendo "una verdadera nacionalización" del sector hidrocarburos (antes de acceder a algunas de sus otras demandas). Casi al mismo tiempo, fue forzado a hacer concesiones a Fencomin, la federación de cooperativas mineras que fue una importante fuente de apoyo en la campaña de Morales, luego de paralizar La Paz en una protesta contra los incrementados impuestos a la minerí­a.

Llegando a las clases medias

Que esos eventos han forzado al gobierno de Morales a reevaluar su posición, lo dejó en claro el Vicepresidente Alvaro Garcí­a Linera a fines de febrero. Admitió que el gobierno, a través de algunos de sus ministerios, habí­a estado "enviando mensajes que quizá eran equí­vocos, que actuaron en detrimento de nuestras relaciones con ciertos sectores de la clase media" de la sociedad. Dijo que el gobierno, de ahora en adelante "suspenderí­a esa innecesaria retórica, debido, en particular, a que no refleja lo que estamos haciendo en la práctica" y enfatizarí­a "una y mil veces [que Morales] respeta la religión y un sana actividad empresarial, y garantizará la actividad privada en educación y servicios de salud." Este cambio, él sugirió, tendrí­a por resultado detener "la erosión de la credibilidad [del gobierno] entre los sectores medios."

Garcí­a Linera también ofreció un interpretación conciliadora de la disputa sobre el tema de los dos ciertos en la asamblea constituyente. "Nuestro temor," dijo, "era que las fuerzas que no deseaban la asamblea y deseaban que fracase podrí­a prevalecer. Ese aún es nuestro temor. Por su parte, la oposición democrática temí­a que el MAS pondrí­a bajo sus pies la asamblea y no tuvo en cuenta a las minorí­as. Ambos eran temores legí­timos." Oblicuamente, el vicepresidente insinuó que no fue una tarea fácil hacer que el partido de gobierno se ajuste a la lí­nea del gobierno. Describió al MAS como una "confederación de movimientos sociales" que carece de una estructura monolí­tica o vertical.

Controversial anteproyecto del MAS

El gobernante MAS aún debe producir el borrador formal de enmiendas a la constitución existente, a mediados de 2006 antes de la elección de representantes para la asamblea constituyente, esbozó sus principales propuestas en un documento titulado Refundar Bolivia. Ese documento comienza redefiniendo la historia de Bolivia como la de "la resistencia indí­gena-popular contra la discriminación y la pobreza" y afirmando que los pueblos indí­genas tienen el derecho a la "autodeterminación y territorialidad"; el reconocimiento de sus sistemas polí­ticos y de selección de autoridades; la administración de sus recursos colectivos, de acuerdo con sus propias tradiciones y costumbres; la práctica de sus medicinas tradicionales; y el ejercicio de "diferenciados derechos polí­ticos y ciudadaní­a, de acuerdo con sus usos y costumbres".

Otras propuestas clave:

• Bolivia será una "democracia plural, participativa, comunitaria y representativa, basada en la diversidad del pueblo, por la eliminación de todas las formas de colonialismo, segregación y discriminación". Promoverá "los mecanismos de democracia consensuada practicada en las comunidades [indí­genas]".
• El Quechua y Aymara se unirán al Español como lenguas oficiales. La bandera multicolor del movimiento indí­gena, conocida como wiphala (o huipala), tendrá el mismo reconocimiento como la actual bandera roja, amarilla y verde.
  
• Las ramas del gobierno -ejecutiva, legislativa y judicial- serán seleccionadas "a través del sufragio universal y a través de sistemas comunitarios tradicionales de toma de decisión y formas de elección."
• Los jueces y magistrados "serán electos por el voto universal y directo" pero "las estructuras jurí­dicas nacionales incorporarán las formas de administrar justicia de los pueblos indí­genas [...] Las decisiones impuestas por la autoridad [indí­gena] será efectiva y válida ante las cortes ordinarias, la policí­a y todas las otras instancias del estado."
• Económicamente, Bolivia es definida como "una economí­a social comunitaria con propiedad privada"; los recursos naturales son "propiedad social" cuya administración bajo un régimen de desarrollo sustentable se delega al estado, y todos los recursos naturales y energéticos están "bajo el inalienable e inextinguible dominio del estado".