Informe Latinoamericano – 12 de enero de 2012 (ISSN 1741-7317) (IL-12-02)

El Presidente Sebastián Piñera estaba empezando a retomar la iniciativa. Su gobierno había logrado la aprobación de una significativa reforma política –convertir el voto en voluntario e introducir el registro automático de nuevos votantes– y el presidente estaba sosteniendo serias conversaciones con sus predecesores sobre posibles cambios al sistema político binominal, una de las reliquias de la era Pinochet (1974-1990). Y en esas circunstancias su gobierno anunció que la palabra “dictadura” sería reemplazada por “régimen militar” en los libros de texto en las escuelas para describir esa era. Esto puso al nuevo ministro de educación de Piñera, Harald Beyer, a la defensiva, y dio nuevo impulso a las protestas estudiantiles. Para complicar aún más las cosas, el gobierno también anunció una tibia agenda de reforma para 2012 y 2013, sugiriendo que las pláticas presidenciales de Piñera fueron más show que sustancia.

La distinción semántica entre “dictadura” y “régimen militar” podría no ser grande, pero la  apariencia es lo que cuenta –y el cambio en los libros de texto permitió a la Concertación afirmar que la administración Piñera estaba tratando de reescribir la historia y rehabilitar al General Augusto Pinochet.

Inicialmente parecía que el cambio podría constituir un gesto hacia la Unión Demócrata Independiente (UDI), el ultra-conservador socio principal en la coalición gobernante de Piñera, para tratar de ganar el apoyo para la reforma de uno de los más significativos vestigios del Pinochetismo –el sistema electoral binominal. La UDI se opone a tal reforma.

Piñera se reunió con el ex presidente Eduardo Frei el 5 de enero, en la última de las reuniones frente a frente con sus cuatro predecesores post-Pinochet y escuchó un ahora familiar estribillo: reforma del sistema binacional. Frei, quien perdió las últimas elecciones ante Piñera, advirtió que la paz social en Chile podría estar en riesgo sin “una visión de largo plazo”, que incluya la reforma política, fiscal y energética.

Sin embargo, si Piñera había estado adulando a la UDI, al parecer esto no ha dado resultado. Piñera celebró una reunión y cena con ministros y líderes de la coalición el 9 de enero después de la cual el vocero del gobierno, Andrés Chadwick, reveló que las prioridades entre ahora y marzo de 2014, cuando Piñera deje el poder, serían la reforma fiscal seguida de reformas a la educación, salud, trabajo, y seguridad pública.

Una reforma del sistema binominal, dijo Chadwick, solamente seguiría adelante si hubiese consenso entre los partidos políticos. Esto es verdad, pero Chadwick, un miembro de la UDI, sabrá mejor que muchos que es su propio partido es el menos probable en proveer ese consenso.

Inmediatamente, la oposición interpretó sus palabras como un signo que el gobierno no estaba preparado para ejercer presión sobre la UDI sobre la cuestión. El líder del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, dijo que la UDI es la que manda y que “Renovación Nacional (RN, el socio menor en la coalición gobernante) no existe y el presidente es un rehén de la UDI.” Ridiculizó la iniciativa de reforma fiscal como un complot para volver a los ricos aún más ricos. La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, coincidió. Ella dijo que Piñera claramente prefiere seguir cayendo en las encuestas y ha “optado por mantener feliz a la UDI”.

Irritado con las críticas acerca de su falta de compromiso para reformar el sistema binominal, Piñera insistió que “ninguna de las grandes coaliciones tiene la fuerza para hacer los cambios solos: ellos deben llegar a un consenso o no habrá cambio.” Sin embargo, la desilusión con su fracaso en confrontar a la UDI no estuvo confinada a la Concertación: el vicepresidente de RN, Manuel Ossandón, el alcalde de la municipalidad de Puente Alto, en Santiago, dijo: “al parecer no hemos aprendido nada del año de protestas [estudiantiles].” La RN también fue crítica de cualquier intento de ‘maquillar’ a la dictadura de Pinochet.

• Tensión Mapuche

Siete bomberos murieron el 5 de enero tratando de apagar los incendios en las regiones sureñas del Biobío y la Araucanía. El ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, insinuó durante una conferencia de prensa que el grupo radical Mapuche, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) podría estar detrás de los incendios. La CAM emitió una vehemente negativa, alegando que los Mapuche nunca incendiarían  sus tierras ancestrales. La oposición se unió a las comunidades Mapuche en acusar al gobierno de insinuaciones “racistas”. El ministro de desarrollo social, Joaquín Lavín, fue enviado apresuradamente a la Araucanía el 9 de enero para celebrar reuniones y aplacar a los Mapuche moderados.