Informe Latinoamericano - 15 Septiembre 2011 (ISSN 1741-7317)

Es improbable que el Presidente Sebastián Piñera tenga un tranquilo ‘mes nacional’ (setiembre), pues los problemas, en el país y en el exterior, parecen acecharlo en cada esquina. La Presidenta Cristina Fernández, de Argentina, propinó el último golpe; miembros del gabinete chileno han confirmado que ella no asistirá a las celebraciones de la independencia el 18 de setiembre en Santiago. Aunque no fueron citadas las razones específicas de la cancelación, hay un extendido acuerdo en los medios locales de Argentina, como también en la administración chilena, que la decisión fue tomada para enviar un mensaje a Santiago: las relaciones con Buenos Aires sufrirán sustancialmente si el gobierno de Piñera otorgase asilo político a Otilio Romano, un juez (ahora suspendido) por la provincia de Mendoza, buscado en relación a violaciones contra los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). Una fuente no-nombrada del gobierno de Piñera ha sido citada por el diario de Argentina La Nación como diciendo que la decisión de Fernández era un “acto poco amistoso”.

Indudablemente, el caso tiene implicaciones para las relaciones bilaterales, como también para la política interna chilena. La derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, el socio mayor en la coalición gobernante de Piñera, desde hace tiempo ha presionado por la extradición de Sergio Galvarino Apablaza, un ex guerrillero, buscado en conexión con el asesinato en 1991 de un fundador de la UDI y ex senador, Jaime Guzmán. Apablaza ha recibido asilo político en Argentina [IL-10-40]. El caso de Romano da a Piñera la oportunidad de dar la otra mejilla, para enfatizar que Chile confía en el sistema judicial de Argentina, que ordenó la extradición de Apablaza, y le da a él una oportunidad para mostrar que su gobierno de Derecha no protegerá a sospechosos buscados por violaciones contra los derechos humanos. Otorgar el requerimiento de Romano destruiría las chances de Chile con relación a Apablaza.

Chile ha apelado contra la decisión política del comité nacional para refugiados (Conare) de Argentina, que hizo caso omiso de la decisión de la corte suprema ordenando la extradición de Apablaza. Ahora es el turno del Conare chileno para revisar el requerimiento de asilo de Romano. El Conare chileno está encabezado por el jefe nacional de inmigraciones y la policía internacional, el prefecto Raúl Sepúlveda, y conformado con dos representantes del ministerio del interior, dos representantes de la cancillería y un representante del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (Acnur) –este último tiene voz pero no voto. La decisión del Conare termina como una recomendación al viceministro del interior, Rodrigo Ubilla.

Argentina puede presentar un requerimiento formal de extradición sólo después que el consejo de magistrados de Mendoza remueva formalmente a Romano de la judicatura. Si eso llegase a pasar, se incrementaría la presión sobre el gobierno chileno pues, de acuerdo con el presidente de la corte suprema de justicia de Chile, Milton Juica, la corte chilena probablemente dictaminaría en favor de la extradición de Romano –Juica, sin embargo, insistió en declarar que esa opinión estaba basada en lo que los medios habían informado y no en un conocimiento en profundidad de las circunstancias específicas del caso.

• La UDI señala las contradicciones de Fernández

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Juan Antonio Coloma, señaló la semana pasada que si Argentina presenta un requerimiento para la extradición de Romano, ese sería una movida hipócrita. “Es una paradoja. La presidenta de Argentina está requiriendo exactamente lo que ella negó [a Chile] y eso lucirá como un acto desvergonzado”, dijo.

Compensación para víctimas
Esta semana, Alberto Breccia, secretario de la presidencia de Uruguay, dijo al diario local El País que el estado uruguayo pagará compensación (estimada en US$500.000) a Macarena y Juan Gelman por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. A comienzos de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) en un  dictamen que marcó un hito había ordenado a Uruguay pagar a Macarena Gelman US$180.000 en compensación [IL-11-21].
Separadamente, en Argentina, un juez federal pidió al ministro de justicia, Julio Alak, que clarifique si 68 personas que aparecen como ‘desapariciones forzadas’ en la llamada ‘lista de la Conadep’, agregadas en una actualización de 2006, fueron de hecho muertas durante ataques a bases militares durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón (1973-1974) y su viuda y sucesora, María Estela Martínez (1974-1976). Alak también tendrá que explicar si sus descendientes recibieron compensaciones y, si es así, por qué.