Informe Latinoamericano - 24 Noviembre 2011 (ISSN 1741-7317)

El gobierno del Presidente Daniel Ortega está acusando a la Organización de Estados Americanos (OEA) de participar en una conspiración de EU para desestabilizar a Nicaragua. La acusación está calculada para desviar la atención de los crecientes reclamos sobre las irregularidades que rodearon las elecciones del 6 de noviembre, que vieron a Ortega ganar de manera aplastante y a su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asegurar una mayoría de dos tercios en el congreso, que las encuestas, y la historia reciente sugerían que era inalcanzable.

Denis Moncada, el embajador de Nicaragua ante la OEA, afirmó el 21 de noviembre durante una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA, que la misión de observadores de la OEA era parte de un gran plan orquestado por EU de “inaceptable interferencia”. William McGlynn, el vice-representante de EU ante la OEA, respondió que el único elemento desestabilizar en Nicaragua era el mismo gobierno.

La misión de observadores de la OEA había sido en realidad bastante circunspecta acerca de la transparencia de las elecciones –solamente afirmó que había sido impedida de ingresar en 20% de los sitios que trataron de visitar para monitorear la elección– pero Moncada acusó a la OEA de proveer “información falsa, y de carecer de objetividad, imparcialidad y transparencia”. Esos mismos cargos podrían fácilmente ser aplicados al Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, especialmente porque se había abstenido de difundir los resultados de cada sitio de votación de la Junta Receptora de Votos (JRV) que haría mucho más fácil la verificación independiente de observaciones limitadas. La agresión de la administración Ortega ante incluso esta tibia crítica podría hacer que la OEA adopte una posición más dura. La misión de observadores de la Unión Europea (UE) afirmó el 17 de noviembre que el CSE había actuado de una manera opaca y arbitraria y que las irregularidades que la misión había detectado constituyente un serio revés para la democracia.

Moncada citó los comentarios de un Coronel retirado, Víctor Boitano Coleman, quien (en resumen) afirmó que se le habían acercado funcionarios de la embajada de EU para ir a Washington y denunciar el fraude electoral. Boitano, en ex guerrillero Sandinista que estaba buscando ser electo como diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dijo que el “rostro visible” de esta campaña de desestabilización era el opositor Partido Liberal Independiente-Movimiento Renovador Sandinista (PLI-MRS). El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, implicó que Boitano estaba trastornado. “Este es un candidato a diputado que en los 24 meses pasados ha acusado a tres candidatos presidenciales de tratar de asesinarlo a él; de desear conspirar con él; o de asesinar a alguien”. Insulza podía haber agregado que a mediados de octubre, el presidente del propio partido de Boitano, Enrique Quiñónez, denunció que él había abogado para secuestrar a la hija de Ortega, Camila Ortega Murillo.

• Reacción empresarial

El presidente de la federación de empresas privadas (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que él pediría al Presidente Ortega que destituya a todos los jueces instalados en el consejo supremo electoral (CSE), incluido su presidente, Roberto Rivas, debido al desorden electoral. El mismo hecho que él cree que Ortega tiene el poder de hacer tal movida flagrantemente inconstitucional, solamente muestra cuán poca integridad institucional permanece en Nicaragua. Ciertamente, Ortega usó su control del CSE para desobedecer la constitución con el objetivo de buscar la reelección.