Informe Latinoamericano - 24 Noviembre 2011 (ISSN 1741-7317)

La Presidenta Cristina Fernández buscó disipar los temores acerca de la economía de Argentina con esas palabras. Fernández dijo a los argentinos que aunque la economía no estaba en su mejor forma estaba lejos de un colapso, un temor que ha sido alimentado por los recientes anuncios económicos del gobierno. En un evento diferente un día más tarde ella dijo que “Algunos entienden que la competitividad se alcanza reduciendo los salarios o pagando menos impuestos. Ahora tenemos que comenzar a hacer ajustes precisos y analizar la inflación, los subsidios y las ganancias”. Esta fue la primera vez en casi cuatro años en el poder que Fernández mencionó la inflación directamente y reconoció que es un problema que necesita ser abordado, una movida que recibió la bienvenida de los tradicionales (y recientemente adquiridos) partidarios y críticos por igual.

El anuncio de la semana pasada, que algunos hogares de altos ingresos y alrededor de 40 grandes compañías en el sector de los hidrocarburos y la industria agroquímica perderían los subsidios que reciben en  sus facturas de servicios ha recibido una gran bienvenida a lo largo del espectro político; muchos en la oposición alegan desde hace tiempo que el sistema generalizado de subsidios beneficia a los ricos mucho más de lo que bene3ficia a los pobres, que podrían no tener acceso a los servicios subsidiados o, si los tiene, consumen mucho menos energía que las familias de altos ingresos. La movida también señaló que el gobierno hablaba seriamente acerca de sus intenciones de presionar por ajustes fiscales [IL-11-44], incluso aunque ese término no forma parte del vocabulario kirchnerista.

Julio de Vido y Amado Boudou, los ministros de planeamiento y de economía, respectivamente, explicaron ante un auditorio lleno de funcionarios del gobierno que los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) serían los primeros afectados por la remoción de los subsidios, pues 53% de todos los subsidios a los servicios van a los residentes de la capital federal –y también debido a que el “PIB per cápita geográfico de la capital federal es de US$35.000 por año, mientras que en el resto del país es de US$9.000”, declaró Boudou.

Desde el 1 de enero de 2012, los residentes de los vecindarios de la Caba de Puerto Madero y Barrio Parque (que incluye los pudientes barrios de Palermo y Recoleta), además de los residentes de todos los llamados ‘country club’ (barrios cerrados), ya no serán elegibles para los subsidios de las facturas de servicios. Eventualmente, la situación financiera de todos los hogares en el país será evaluada y aquellos considerados capaces de pagar sus facturas sin subsidios tendrán que hacerlo así. Un sistema para aquellos que desean abandonar sus subsidios voluntariamente también será establecido esta semana (ver más abajo).

La palabra clave: inflación

Sin duda, la mención de la presidenta de la inflación por su nombre, en vez de usar la descripción preferida de “tensión de precios”, podría ser más efectiva en calmar las agitadas aguas que cualquier cambio de moneda o cambios subsidiados que la administración ha anunciado. Aunque Fernández no fue tan lejos como para decir que las cifras de la inflación oficial informada por el instituto nacional de estadísticas (Indec) eran incorrectas, al reconocer que ahí había un problema, ella también implicó que ella trataría de encontrar una solución. En sí mismo es un mensaje positivo y uno que podría ayudar al gobierno a abordar las arraigadas expectativas inflacionarias de alto nivel.

Fernández deberá jurar para asumir su segundo mandato el 10 de diciembre, y a diferencia de la mayoría líderes con dos mandatos consecutivos, su desempeño (y su rating de aprobación) podrían ser mejores durante su segundo mandato que en el primero. Se podría decir que el próximo mandato podría verse como la ‘real’ administración Fernández, desde que su fallecido esposo y predecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), se pensaba que era el que movía los hilos detrás de bambalinas de su primer gobierno, hasta su súbita muerte en octubre de 2010.

En la ‘real’ administración Fernández, que se aseguró un fuerte mandato recientemente [IL-11-43], la confederación general del trabajo (CGT), la más grande organización sindical, que es liderada por Hugo Moyano, el controversial jefe del sindicato de camioneros, tendrá que jugar bajo sus reglas y de nadie más (ver más abajo).

• La presidenta es primera en la línea

“Fernández, Cristina Elisabet” fue el primer consumidor que optó por renunciar online a los subsidios, seguida por “De Vido, Julio Miguel” y “Boudou, Amado” el 23 de noviembre. El resto del gabinete nacional, altos funcionarios ministeriales y los directores de compañías del estado rápidamente siguieron el ejemplo. Poco después, el opositor alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, se trepó al carro y declaró públicamente que él había ordenado a su gabinete que haga lo mismo. Debido a un fallo técnico en el sistema, el fallecido esposo de Fernández, fue temporalmente uno de los 4.545 usuarios que renunciaron voluntariamente a los subsidios en sus facturas de agua, gas y electricidad.

Renovada tensión con la Caba y la CGT

Las tensiones con Hugo Moyano parecen haberse elevado a propósito y apuntan a desplazarlo como secretario general de la CGT en la elección de julio de 2012. Esta semana, la Presidenta Fernández declaró que ella no apoyará un proyecto de ley propuesto por Moyano e introducido en el congreso por el diputado Héctor Recalde, del gobernante Frente para la Victoria (FPV), que pide que las compañías compartan sus ganancias con los trabajadores.

“¿Está acá el compañero secretario general de la CGT? ¿No está? ¿Se fue? Bien, en todo caso hemos visto su mensaje al ejecutivo en los diarios cada día,” dijo Fernández, haciendo el más severo comentario acerca de él ante la Unión de Industriales Argentinos (UIA), las mismas personas que tendrían que haber compartido las ganancias y que se oponen al proyecto de ley. Con la oposición política hecha jirones y el Partido Peronista bajo su control, Fernández ahora tiene el capital político necesario para hacer a un lado a Moyano, del que se podría decir que es la única figura aún capaz de desafiar al gobierno.

Aunque Fernández y el alcalde opositor de la Caba, Mauricio Macri, parecían haber aliviado las tensiones, luego de sus respectivas victorias de reelección, ellas volvieron y están en curso de colisión sobre la decisión del gobierno (anunciada el 2 de noviembre) de pasar el control del sistema de transporte subterráneo al gobierno local el 1 de diciembre.

El gobierno federal se ha comprometido a completar la modernización de las líneas A y E, pero dijo que no desembolsaría fondos (prometidos en 2005) para otras tareas de mejoras. Eso significa que Macri quedará con un cáliz envenenado, enfrentando la políticamente desagradable decisión de tener que elevar los precios del transporte en metro.

A manera de un compromiso, el gobierno federal ofreció entonces pagar la factura de 50% de los subsidios del metro por el primer año –que suma US$81,6m– pero la administración rechazó la propuesta el lunes. El ministro federal de transporte, Juan Pablo Schiavini, entonces dijo que él recurriría a la justicia a fin de obligar a la Caba a tomar control del sistema de transporte subterráneo.