Informe Latinoamericano - 15 Julio 2011 (ISSN 1741-7317)

El Presidente José Mujica destituyó esta semana a su ministra de desarrollo social, Ana Vignoli, en medio de serias tensiones internas dentro de la gobernante coalición Frente Amplio (FA), enfrentando a radicales contra moderados. Vignoli proviene del Partido Comunista Uruguayo (PCU), que está elevando sus ataques sobre la política económica del gobierno. El PCU domina la principal organización sindical del país, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que está amenazando con montar una huelga más tarde en este mes, sobre la aprobación del gobierno de una ley “neoliberal” clave, de participación pública-privada, para ayudar a realizar una revisión exhaustiva de la decadente infraestructura.

La destitución de Vignoli fue el primer cambio en el gabinete desde que Mujica asumió el poder en marzo de 2010. Ocurrió poco después que la oposición y partes del FA, habían denunciado el manejo que hizo su ministerio con relación a las bajas temperaturas en Uruguay, que costó la vida de seis personas sin techo. Mujica dijo que él no esperaba que su gabinete de ministros sea perfecto, pero sí esperaba que pongan el alma en la tarea. Daniel Olesker, el ministro de salud y miembro del Partido Socialista (PS), reemplaza a Vignoli. Mujica dijo que Olesker era “más económicamente orientado” que Vignoli (lo que implica claramente que es “de mentalidad menos política”) para ayudar a resolver los problemas sociales del país. Dijo que el monto del gasto social que el gobierno intenta hacer significa que se necesita a un economista al timón para elevar la eficiencia.

Mujica preservó el delicado equilibrio en la representación partidaria en su gabinete: el segundo de Olesker, Jorge Venegas (PCU), asumió la cartera de salud vacante. Pero, despojar al PCU del ministerio de desarrollo social debe haber provocado escozor en el partido y parece más bien un llamado al orden lanzado por Mujica. El PCU siente que es el dueño del ministerio debido a su inquebrantable compromiso para mejorar la distribución del ingreso a través de políticas sociales focalizadas.

Mujica lo ha negado, pero es difícil disociar el despido de Vignoli de la abierta oposición del PCU a la ley insignia del gobierno, la ley de participación pública-privada. El congreso aprobó unánimemente la ley esta semana, pero un diputado del PCU se retiró desafiando a la dirección del FA, y dejando a su suplente, un miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP) de Mujica, para que deposite su voto en su lugar. El PCU comparte las sospechas del PIT-CNT en el sentido que la ley conducirá a la privatización, por la puerta trasera, de compañías del sector público. Hay una lucha de poder entre el PCU y el MPP, que han estado celebrando reuniones de crisis para producir formas de respaldar a la administración Mujica.

La reprimenda de Mujica al PCU es un claro gesto hacia su Vicepresidente Danilo Astori, el arquitecto de la política económica de Uruguay, cuyo sucesor escogido en el ministerio de economía, Fernando Lorenzo, ha estado recibiendo críticas del PCU. No está claro si Mujica obtuvo un quid pro quo de Astori para apoyar su impuesto adicional a los grandes propietarios de tierras (a la que Astori se opuso públicamente) lo que podría tratarse de una concesión para el PCU [IL-11-22].

• Participación Pública-Privada

La ley de participación público-privada (PPP) permitirá al estado atraer capital para proyectos de infraestructura, como la construcción de rutas, puentes, instalaciones de prisión y escuelas. El PCU alega que la coalición de izquierda Frente Amplio siempre ha mantenido que su “sector estratégico” debería ser conducido por el estado, y que el FA está traicionando sus raíces. Sospecha que el PPP es un escalón que forma parte del plan de privatización total de las compañías públicas. El Presidente Mujica ha sostenido desde hace tiempo que uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo sostenido en Uruguay es la deficiente infraestructura.