Informe Latinoamericano - 01 Septiembre 2011 (ISSN 1741-7317)

ARGENTINA | Salario mínimo e inflación. El gobierno ha elevado el salario mínimo en 25%, a Arg$2.300 (US$518) por mes. La escala del incremento es una confirmación más que la inflación, pese a las persistentes negativas del gobierno, está a ese mismo nivel, y no en el de las manipuladas cifras oficiales (de sólo 5,5% para los primeros siete meses del año) difundidas por el instituto nacional de estadísticas (Indec). La Presidenta Cristina Fernández afirmó que el incremento premia a los trabajadores argentinos con mayor poder de compra (aunque los nuevos salarios sólo mantendrán el mismo ritmo que la inflación no-oficial), lo que es importante faltando menos de dos meses para las elecciones generales. Los sindicatos discuten acuerdos anuales sobre revisiones del salario mínimo con los empleadores. El hecho que ninguno de ellos usa la inflación oficial como referencia para las negociaciones fue subrayado por el hecho que los sindicatos presionan por un incremento de 41%, y los empresarios han comenzado con un gambito de apertura de 18%.

PARAGUAY | ¡Brasiguayos fuera! Miles de campesinos sin tierras marcharon en Asunción el 30 de agosto para exigir que el gobierno del Presidente Fernando Lugo compre o expropie unas 12.000 hectáreas de tierra en los distritos de Ñacunday, Santa Rosa y Santa Rita, en la región fronteriza de Alto Paraná. La tierra está dividida actualmente en largas plantaciones manejadas por productores locales de origen brasileño, o brasiguayos. Los campesinos alegan que los brasiguayos durante años han ‘adquirido’ títulos por unas 28.000 hectáreas de tierras del estado en la región. La mayoría de esa tierra ahora está cultivada con soja, la principal exportación de Paraguay. Una propuesta del gobierno de Lugo de comprar unas 22.000 hectáreas de tierra para su redistribución a los sin tierra permanece estancada, en medio de alegatos de irregularidades en el proceso. Los sin tierra también desean la remoción de jueces locales a los que ellos acusan de favorecer a los propietarios privados de tierra. La Liga Nacional de Carperos (LNC), que organizó la marcha, dijo que asistieron 10.000. La policía ubicó la asistencia en 6.000.