Informe Latinoamericano - 29 Agosto 2011 (ISSN 1741-7317)

El Presidente José Mujica logró un notable triunfo esta semana. El gobierno envió un proyecto de ley al congreso el 22 de agosto para crear un impuesto a los propietarios de más de 2.000 hectáreas de tierra. Todo el gabinete aprobó el proyecto de ley, que había sido causa de un desacuerdo público entre Mujica y su Vicepresidente, Danilo Astori, que alegó, junto con otros tres ministros clave, que el proyecto cambiaba las reglas del juego y se corría el riesgo de disuadir la inversión. Sin embargo, la prueba mayor para Mujica, no ha llegado aún. Habiendo unido a su gobierno detrás del proyecto de ley, Mujica ahora necesita asegurar la unidad de su partido, la izquierdista coalición Frente Amplio (FA), en el congreso. Aún subsisten amargas recriminaciones dentro de la coalición  sobre el fracaso de mantenerse unidos para revocar la ley de amnistía del país en mayo último.

El impuesto a la tierra resultaría en unos US$8 de impuesto adicional por hectárea sobre los propietarios de tierras con entre 2.000 y 5.000 hectáreas de tierra; US$12 por hectárea para aquellos que poseen entre 5.000ha y 10.000ha; y US$16 por hectárea sobre aquellos con más de 10.000ha. El gobierno afirma que el impuesto afectará a menos de 1.500 de los 50.000 productores en el país que poseen un tercio de las 17m de hectáreas de tierras productivas en Uruguay. El gobierno dice que recibirá US$60m para los cofres del estado, que serán usados para poner a punto la decadente infraestructura del transporte, y mejorar el acceso en las provincias. También apunta a reunir unos US$20m más a través de la modificación de un impuesto existente sobre la compra y la venta de propiedades rurales.

Mujica propuso por primera vez el impuesto a la tierra en mayo, después de la humillante derrota del gobierno sobre el proyecto de ley para revocar la ley de amnistía, Ley de Caducidad, para ex miembros de las fuerzas armadas acusados de abusos contra los derechos humanos durante la dictadura. El ministro de agricultura y ganadería, Tabaré Aguerre, y el ministro de economía, Fernando Lorenzo, han acusado a Mujica por no haberles consultado. Astori, que argumentó fuertemente que no valía la pena sacudir el bote por unos irrisorios US$60m, y el ministro de transporte, Enrique Pintado, que también se opuso abiertamente al proyecto de ley. Pero Mujica obtuvo lo que quiso. Desde el comienzo él había insistido que no retrocedería si su autoridad y credibilidad estaban en juego. El se reunió con Astori en numerosas ocasiones, pero al final Astori aceptó su oferta que los legisladores podían debatir libremente el proyecto en el congreso y no ser forzados a seguir la línea del partido, que se había opuesto a revocar la ley de amnistía.

Lorenzo aceptó el proyecto y prometió defenderlo en el congreso si fuese necesario; Aguerre fue el más duro de reconciliar, diciendo que él hubiese preferido “una senda diferente” pero que no se ocultaría detrás de la firma de su viceministro”. En el congreso, el Movimiento de Participación Popular (MPP) de Mujica y el Partido Comunista Uruguayo (PCU), que habían estado en el centro de la más seria disputa interna este año, apoyaron por completo el proyecto y deseaban acelerar su aprobación en el congreso, pero el Frente Líber Seregni (un bloque que incluye a la moderada Asamblea Uruguay de Astori, como también a Nuevo Espacio y Alianza Progresista) deseaban discutirlo en detalle y hacer revisiones. La coalición necesitará mantenerse completamente unida para que el proyecto de impuesto seas aprobado por ambas cámaras del congreso, pues los opositores del Partido Colorado y el Partido Nacional (Blancos) lo rechazan.

El presidente de la Asociación Rural, Miguel Sanguinetti, como era predecible, denunció el impuesto como “el peor error de la administración Mujica hasta la fecha”. El alega que los impuestos deben ser sobre la producción y las ganancias, con impuestos no fijos sobre la tierra. Dijo que aquellos que invierten en agricultura ahora lo pensarán dos veces. El llamado “impuesto sobre la concentración de inmuebles rurales” (ICIR), sin embargo, obtuvo apoyo de algunos productores agrícolas uruguayos, que desean la ley, como en los vecinos Argentina y Brasil, restringiendo la extensión de tierra que los extranjeros pueden adquirir.

• ¿Problema legal?
  

La revista semanal de actualidad Búsqueda, alegó la semana pasada que el impuesto propuesto podría terminar en casos legales de millones de dólares contra el estado por el consorcio Montes del Plata, compuesto por la compañía finlandesa Stora-Enso y Arauco, de Chile, por incumplimiento de contrato. Montes del Plata posee más de 230.000 hectáreas de tierra en Punta Pereyra, Colonia, que estarían sujetas al impuesto. Está construyendo una planta de pulpa en Uruguay cerca de la boca del estuario del Río de la Plata, a 200km corriente abajo de la planta de Fray Bentos construida por la compañía finlandesa Botnia en 2007. Cuando esté en operaciones en 2013, convertirá a Uruguay en uno de los productores líderes de celulosa del mundo.